Caso Kokorev: un Euromillón de más de 50 millones para las arcas del Estado

Se cierra el caso Kokorev. Este lunes, como adelantó este periódico la pasada semana, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al matrimonio hispano ruso formado por Vladimir Kokorev y Yulia Maleeva a penas de dos años, tres meses y diez días de cárcel en el caso del empresario y un año, once meses y dos días en el de su esposa, ambos por un delito de blanqueo de capitales. Entre ambos tendrán que pagar una multa de 35 millones de euros que serán ejecutados judicialmente de los bienes y dinero que ya les habían embargado con carácter previo durante la fase de instrucción. Además, recuperarán las propiedades inmobiliarias adquiridas en España por la pareja que suman un importe superior estimado en 15 millones de euros, unos bienes adquiridos con el dinero blanqueado.

Por su parte, el letrado y asesor Juan Arencibia Rodríguez y sus hermanas Margarita y María Luisa también han reconocido haber cometido el mismo delito de blanqueo de capitales y han sido penados a un año de prisión y 500.000 euros de multa para el primero de ellos, y seis meses de cárcel y 10.000 euros para sus dos familiares.

Este acuerdo entre las defensas y el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, supone el punto y final a un caso Kokorev que nació judicialmente hace 16 años y ahora concluye con el reconocimiento de que el matrimonio ruso, en compañía del resto de acusados, blanqueó 58 millones de euros no declarados al fisco español, ganancias obtenidas de sus negocios con Guinea Ecuatorial entre 1999 y 2012.

El fiscal Ródenas eximó de cualquier responsabilidad penal al hijo de la pareja, Igor kokorev.

En la vista, el empresario admitió la comisión de los hechos que le imputó la Fiscalía, que modificó su escrito de acusación al entender que el auto de prórroga de la causa dictado por la instructora en febrero de 2020 fue extemporáneo, con lo que las diligencias posteriores eran nulas.

La Fiscalía tuvo en cuenta como atenuante las dilaciones «extraordinarias» que se produjeron en este proceso y que tuvo «dos tiempos muertos» no imputables a las defensas, señaló el fiscal, que además recordó que Vladimir Kokorev aún se encuentra inmerso en un procedimiento de la Audiencia Nacional por tráfico de armas con Guinea Ecuatorial.

No es nada común, de hecho no hay ningún precedente similar en Canarias y muy pocos a nivel nacional, la existencia de una condena por el delito de blanqueo de capitales que se haya saldado con una efectividad tan productiva para el Estado. El acuerdo suscrito este lunes por el fiscal Javier Ródenas con las defensas representadas por los letrados José Antonio Choclán, Antonio José García Cabrera, Álvaro Campanario y Carmen Rodríguez, ha permitido que 35 millones de euros en dinero efectivo serán repatriados desde las cuentas bancarias de Suiza, donde los condenados se refugiaron del fisco español, hasta la de depósitos y consignaciones de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. También la Justicia permitió la recuperación de las propiedades inmobiliarias adquiridas en España por el matrimonio hispano ruso que suman un importe superior estimado en 15 millones de euros, bienes adquiridos con el dinero blanqueado y que ahora pasarán a ser propiedad del Estado para, posteriormente, ser subastadas como así dictamina la ley.

Para llegar a este acuerdo, las partes coincidieron al término de la vista de este lunes en que se necesitaron más de 16 años de compleja instrucción hasta llegar a este juicio por conformidad.

Un cierre de procedimiento que tuvo tres protagonistas principales: la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel De Vega Serrano, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Herrero Zapata, y el fiscal delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Javier Ródenas.

Los tres formaron un incisivo equipo que hizo posible esta condena con una recuperación millonaria para España. Y es que muchas condenas por blanqueo se convierten, en la práctica, en papel mojado porque rara vez se logra recuperar el dinero que se evapora en paraísos fiscales, inaccesibles a las autoridades judiciales. Pero no ha sido este el caso.

Este reconocimiento de hechos desencadena en que una condena plenamente efectiva porque la Agencia Tributaria ha logrado recuperar el dinero generado por el delito de blanqueo de capitales y todas las propiedades inmobiliarias que adquirieron los condenados, con sus ganancias ilícitas, en España.

Junto a estos tres actores protagonistas, también fue clave la participación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, personificada en el nombre de David Monteseirin Herrera, así como, en los inspectores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, considerada la unidad de élite de la Agencia Tributaria, que propició la recuperación millonaria. Los informes de inteligencia financiera de estos profesionales de la AEAT fueron determinantes, tanto en la recuperación de los activos millonarios, como en la comprensión del operativo de blanqueo ejecutado por Vladimir Kokorev.

El volumen gigantesco de la causa, con más de 200.000 folios, los miles de archivos informáticos protegidos con claves secretas que fueron desencriptados con las últimas técnicas policiales y la ingente documentación hallada en los registros domiciliarios en idioma ruso, ucraniano, búlgaro, húngaro, inglés, italiano, lituano, supuso todo un desafío para los investigadores, incluso para la propia Administración de Justicia canaria que nunca escatimó en medios materiales, ni en esfuerzos personales con la gran cantidad de intérpretes que fueron habilitados para la traducción de los miles de documentos y archivos informáticos que formaban el macro procedimiento.

Todas las fuentes consultadas son unánimes al señalar que el hito fundamental que cambió el devenir de la causa se produjo, en el mes de diciembre del año 2019. Hasta esa fecha, el caso llevaba años paralizado, sin visos de éxito, perdido en una maraña de 30 comisiones rogatorias pendientes de ejecución, bajo el telón del secreto bancario y a punto de cumplirse la última prórroga de la instrucción em febrero de 2020. Pero todo cambió a partir de ese mes.

El fiscal javier Ródenas se puso manos a la obra consciente de que, si se quería luchar contra un sofisticado e internacional sistema de blanqueo, tenía que salir de las cuatro paredes de su despacho de la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria. Como todas las transacciones económicas del caso apuntaban a países como Guinea Ecuatorial, Suiza, Dinamarca y EE UU, organizó un encuentro con las autoridades judiciales de aquellos países y consiguieron la autorización para que una delegación española encabezada por el propio Ródenas, el inspector jefe de la Udyco y el inspector jefe encargado del caso, Francisco Herrero Zapata.

Esta comitiva acudió a una reunión organizada al más alto nivel en la sede central de Eurojust de La Haya (Países Bajos) con las autoridades encargados de la lucha contra la delincuencia económica transnacional de los cinco países por los que operaba este complejo caso. En concreto, se trataba de Lituania, Suiza, Dinamarca, Hungría y, en conexión simultánea, trataron con el fiscal del Departamento de Justicia de EE UU, International Unit Money Laundering and Asset Recovery Section. Esa reunión era la última bala que tenían loss responsables del Caso Kokorev en la ya casi agotada recámara del tiempo.

El viaje resultó un éxito y su resultado procesal, inmediato. A los pocos meses, todo el engranaje judicial internacional se activó y el procedimiento se desatascó. La magistrada instructora ordenó a contrarreloj las múltiples diligencias que le pedía Anticorrupción y, de esta forma, se enfilaba el fin de una instrucción que comenzó en 2009. Este viaje a La Haya fue la llave que permitió a la instrucción tener acceso a toda la trazabilidad económica del dinero que viajaba por más de 45 sociedades y cinco jurisdicciones fiscales distintas: Panamá, Seychelles, Antillas holandesas, Suiza y Delaware.

En mayo de 2021, la magistrada Ana Isabel De Vega Serrano pasó el caso a Anticorrupción y, ese mismo mes, el fiscal Ródenas redactó el escrito de acusación más extenso que nunca antes se había presentado en un juzgado de instrucción de las islas, 543 folios con 600 notas a pie de página en las que detallaba los archivos informáticos y documentos que sostenían sus conclusiones provisionales. El escrito fue incluso calificado por alguna de las defensas como de «tesis doctoral», convirténdose en un claro gesto de poder que Anticorrupción lanzaba procurándose, de esta forma, una legitimidad con músculo para las previsibles y habituales negociaciones en la búsqueda de futuros acuerdos con las defensas. Como así ocurrió.

El paso del tiempo, con el lastre para la acusación de la atenuante de dilaciones indebidas que supone una notable rebaja de las condenas, unido al largo tiempo que pasaron los kokorev en prisión preventiva, dejaba el caso con muy poco margen para una condena elevada de prisión. Las dudas sobre la validez en la obtención de la prueba internacional del controvertido asesor panameño, Ismael Guerli, los correos electrónicos entre la policía y el asesor panameño y, sobre todo, los plazos de instrucción que se sobrepasaron por la paralización del procedimiento en sus inicios, fueron los argumentos exhibidos por el penalista, José Antonio Choclán Montalvo, abogado de Vladimir Kokorev, para lograr contrarrestar la contundencia del escrito del fiscal Anticorrupción.

Al final, después de 16 años, este lunes el tribunal presidido por el magistrado Emilio Moya puso fin a este procedimiento de blanqueo de capitales que, de lo contrario podría haberse alargado otros cinco años más hasta obtener un pronunciamiento en firme por el Tribunal Supremo.

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