El juez cree que el instructor de buceo pudo haber cometido un homicidio por imprudencia

El auto de procedimiento abreviado determina que, presuntamente, el instructor de la empresa 7 Mares llevó a cabo una inmersión el 10 de octubre de 2020 «fuera de los límites de seguridad de la actividad de buceo», a lo que se le unió la «escasa o nula experiencia de los participantes» -la víctima y dos personas más- en el interior de pecios, junto con la «vulneración de otras normas de seguridad» llevada a cabo por el guía de la inmersión. En concreto, la resolución describe que la actividad superó la profundidad permitida -el límite máximo establecido es de 40 metros- y navegaron en el interior de un pecio «sin ningún sistema de seguridad como un hilo guía que permitiera asegurar el regreso a la salida», teniendo en cuenta que el pecio se encontraba invertido con una gran cantidad de limo -una especie de barro- en su interior. Todo esto provocó un «buceo con visibilidad nula, riesgos de atrapamiento, cortes y desorientación», describe el magistrado, que pudieron haber propiciado este «accidente grave con escasas posibilidades de supervivencia», unas circunstancias que «no podían ser desconocidas para el investigado».

La investigación ofrece todos los detalles de la desgraciada mañana del 10 de octubre de 2020, cuando la científica de 27 años del departamento de Oceanografía de la ULPGC, María Casanova Masjoan, se aventuró a contratar los servicios de la empresa de buceo 7 Mares para llevar a cabo una inmersión en un conocido pecio hundido en el muelle Reina Sofía. La docente castellonense acudió a esta inmersión junto a dos amigos y la planificaron para la mañana del sábado 10 de octubre de 2020.

La inmersión la llevaron a cabo para conocer el pecio 'Soon Yang' conocido en el mundo de buceo como 'el Narcótico' precisamente por el efecto que producía a muchos de los buzos que se aventuraban a llegar al mismo. Este pesquero coreano se halla apoyado en el fondo marino en posición invertida, con la quilla al sol, en la parte exterior del muelle Reina Sofía y a una profundidad de 41 metros en bajamar desde que fuera hundido el sábado 15 de diciembre de 1990.

Actuando como guía, el investigado Sergio C.F. descendió junto con la fallecida y sus dos compañeros y se introdujeron en el pecio a través de una escotilla que se encuentra en la popa a los referidos 41 metros de profundidad. Al llegar al lugar, accediendo a una sala desde la que iniciaron la navegación por un pasillo que terminaba en otra galería. Fue en ese momento cuando el investigado se dio cuenta que sólo venía con él otro submarinista, por lo que «inició una búsqueda sin lograr localizar a los otros dos buceadores debido a las malas condiciones de visibilidad por la presencia de gran cantidad de limo», relata el auto. Pasados unos minutos el investigado y el cliente que permanecía a su lado salieron al exterior «por la misma escotilla por donde entraron», consiguiendo localizar al cabo de quince minutos aproximadamente al otro de los buzos, pero no había rastro de María Casanova Masjoan.

En ese momento y «ante la falta de aire en las botellas», según el magistrado Rafael Passaro Cabrera, el instructor y los otros dos buceadores «subieron a la superficie, donde el investigado tomó una nueva botella de aire y volvió a bajar hasta el pecio, en el que no llegó a introducirse», para intentar localizar a la científica «pero sin conseguirlo».

Desgraciadamente, María Casanova Masjoan falleció como consecuencia de una anoxia anóxica secundaria a asfixia por «sumersión en agua de mar», según se recogió en el informe médico forense.

El informe pericial elaborado por Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, determinó que esta inmersión estaba «fuera de los parámetros permitidos para el buceo deportivo recreativo», concluyendo que la misma no debió «haberse realizado al superar los limites de profundidad y tiempo para el buceo deportivo recreativo impuesta por la normativa vigente en materia de buceo y carecer de parte del material para realizar la inmersión el cual es necesario y obligatorio».

El investigado, para los GEAS, como guía tenía «el control de la inmersión» y decidió llevarla a cabo «superando la profundidad límite y planificándola para introducirse en el interior de un pecio que, por sus características técnicas lleva implícito unos riesgos extremos que requiere una experiencia, entrenamiento, habilidad y equipo específico del que carecían» tanto la víctima como sus acompañantes.

Esta inmersión era tan compleja, que los profesionales del GEAS llevaron a cabo una maniobra muy complicada y peligrosa, al tener que acceder al interior del buque, en el que en el primer día localizaron el cuerpo de la fallecida ubicado en una zona de difícil acceso con pasos angostos. A todo ello se sumó la cantidad de limo que se levantaba por el paso de cualquier buceador, una circunstancia que ocasionó una desorientación extrema y provocó la pérdida de la salida, aunque estuviera a escasos centímetros de distancia.

Sin embargo, en una segunda inmersión, los GEAS lograron localizar el cuerpo sin vida de la investigadora en un lugar donde en su interior solo existían estructuras metálicas oxidadas y cortantes.

El magistrado instructor dio por concluida con este auto la investigación entendiendo que los hechos denunciados pudieron ser constitutivos de un presunto delito de homicidio por imprudencia y dio traslado a la fiscal para que formule escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien, el sobreseimiento de la causa.