Borrar
Tres de las 25 mujeres interrogadas en la operación de la Guardia Civil. C7

Operación Rupejini: no hubo delitos de trata, blanqueo ni organización criminal

Tribunales ·

La autoridad judicial archiva la causa iniciada en marzo con respecto a esos delitos pero la continúa por favorecimiento e inducción a la prostitución de menores y lesiones

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 5 de febrero 2024

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La denominada Operación Rupejini, que acabó con la detención de 13 personas en octubre por la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales, organización criminal, favorecimiento de la prostitución de menores y lesiones, se ha desinflado después de que la autoridad judicial archivara los cargos por todos los delitos menos los dos últimos.

En este operativo que fue encabezado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, los agentes realizaron nueve entradas y registros en domicilios y clubes de alterne de la capital grancanaria, Vecindario, San Bartolomé de Tirajana y Lanzarote en lo que supuso un mazazo policial a las presuntas tramas de prostitución en las islas.

En síntesis, un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número uno de San Bartolomé de Tirajana sobresee la causa respecto a siete investigados y ordena que se prosiga contra C.J.C.Q., G.P.A.Q., L.A.G.L. y G.M.L.L. por favorecimiento de la prostitución de menores de edad, contra G.A.L.G. por inducción a la prostitución de una menor y contra B.I.D.D. por un presunto delito de lesiones agravadas cometidas sobre la mujer que dio inicio –con su denuncia en marzo– a esta Operación Rupejini.

«De forma voluntaria»

La resolución determina que, con respecto al delito de trata de seres humanos y tras el análisis de las declaraciones preconstituidas de las perjudicadas, a la autoridad judicial no le cabe concluir que existan «indicios suficientes de criminalidad para imputar a las personas que regentan las casas donde ejercían la prostitución».

Según el auto, quedó evidenciado que las mujeres halladas en los registros «ejercían la prostitución en dichos locales de alterne», pero de la misma forma, añade, «la prostitución no está tipificada penalmente en nuestro Código Penal como delito, sino que el delito tipificado es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual». De las declaraciones prestadas por las testigos protegidos, estas mujeres «realizaban la actividad de forma voluntaria en dichos establecimientos y no coaccionadas, ni bajo amenazas».

Añade que «algunas vinieron de sus países para ejercer la prostitución, a sabiendas de que iban a realizar dicha actividad y no engañadas con falsos trabajos», que otras «decidieron voluntariamente trabajar en dicha actividad al conocer a otras personas que les daban el contacto de quien las podía contratar o contactaban a través de páginas web como 'www.destacamos.com', obteniendo así plaza en alguna de las casas para ejercer la prostitución».

También detalla el auto que a estas mujeres «les explicaron las normas de funcionamiento de las casas antes de entrar a trabajar y las aceptaron», además de que «si no querían tener relaciones con algún cliente, no las forzaban a tenerlas», es decir, «podían rechazar clientes».

Uno de los pisos inspeccionados por la Guardia Civil en Lanzarote donde las mujeres eran prostituidas.
Uno de los pisos inspeccionados por la Guardia Civil en Lanzarote donde las mujeres eran prostituidas.

También los investigados les pagaban a las chicas «respecto a lo que trabajaban al 50% la mayoría de ellas y otras 60% o 40%, según lo que hubieran acordado», y no eran sancionadas «físicamente por incumplir las normas de los establecimientos», las cuales «les habían explicado al contratarlas y que aceptaron voluntariamente».

Una de ellas era que tenían que estar disponibles 24/7, si bien tenían «una hora para salir del establecimiento, pero siempre debían estar de regreso antes de las 18.00 horas». En algunos establecimientos investigados tenían «un día libre» y, si alguna de las chicas no se encontraba «satisfecha de estar allí», no les «retenían el pasaporte ni la documentación». Todas las que decidieron irse, según la autoridad judicial, «podían marcharse cuando quisieran».

Tampoco, según sus declaraciones, no las obligaban a salir del establecimiento acompañadas, sino que «podían salir solas e ir donde quisieran en su tiempo libre». «No las retenían en las casas contra su voluntad, que estaban allí porque querían ganar dinero», dijeron las testigos protegidos.

«Negocio de prostitución»

Respecto al delito de blanqueo de capitales, la magistrada Raquel Lora Peón sostiene que no «existen indicios suficientes de su comisión», pues las ganancias que manejaron los investigados no procedieron de una «explotación sexual», sino de un «negocio de prostitución ejercida voluntariamente por las mujeres liberadas», según manifestaron las mismas.

Por este motivo, no constan «dichas ganancias ilícitas» respecto a las ocho personas investigadas por este delito.

Imagen de la recogida de una testigo protegido.
Imagen de la recogida de una testigo protegido. C7

No «fueron obligadas»

Por último, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de San Bartolomé de Tirajana fue contundente al descartar la presunta comisión por parte de siete investigados de un delito de organización criminal.

Detalla la magistrada que, si bien es cierto que algunas de las chicas que trabajó en la conocida como Casa Alicia –en Arrecife– ejerció después la prostitución en el local Las chicas de Paula, de la capital grancanaria, y otras llegaron desde Madrid para trabajar en la referida casa lanzaroteña y luego se marcharon a otra de las que fueron registradas en Vecindario, en «ningún caso» señalaron que «fueran obligadas a trasladarse de un local a otro», sostiene la resolución.

Las mujeres «realizaban la actividad de forma voluntaria [...] y no coaccionadas, ni bajo amenazas», sostiene el auto

Según manifestaron algunas de estas mujeres en esta fase de instrucción, «ellas sabían que iban a estar 21 días y que, tras los mismos, se iban a otro local», sin que los investigadores pudieran acreditar la «existencia de una organización criminal formada por los responsables de las distintas casas o locales investigados».

No existen «indicios en la causa de la relación entre los encargados o propietarios de los mismos», añade, y tampoco han podido acreditar «la existencia de una organización» en la que cada miembro tenía «unos determinados roles en la misma, ni funciones ejercidas de forma coordinada por los integrantes de la presunta organización criminal investigada».

En este escenario, la magistrada instructora ordenó dejar si efecto de inmediato las medidas cautelares que acordó en su momento contra los investigados por los delitos sobreseídos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y organización criminal.

Los carteles encontrados en los pisos disponían las «normas» que debían cumplir las mujeres prostituidas. C7

Encontraron a una menor en una de las casas investigadas

La investigación de esta Operación Rupejini sigue adelante en otra de sus ramas supuestamente delictivas después de que la magistrada instructora encontrara indicios de la comisión de un delito de favorecimiento de la prostitución de menores. En concreto, la imputación se dirige contra el propietario del establecimiento Las Rosas Scort, de la capital grancanaria, y las encargadas del mismo. Todo ello después de que los agentes que llevaron a cabo el operativo hallaran «ejerciendo la prostitución» a una menor de edad. También se investiga a la pareja sentimental del padre de la menor, igualmente por un delito de inducción a la prostitución de una menor de edad.

Por último, también podría sentarse en el banquillo B.I.D.D. por las lesiones denunciadas por una de las perjudicadas, en virtud de las cuales se inició esta causa criminal el 25 de marzo de 2023. «Al existir indicios de la comisión de las mismas» por parte de este investigado y tras «haberse ratificado la víctima en la prueba preconstituida practicada en fase de instrucción», respecto a la presunta «paliza que le propinó el mismo junto con otras tres personas», la autoridad judicial determinó que siga siendo investigado por estos hechos.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios