La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado una condena de 12 años de prisión para Rubén Miguel F.S.F., un entrenador que trabajaba en un club de voleibol de Gran Canaria, al considerarlo autor de un delito continuado de agresión sexual contra una de sus jugadoras, menor de edad en el momento de los hechos. El procedimiento será enjuiciado próximamente por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el acusado habría cometido los hechos entre los meses de enero y junio de 2022. Durante ese periodo, este técnico entrenaba a la víctima en uno de los equipos del club. El fiscal José Antonio Blanco sostiene que, aprovechando la relación de confianza derivada de su posición de entrenador, la joven acudió en diversas ocasiones al domicilio particular del procesado, que estaba situado en la capital grancanaria.
El Ministerio Público relata que, a partir de marzo de 2022, el acusado habría abusado sexualmente de la menor en varias ocasiones.
Como consecuencia de los hechos denunciados, la menor presentó trastornos traumáticos vinculados a la victimización sexual, si bien los informes periciales reflejan que en la actualidad estos síntomas han remitido, permaneciendo una secuela de ansiedad moderada.
Por su parte, la defensa del procesado interesa su absolución al entender que en ningún momento se produjeron los hechos como así interesa el fiscal y que todos los contactos que hubo entre denunciante y denunciado fueron expresamente consentidos.
Hay que destacar que este técnico que ejerció como asistente del primer equipo y en el juvenil, desde que se produjo la denuncia, fue apartado del club y se marchó hacia Portugal. Esta temporada regresó a España y ejerce en un club de la Liga Iberdrola.
La acusación califica los hechos como constitutivos de un delito continuado de agresión sexual y, junto a la pena de prisión, solicita la imposición de una serie de medidas accesorias. Estas son la inhabilitación absoluta durante la condena, libertad vigilada por nueve años tras el cumplimiento de la pena, inhabilitación especial durante 10 años para el ejercicio de funciones relacionadas con la patria potestad, tutela o guarda, y 15 años de inhabilitación para el ejercicio de profesiones u oficios que impliquen contacto regular y directo con menores. Además, pide que se le imponga al procesado la prohibición de aproximarse a la víctima o a su domicilio, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el fiscal interesa que el entrenador indemnice a la víctima con 15.000 euros en concepto de daños morales.
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