El caso de Los Picachos tiene 32 perjudicados en una estafa que asciende a más de 155.000 euros

Santiago Alexis Santana y su esposa Florencia González no solo se enfrentan a una pena de seis años de cárcel y multa por la presunta estafa e intrusismo que cometieron cuando estaban al frente del Centro de Rehabilitación Los Picachos. La cuantía supuestamente defraudada a las 32 familias perjudicadas, según el Ministerio Fiscal, asciende a un montante inicial de 155.362 euros, a los que había que sumar los gastos que 24 de ellas acreditaron al sufragarse el desplazamiento, alojamiento y manutención en la isla ya que venían desde la península para ser tratados por personas sin cualificación alguna y con técnicas que no tenían ningún tipo de efectividad.

La fiscal Micaela Martín Arenas detalla en su escrito de acusación que en el procedimiento hay 32 familias en calidad de perjudicadas que pagaron a los dos acusados alguna cantidad económica para optar a los tratamiento supuestamente novedosos que ofertaban a base de perfusiones con técnicas de PRP (plasma rico en plaquetas, un programa específico de rehabilitación y en la administración de factores estimulantes y hormonas del crecimiento. Todo ello a pacientes que, en su mayoría, eran menores de edad en sillas de ruedas o andadores y bastantes de ellos acudieron a Firgas incluso desde numerosos puntos de la península.

El montante total de lo abonado por los 32 afectados o sus familiares a esta supuesta trama de estafadores ascendió a 155.362 euros, de los que 24 de ellos, además, reclaman los gastos ocasionados por el desplazamiento a la isla, el alojamiento en la misma y la manutención que hicieron frente durante el tiempo en el que estuvieron tratándose en Los Picachos. Se da la circunstancia que, de todos ellos, hay cuatro perjudicados que han renunciado de forma expresa a la indemnización que les pudiera corresponder en el caso de que se dictase una sentencia condenatoria contra Santiago Alexis Santana y Florencia González.

En la mayoría de los casos, los acusados llevaron a cabo el mismo patrón de conducta, es decir, empezaron por pedir la suma de 3.100 euros a los interesados en recibir el presunto tratamiento innovador, para luego cobrarles 400 euros por la primera mensualidad ya bajo su tutela en Los Picachos. Pero se dieron casos de afectados que pagaron más dinero como una familia de Gran Canaria que les abonó 55.800 euros u otra de Tenerife que llegó a desembolsar 15.600 euros por un tratamiento que no les sirvió para nada.

Según el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas, los perjudicados, «fruto de su desesperación por ver caminar a sus allegados», acudieron desde numerosos puntos de la Península, dado que los acusados «les habían asegurado que con el tratamiento de la clínica sus hijos experimentarían una mejoría radical», pues el tratamiento personalizado que se dispensaba en la clínica de Firgas se encontraba en todo momento supervisado por los facultativos de la empresa americana Bioscitex, quienes además estaba previsto que se desplazarían hasta Gran Canaria para asistir personal a los pacientes.

Asimismo, ambos «apresuraban a los interesados para que firmaran un contrato de tratamiento médico», advirtiéndoles de que las plazas eran limitadas y que las 100 primeras iban a estar subvencionadas al 90% por el Servicio Canario de Salud -cosa totalmente incierta-, corriendo por tanto el riesgo de «quedarse sin plaza o tener que abonar íntegramente el importe del tratamiento de no firmar inmediatamente el contrato».

«Lejos de dispensarse el tratamiento vanguardista y puntero prometido por el investigado» expuso la autoridad en el auto que transformaba en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra la pareja en 2011, los usuarios «realizaban actividades de gimnasia, masajes, aquagym y otros similares, en muchos casos con la intervención de los propios padres de los pacientes debido a la escasez de personal especializado».