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La fiscal delegada autonómica de Extranjería, Teseida García. C7
Miguel Serrano, nuevo fiscal delegado de Trata de Personas y Extranjería en Santa Cruz

Miguel Serrano, nuevo fiscal delegado de Trata de Personas y Extranjería en Santa Cruz

Tribunales ·

Llega a las islas desde Anticorrupción, donde llevó la causa del caso Villarejo, y ejercerá en un área coordinada en la comunidad autónoma por la fiscal Teseida García García

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 21 de enero 2024, 01:00

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha designado a Miguel Serrano Solís como nuevo fiscal delegado de Trata de Personas y Extranjería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según figura publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Serrano ejercía su función hasta ahora en la Fiscalía Anticorrupción y estuvo al frente -entre otras causas- del caso Villarejo. Ahora, llega a las islas para cubrir la vacante que existía en dicho puesto desde el mes de septiembre y lo hace a propuesta del fiscal jefe provincial, José Luis Sánchez Jáuregui, ante la falta de candidatos para ocuparla.

La propuesta de este nombramiento fue elevada a la Fiscalía General del Estado el pasado 26 de octubre y certificada su idoneidad tanto por la Fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería como por el Consejo Fiscal.

Miguel Serrano Solís se incorpora a un organigrama que está dirigido a nivel regional por la fiscal Teseida García García.

Esta experimentada fiscal es la delegada autonómica del área de Trata de Personas y Extranjería desde el pasado 30 de junio de 2023 después de que la Fiscalía Superior de Canarias solicitara su creación «por inexistencia de tal figura en la comunidad autónoma».

García ya ocupaba el cargo de responsable provincial de este área y su nombramiento fue apoyada por la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez Carreras, quien destacó «su formación, preparación y compromiso». La Fiscalía General del Estado no formuló «objeción al nombramiento» alguna y el mismo fue ratificado por Álvaro García Ortiz en un decreto de 30 de junio de 2023.

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