Imagen de archivo de un inmueble de vivienda vacacional de la ciudad. / ARCADIO SUÁREZ

La patronal capitalina reclama control sobre los edificios de vivienda vacacional

Ahelpa denuncia que en la ciudad hay unos 25 inmuebles que en la práctica son hoteles o complejos de apartamentos pero sin asumir normativa ni costes

Rebeca Díaz
REBECA DÍAZ Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación de Hoteles y Establecimientos Extrahoteleros de Las Palmas de Gran Canaria, Ahelpa, denuncia la «competencia desleal» que entiende que suponen los edificios que se dedican en su totalidad a la explotación como vivienda vacacional, pero que en la práctica son hoteles o complejos de apartamentos que no afrontan la normativa ni las exigencias económicas que se impone a los negocios alojativos tradicionales.

La secretaria y portavoz de la patronal capitalina, Rosy Mujica, explica que se trata de «edificios que se dedican en su totalidad al alojamiento turístico bajo la modalidad de viviendas vacacionales». Sin embargo, dice, « registran cada una de sus unidades como vivienda vacacional independiente», con lo que si bien en cuanto a funcionamiento son «lo que tradicionalmente ha sido un hotel o complejo de apartamentos», lo cierto es que «se ahorran toda la normativa y costes que esto supone, ya que están registrados como viviendas».

Mujica señala que «hemos detectado unos 25 edificios de este tipo en la capital grancanaria, de entre 12 y 100 plazas cada uno, añadiendo también hostales ilegales, algunos de ellos con literas de tres pisos».

Requisistos

Recuerda que «para registrar una vivienda vacacional solo es necesaria una cédula de habitabilidad, alta en el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas ) y una declaración responsable». Algo muy diferente de lo que se exige a los establecimientos como los que representa Ahelpa.

Así, apunta que «la normativa que debe cumplir un hotel o complejo de apartamentos, y que no cumple un edificio completo formado por viviendas vacacionales» incluye aspectos como «licencia hotelera, sistema contraincendios, plan de evacuación, control de legionela, servicio de prevención ajeno, formación de los trabajadores, Impuesto de Sociedades, IRPF y pago del IGIC del conjunto de ventajas del complejo».

Pero, además, señala Mujica, se requiere que «la recepción esté atendida 24 horas», pero «en muchos de estos edificios de vivienda vacacional, la recepción es una botonera en la que el turista introduce una clave para entrar».

Condiciones laborales

Asimismo, recuerda que se exigen «trabajadores bajo convenio de hostelería», lo que implica «tablas salariales y sus correspondientes actualizaciones, pagas extras, manutención, bolsa de vacaciones, nocturnidad y lavado de uniformes», así como «licencias de los trabajadores, vacaciones propias del personal de hostelería, seguro obligatorio de vida e incapacidad permanente».

A esto, indica, se sumarán «las próximas normativas que tendremos que cumplir en materia de sostenibilidad».

Mujica critica que no se acude a los edificios de vivienda vacacional para comprobar el cumplimiento de todos estos requisitos «porque están registrado como viviendas independientes».

Así las cosas, insiste en que «estos edificios generan una evidente competencia desleal para el hotel o complejo de apartamentos tradicional, así como precariedad laboral, con la consiguiente bajada en la recaudación de impuestos y menos seguridad y servicios para el turista».

También lamenta que «las denuncias que ponemos ante la Consejería de Turismo y las multas que puedan recibir, de cuya cuantía no se nos informa por no ser parte interesada, en la práctica no sirven de nada, porque estos inmuebles continúan abiertos».

«Han aprovechado resquicios legales en la normativa» y «la escasez de inspectores para hacer caja»

«La conclusión que sacamos es que priman bastante los intereses de empresarios -también hoteleros, promotoras y constructoras que han visto un filón en este fenómeno y han aprovechado resquicios legales en la normativa urbanística, turística y la escasez de inspectores para hacer caja en el sector alojativo con unas condiciones muy ventajosas. Tenemos la triste impresión de que las administraciones miran a otro lado o incluso fomentan esta práctica», apunta Rosy Mujica.

Dice que Ahelpa propone a la Consejería de Turismo, Agencia Tributaria Canaria, Ayuntamiento, Inspección de Trabajo y Cabildo que «luchen de manera decidida» para «acabar con esto, que comenzó como economía colaborativa» y «ha acabado como una clara competencia desleal». Pide «transparencia y publicidad» en «las acciones inspectoras».

«De lo contrario», plantea, «que pongan a disposición de los empresarios hoteleros y extrahoteleros tradicionales la facilidad necesaria para cambiarnos de bando y unirnos a esta modalidad de explotación 'low cost'».

Advierte que «acabaremos con el modelo turístico tradicional, reduciremos empleo, ahorraremos en seguridad y en servicios al turista y pagaremos menos impuestos. Saldrá perdiendo la economía de nuestra ciudad, saldrán perdiendo quienes nos visitan, pero tendremos el consuelo de estar jugando todos en una misma liga».