Maltrato, coacción y una paliza que lo destapó todo: así vivían las 25 víctimas de explotación sexual liberadas en Canarias
Sucesos ·
Las mujeres rescatadas eran explotadas por una red en pisos de Gran Canaria y Lanzarote. Hubo nueve detenidos y uno de ellos fue a prisión
«Cuando los clientes las maltratan –a las prostitutas– durante los servicios sexuales, éstas son reprendidas –por su proxeneta– y no cobran aunque ellos acaben pagando». Este fue el relato de Sofía –nombre ficticio para salvaguardar su anonimato–, una de las 25 mujeres víctimas de explotación sexual que fueron liberadas tras desmantelar la Guardia Civil una red de trata de personas en varios pisos de Gran Canaria y Lanzarote, según consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso este periódico.
En esta operación –de nombre 'Rupejini' y tramitada por el Juzgado de Instrucción número uno de San Bartolomé de Tirajana– hubo nueve detenidos: uno ingresó a prisión y el resto se encuentra ya en libertad con cargos. También hubo entradas y registros en domicilios de la capital grancanaria, en Vecindario, en Maspalomas y en Lanzarote.
La investigación, desarrollada por agentes del equipo de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas, se extiende también a los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, hurtos y lesiones.
El informe policial de casi 500 páginas, además de ofrecer todos los detalles sobre la investigación, recoge los sobrecogedores testimonios de las víctimas, que describen las pésimas condiciones en las que vivían. María –nombre ficticio– una de las mujeres que fue prostituida en una de las viviendas registradas en Gran Canaria, contó que tanto ella como sus compañeras de plaza –nombre con el que se referían a los pisos en los que explotaban a las mujeres– eran sometidas a «todo tipo de vejaciones» por parte de los investigados, las cuales incluían «conductas de menosprecio y burlas». A esto se le sumaban las numerosas coacciones que sufrían, casi siempre, de manos de su proxeneta o de los encargados de los pisos.
María explicó que su jefe, el investigado Benito D.D., la amenazaba con difundir vídeos de contenido sexual que tenía de ella, además de uno en el que aparecía consumiendo drogas, que, pese a haber sido grabados con su consentimiento, éste los usaba para obligarla a que siguiera prostituyéndose para quedarse con todos los beneficios, debido a que María le debía algo de dinero.
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La mujer aseguró en su declaración en sede policial que esta situación ya había ocurrido otras veces y que Benito D.D. ya había enviado varias grabaciones a su hija menor de edad y a otros familiares que se encontraban en su país de origen.
Esperaban una vida mejor en España
Las víctimas de esta red de trata, según el atestado, compartían un denominador común: todas estaban en situación administrativa irregular en España. Una posición de necesidad aprovechada por el grupo para continuar prostituyéndolas y obtener el máximo rendimiento económico. Sofía y María, como casi todas las demás, dejaron atrás sus países de origen para trabajar de 'escort' –mujeres de compañía– en España, «convencidas de que les esperaba una vida mejor».
Eran despertadas si algún cliente las reclamaba y las obligaban a prostituirse incluso estando enfermas
Con los datos que aportaron los testimonios y los seguimientos policiales, los investigadores pudieron comprobar que la trama de captación funcionaba de la siguiente manera: después de ser atraídas, llegaban a las islas y eran recogidas por algún integrante de la red que las llevaba, con las maletas a cuestas, a lo que sería su nuevo hogar. Es decir, pisos convertidos en clubes de alterne, en los que, además de prostituir a mujeres, se consumía y vendía droga, tanto a «las chicas» como a «las personas de la calle», según uno de los testimonios de otra de las víctimas.
Tal y como refleja la Guardia Civil y las imágenes de los registros efectuados, los pisos se encontraban en «condiciones deplorables en cuanto al espacio y acceso a las zonas comunes», además de estar sucios y desordenados. Las mujeres compartían habitación y dormían en literas, las mismas en las que mantenían relaciones sexuales con los clientes día tras día. También vivían rodeadas de condones y lubricantes.
La vida en los pisos no era fácil. Según relata la policía en el sumario, las mujeres debían acatar incontables normas si no querían meterse en problemas. Trabajar las 24 horas, no rechazar a ningún cliente y «no protestar» eran algunas de ellas. Carmen –de nuevo nombre ficticio– confesó en su testimonio que todas tenían que «estar siempre disponibles para realizar los servicios sexuales», aunque eso significara no dormir, ya que «eran despertadas si algún cliente las reclamaba» sin importar la hora.
Dijo que, como mucho, podían descansar «tres o cuatro horas» y que no les permitían hacerlo dos al mismo tiempo «por si llegaban clientes y había que atenderlos», algo que debían hacer «incluso estando enfermas».
La paliza que lo destapó todo
«Por favor, guardar los tacones en su lugar... si no cumple (multa). Atte: Administración», podía leerse en uno de los carteles encontrados en los registros de las viviendas.
Como ese, encontraron otros muchos de características similares que dejaban claro las reglas que debían cumplir las mujeres que trabajaban en cada casa. Desobedecerlas tenía un precio: a veces, multas económicas, pero otras veces, estaban expuestas a padecer castigos mucho peores. Como le ocurrió a Carmen, que fue agredida por su proxeneta, Benito D.D., y por tres personas más cuando estuvo fuera del piso «más tiempo de lo permitido».
Fue su denuncia lo que hizo que la policía comenzara con la investigación del caso –que a día de hoy sigue abierta en fase de instrucción– en marzo de 2023.
