Los condicionantes de la vivienda vacacional se abren a alegaciones durante 45 días

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA

La modificación de las normas del Plan General de Ordenación (PGO) para la inclusión de la vivienda vacacional en la consideración de alojamiento turístico se abre ahora a un periodo de exposición pública de 45 días, en el que se podrá alegar contra la regularización de esta figura, a la que se exige, cuando esté en edificios residenciales, disponer de escaleras, accesos y ascensores diferenciados de los vecinos, además de cumplir con la obligación de estar situados por debajo de la planta de viviendas.

El pleno aprobó la modificación de las normas pormenorizadas del PGO -en la que también se incluye la ordenación de los prostíbulos- con los votos a favor del tripartito y el rechazo de toda la oposición.

«No regulamos el alquiler vacacional», explicó el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, «lo reconocemos como uso turístico; es un primer paso por el que empieza la regulación».

El portavoz del PP, Ángel Sabroso, recordó a Doreste que «es la primera vez que el Plan General introduce la vivienda vacacional», pero entiende que la regulación se ha hecho «entrando como un elefante en cacharrería». Para él, las exigencias que se imponen a los pisos turísticos «se cargan de facto una realidad que tiene un impacto económico de 200 millones de euros en la economía de la ciudad». El edil cree que «se pone en riesgo el futuro turístico de la ciudad». Sabroso entiende que los pisos turísticos provocan un aumento de las rentas de pequeños propietarios, favorecen la regeneración urbanística de los edificios en los que se insertan, promueven la actividad económica de pequeñas empresas y consolidan el destino turístico de la capital grancanaria.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Javier Amador, aseguró que la regulación «quiere prohibir el alquiler vacacional por motivos ideológicos» y advirtió de que esta decisión «afectará a la clase media», por lo que solo servirá para beneficiar «al alojamiento masivo en un edificio».

Desde Unidos por Gran Canaria, la edil Ángeles Batista, lamentó la regulación que ha emprendido el Ayuntamiento.

Antes de la votación, Javier Doreste insistió en que solo se reconoce la existencia del alquiler vacacional. Para el concejal de Urbanismo, «las excelencias de las viviendas vacacionales no están demostradas».