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J.A.G.S., siglas por las que responde el acusado, se enfrenta a la pena de tres años de cárcel y a una multa de 137.629 euros por un delito continuado de fraude a la Seguridad Social, tal y como consta en el escrito de acusación formulado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
Además, también interesa la indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social «por las cuantías defraudadas, en la cantidad de 68.814 euros».
Según la acusación, J.A.G.S., «actuando con la finalidad de obtener un beneficio económico en perjuicio de la Administración de la Seguridad Social» y haciendo uso de dos empresas administradas por él, «elaboró contratos de trabajo simulados donde hacía figurar como empleadores a las distintas mercantiles y como trabajadores por cuenta de éstas a ciudadanos extranjeros»,los cuales no prestaban servicio alguno por cuenta de las mismas ni recibían salario de éstas.
Éstos, a cambio de una cuantía económica, «eran ficticiamente contratados para así regular su situación en España y poder ser dados de alta en el sistema de la Seguridad Social para obtener beneficios en forma de prestaciones». La Fiscalía acordó el sobreseimiento de las actuaciones respecto a un segundo investigado.
El juicio de este caso se celebrará este jueves, 26 de octubre, a las 11:00 horas en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
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