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El pleno del Parlamento de Canarias acordó este miércoles, por 56 votos a favor y 4 abstenciones, solicitar al Gobierno de Canarias que «proteja, preserve y vele la pervivencia de los elementos distintivos de las fiestas de interés turístico internacional». La intención de los diputados regionales es tratar de blindar la celebración de los dos carnavales capitalinos, el de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz de Tenerife, anclándolos a «los lugares tradicionales de celebración» mediante el impulso de «las normas adecuadas en materia de ruido y conservación del medio ambiente que incluyan, de manera específica, los parámetros que deben respetar las citadas fiestas».
Así consta en la proposición no de ley que impulsó este miércoles Coalición Canaria en un texto que fue enmendado por una propuesta de modificación de Nueva Canarias en el que incluía a los municipios afectados en estas labores de protección de las carnestolendas.
La defensa que se hace de la fiesta parte de la decisión judicial que obligó a desligar el carnaval de día de Las Palmas de Gran Canaria del barrio de Vegueta. En octubre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró firme la sentencia que había dictado en mayo por la que se prohibía la celebración de la fiesta en las calles del casco histórico de la capital grancanaria para proteger a los vecinos de unos niveles de ruido insoportables.
La proposición, que fue defendida por el diputado y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, trata de proteger el «patrimonio cultural e inmaterial», la riqueza y los puestos de trabajo que genera la fiesta y que pueden verse en peligro «si se vieran abocadas a cambiar su modo de celebración y decayeran en alguna de sus formas».
Entre esos riesgos sitúa el cambio de ubicación de las principales fiestas de las capitales canarias. «Se ha obligado a trasladar la celebración del carnaval de día de su ubicación en Vegueta, abocando al Ayuntamiento de Las Palma de Gran Canaria a tener que buscar lugares alternativos que no siempre están disponibles, ni son los propios para la celebración de una actividad cuyo enclave forma parte indisoluble de su esencia y que, además, requieren, de principio, de la intervención de otras administraciones para garantizar su celebración».
Aquí se citó la necesidad de contar con la autorización del Ministerio del Interior que tuvo el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria al trasladarse al Puerto de La Luz este año, si bien no se citó que esta mudanza se debió al retraso en la obra de la MetroGuagua en el parque de Santa Catalina.
Bermúdez defendió que «dado que el lugar en el que tradicionalmente se desarrollan estas fiestas es parte irrenunciable de su idiosincrasia, creemos fundamental que el Gobierno de Canarias adopte las medidas adecuadas para proteger y velar por la pervivencia y la preservación de estas celebraciones en las islas y, sobre todo, por sus elementos distintivos».
El texto rezuma temor a un posible efecto contagio que pudiera tener en la capital tinerfeña la lucha contra el ruido desatada en Las Palmas de Gran Canaria. «Preocupa, por tanto, que, invocando esta sentencia del TSJC, se pueda usar el ruido como excusa (un ruido que está limitado, igualmente, en tiempo, espacio e intensidad de decibelios) para, de manera interesada, intentar que la fiesta no se celebre ene l llamado cuadrilátero, su lugar natural, lo que supondría un perjuicio social, cultural y económico no solo para la capital, sino para la isla y para todo el archipiélago».
Según Efe, lo que Bermúdez pidió fue «una normativa clara y adaptada al medio ambiente urbano» que les dé a los alcaldes «seguridad jurídica» para que las fiestas se puedan desarrollar «de la mejor forma posible, sin perder su identidad».
Algo que, según recalcó la diputada de Vox Paula Jover, «es fundamental» porque existe el riesgo de «acabar en los tribunales». Efe informó de que la diputada recordó que en 2006 un grupo de vecinos demandó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por los ruidos y solicitó la suspensión cautelar de las fiestas, petición que fue finalmente denegada por los juzgados.
Vox presentó una enmienda de adición en la que añadió la necesidad de proteger los derechos de los residentes «a través del cumplimiento efectivo de la normativa sobre niveles de ruido, de la previsión de unos adecuados dispositivos de limpieza y de la implementación de las medidas de seguridad necesarias, así como a promover un clima de respeto y civismo durante estas celebraciones». Esta enmienda fue rechazada.
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