El primer Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de España, ha cumplido con éxito su primer año de existencia proporcionando un modelo integral de protección que busca evitar la victimización secundaria. Este órgano judicial dirigido por el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, ha entrado a formar parte recientemente del Banco de Conocimientos e Innovación (BCI) del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que ha realizado un estudio sobre su funcionamiento de cara a la implantación de órganos similares en todo el país.
Según este organismo, el juzgado especializado en la violencia contra la infancia y la adolescencia es un «proyecto piloto» desarrollado en las Palmas de Gran Canaria y que está destinado, principalmente, «para mejorar la respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial a menores víctimas de abusos sexuales».
Se trata del primer juzgado especializado en España en esta materia, que, además, «ha contado con el apoyo y trabajo de diferentes actores involucrados, como médicos forenses, policía nacional o asistentes sociales, entre otros», destaca el INAP.
Además, resalta que este órgano, adscrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con unas instalaciones «especialmente diseñadas para transmitir bienestar y calma» a los menores, que «solo tendrán que prestar declaración una sola vez» durante toda esta fase del procedimiento judicial y, además, contarán con la asistencia de «todos los agentes sociales» necesarios en un trabajo conjunto «en el mismo espacio para facilitar el proceso».
Proyecto referente
Según el documento, este proyecto «constituye un hito en nuestro país, como en 2005 lo fueron los juzgados de violencia sobre la mujer». Su puesta en marcha, que coincide con la tramitación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia, «permitirá extenderse a todos los juzgados de España en solo dos años».
Según este juzgado, en su primer año de trabajo -de octubre 2021 a octubre 2022-, se han instruido cerca 400 causas, de las que se han practicado cerca de 100 pruebas preconstituidas o exploraciones a víctimas mayores de 14 años.
El proyecto ha sido tomado como referencia de buenas prácticas por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento del País Vasco y también la Generalitat Valenciana ha mostrado su disposición a replicar el proyecto piloto del Juzgado.
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