Los sindicatos exigen depurar responsabilidades por la cabalgata

Los agentes entienden que su denuncia sobre la suplantación de policías por parte de vigilantes privados queda ratificada con el informe-denuncia firmado el 19 de marzo por el comisario principal. En él se pone en conocimiento de la concejala de Seguridad, Encarna Galván, el «grave incumplimiento» de las exigencias de protección antiterroristas que exige Interior y la «deficiente implantación de los planes de autoprotección del carnaval», con el riesgo que ello supuso para conductores y mascaritas a la altura del entrelazado de Alcaravaneras.

«Se confirma que lo que denunciamos respecto a la sustitución de policías por vigilantes como consecuencia de la mala gestión y la falta de diálogo de la concejala», sentenció el portavoz de USPB, Víctor García. «Es extremadamente grave que estos incidentes se hayan plasmado en un informe», prosiguió, «que se investigue y se depuren responsabilidades».

El Ayuntamiento recurrió a vigilantes privados durante la cabalgata porque los policías se negaban en ese momento a realizar más horas extras. El impago de esta deuda desde junio desmovilizó a los agentes, aunque ahora se ha vuelto a reconducir la situación porque el grupo de gobierno acaba de pagar las horas extras que les debían del segundo semestre de 2018 y que, según las fuentes consultadas, rondaba los 800.000 euros.

Para UGT, el nuevo informe dado a conocer por CANARIAS7 demuestra que la organización del dispositivo de seguridad «fue un disparate», si bien su portavoz, José Antonio Alonso, cree que responde al interés de la jefatura «por lavarse las manos» ante posibles responsabilidades. Así, recuerda que su denuncia se planteó el día 16 y que solo tres días más tarde se terminaba la denuncia de la jefatura.

En todo caso, Alonso apunta que las competencias de seguridad recaen en el Estado y critica a la Delegación del Gobierno por no ceder efectivos suficientes para las fiestas. «Se desinhibe de los problemas de los municipios y somos los ciudadanos los que pagamos los camiones y las barreras de seguridad», indica.

Tanto este sindicato como USPB anunciaron que si no se les remite toda la información acudirán a los juzgados para reclamarla, una vez que se agote la vía administrativa a través del comisionado de Transparencia de Canarias.

También Iván Jiménez, del sindicato Comisiones Obreras, confirmó que todavía el grupo de gobierno no ha ofrecido la información solicitada por los sindicatos respecto a la privatización de la seguridad de la cabalgata del carnaval. «Lo increíble es que se haya permitido la seguridad privada», criticó, «pero no creo que vayan a contestar ahora, para un mes que queda para las elecciones»

E insistió en que se podían haber buscado soluciones más efectivas para garantizar la seguridad, como requerir la presencia de los agentes de movilidad. Para Jiménez, la realidad fue peor que la que reflejan las estadísticas oficiales «porque no había personal suficiente y no se registraron todos los incidentes».