Los límites a la vivienda vacacional afectan a un negocio de 30 millones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está terminando de tramitar estos días el expediente de modificación de las normas del Plan General de Ordenación en el que se incluye este tipo de alojamiento turístico extrahotelero. Lo que hace el Consistorio es verter en el planeamiento las disposiciones de la ordenanza municipal de edificación. Ésta establece que los pisos turísticos que compartan espacio con el uso residencial en el mismo edificio, tendrán que estar siempre por debajo de las plantas de viviendas y, además, deberán tener un acceso independiente, «sin utilizar para ello escaleras, ascensores o portales de acceso a las viviendas».

Estas condiciones resultan de imposible cumplimiento para la mayoría de las 2.420 viviendas vacacionales registradas en la ciudad. Sí se salvarían, en cambio, los edificios que solo se destinan a uso turístico. «Parece mentira que un concejal de Podemos (se refiere a Javier Doreste, de Urbanismo) entregue la vivienda vacacional a los grandes patrimonios que pueden comprar edificios enteros y a los grandes tenedores de propiedades», lamentó Valentín.

En su opinión, la propuesta municipal atenta contra los pequeños arrendatarios. «El perfil en la ciudad es el de un pequeño propietario que usa esos ingresos para evitar el impacto que generó la crisis de 2008, o el de jóvenes universitarios que han visto aquí una fuente de ingresos mediante la gestión de este tipo de vivienda», prosiguió el representante de Ascav.

Javier Valentín dijo estar sorprendido de la deriva que ha tomado este asunto en sede municipal, sobre todo después de que «el alcalde, Augusto Hidalgo, dijera en Fitur en 2019 que gracias a la vivienda vacacional se había conseguido dar respuesta al aumento del número de turistas».

Cree que el Ayuntamiento ha perdido la oportunidad de fijar una normativa acorde a la realidad actual y apunta al hecho de que la secretaria general del Pleno advirtió de que la regulación hecha es contraria al ordenamiento jurídico.

Se refiere al informe realizado por la secretaría general municipal que dicta lo siguiente: «La desestimación de las alegaciones sobre viviendas vacacionales no es ajustada a derecho porque, de una parte, el artículo 16 de la ordenanza de Edificación no se refiere a viviendas, sino a locales, y de otra parte, porque las condiciones de posición y acceso independiente en relación a dicho uso residencial contravienen el decreto 113/2105, puesto que lo hacen inaplicable (nulidad de pleno derecho por vulnerar disposición de rango superior)».

Sin embargo, esta afirmación fue respondida tanto desde el área de Urbanismo como desde los propios servicios jurídicos municipales. Así, consta en sendos contrainformes. El de Urbanismo asegura que el ámbito de actuación del reglamento canario de la vivienda vacacional no afecta a las condiciones de habitabilidad, que son potestad del Ayuntamiento, en tanto que ordena «el uso residencial y su transformación a terciario, imponiendo límites por razón de interés público».

En cuanto a la Asesoría Jurídica, entiende que la desestimación de las alegaciones sí se ajusta a derecho ya que la ordenanza de edificación y el decreto de las viviendas vacacionales tienen el mismo rango normativo. «No basta con cumplir con lo que dice ese decreto, sino que se debe cumplir con las normas sectoriales de aplicación, entre otras, las urbanísticas», recoge este informe. Y hace un repaso por varias sentencias en favor de la competencia de los ayuntamientos para exigir sus condiciones a los pisos turísticos.

En este debate jurídico, Ascav asegura que hay pronunciamientos del Tribunal Supremo en contra de las limitaciones municipales.

El representante de Ascav también respondió al edil Doreste por decir que se trata de establecimientos ilegales y que no pagan tasas como otros negocios terciarios. «Los propietarios de las viviendas vacacionales cumplen con sus obligaciones fiscales y liquidan el IGIC», expuso Valentín, «si alguno no lo hace, que le caiga el peso de la ley, pero decir que no cumplimos con nuestras obligaciones fiscales es una irresponsabilidad absoluta o un desconocimiento total».

Por su parte, el viceportavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, alertó ayer, a través de una nota de prensa, que el grupo de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) entrega «de manera consciente y en exclusiva» la actividad del alquiler vacacional a los grandes propietarios o corporaciones capaces de hacerse con edificios completos.

«No deja de ser paradójico que quien tiene un discurso trasnochado y obsoleto de crítica permanente a todo lo que huele a empresa, economía y propiedad privada, sea precisamente quien relega la actividad del alquiler vacacional en Las Palmas de Gran Canaria a quien únicamente puede disponer o construir un edificio en exclusiva a esta finalidad», afirmó el edil popular.

También se manifestó, en otra nota de prensa, el grupo municipal de CC-UxGC. Su portavoz, Francis Candil dijo estar de acuerdo con la necesidad de regular el sector de las viviendas vacacionales, «pero es cierto que la modificación que se quiere realizar en el Plan General llevará a la inmensa mayoría de estas viviendas vacacionales a cerrar definitivamente, lo que supone eliminar el único ingreso de muchas familias».

«Nos parece que Hidalgo y su gobierno van en contra de un modelo alojativo que existe en todo el mundo y que es una realidad imparable, que genera economía a menor escala en los lugares donde están instaladas», añadió, «generan negocio en supermercados, lavanderías, cafeterías y pequeños comercios, y con estas modificaciones que el alcalde Hidalgo quiere llevar a cabo provocarían su cierre definitivo».