Las nuevas tarifas del agua de Las Palmas de Gran Canaria pasan el filtro de las alegaciones
El Ayuntamiento rechaza los cambios solicitados por hoteleros y por el Cabildo
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobará este lunes la nueva estructura tarifaria del agua, un sistema que encarecerá el recibo entre 5 y 44 euros al año entre 2026 y 2029. Tras su paso por comisión, el Pleno de este viernes será el encargado de bendecir los nuevos precios que Emalsa pasará al cobro a sus clientes.
A la aprobación de las nueva estructura tarifaria se llega después de desestimar las tres alegaciones presentadas contra la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias del servicio del Ciclo Integral del Agua del municipio de Las Palmas de Gran Canaria por parte de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), del Cabildo de Gran Canaria y del hotel Bajamar en la segunda y última fase de exposición pública al que fue sometido el proyecto de ordenanza municipal por parte de la Corporación.
Los operadores turísticos se quejaron, como hicieron en la primera fase de alegaciones, del establecimiento de «un sistema de recaudación desproporcionado, ya que el coste del servicio de abastecimiento, juntos con el de alcantarillado y depuración, supone un incremento de más del 100% para los establecimientos hoteleros, de lo que actualmente se estaba recaudando, sin que ello esté justificado con arreglo al coste de la prestación del servicio».
Además la FEHT entiende que la norma desliza la impresión de que los establecimiento turísticos den un tratamiento comercial al agua, «cuando el sector alojativo turístico quizá sea el más concienciado con el ahorro del agua, sobre todo porque resulta imposible en estos momentos poder encontrar algún establecimiento que no disponga de sistemas de ahorro de consumo de agua».
Pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechaza que se pueda hablar de un incremento desproporcionado de las tarifas. Y aclara que lo que se hace ahora es trasladar al usuario el coste de los servicios, en vez de seguirlo asumiendo el Consistorio capitalino con dinero público. También argumenta que la estructura tarifaria responde a las directivas europeas que se inspiran en la filosofía de que quien contamina, paga.
La discusión con el Cabildo
En cuanto al Cabildo de Gran Canaria, el servicio de Medio Ambiente solicitó al Ayuntamiento que se excluyera de la tarifación los recargos tarifarias por contaminación que se aplican a los vertidos derivados de la depuración de aguas residuales ya que se entiende que «podría suponer una doble penalización: por un lado, el pago ordinario por volumen y carga vertida, y por otro, un sobrecoste desproporcionado por la naturaleza del residuo, dado que se le aplica los mismos criterios que las aguas residuales para el cálculo del factor de corrección, y efectivamente, se trata de un residuo, no de un agua residual».
Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desecha esta propuesta porque los lixiviados de la depuración no pueden ser considerados vertidos domésticos, sino industriales debido a su alta capacidad contaminante, de ahí que se les aplique una recarga tarifaria.
Además, tampoco accede a la creación de una tarifa especial para lixiviados de la depuración ya que entiende que el vertido de este tipo de residuos en la estación depuradora de aguas residuales de Barranco Seco no solo debe ser un hecho excepcional, sino además que debe tener una duración limitada en el tiempo.
La última alegación que se responde es la del hotel Bajamar. Sus representantes solicitaron al Ayuntamiento la revisión de la estructura tarifaria y la adopción de un modelo «justo» y «progresivo», de modo que se ajusten los bloques de tarifas según la ocupación real mensual de los hoteles. Y piden que se fije un modelo más simple, similar al que tiene San Bartolomé de Tirajana, «sin bloques penalizadores».
Sin embargo, los técnicos municipales consideran que esta propuesta favorece el despilfarro. «El reajuste de bloques que proponen en su escrito, desalentaría el uso eficiente del agua», señala la respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que aclara que la definición de los bloques de consumo ha tenido en cuenta un porcentaje de ocupación del 80%, sino también el número de habitaciones. «Es decir, se han definido con un criterio claro de sostenibilidad», defiende la Unidad Técnica de Aguas, «no se castiga la actividad, pues únicamente se penaliza a los usuarios que hacen un uso no eficiente». Según sus cálculos, el incremento de la tarifa de abastecimiento de agua para este tipo de establecimientos es solo de un 0,5%. El resto de la subida responde a la creación de la tarifa de saneamiento y a la actualización de la de depuración, que estaba congelada desde el año 2010.
Con todos los cambios que introduce la nueva estructura tarifaria, incluyendo el nuevo canon de sostenibilidad que se aplicará a partir del año 2029, así como las tarifas por otros servicios, los ingresos tarifarios de Emalsa pasarán de 45,43 millones de euros en 2023 a 65,34 millones de euros en 2029 (+43,8%).
Las tarifas en vigor llevaban más de 34 años sin actualizarse y adaptarse a la nueva normativa y criterios de sostenibilidad.
