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Las personas afectadas por las expropiaciones de viviendas que contempla el Plan Especial de Regeneración y Conservación San Juan-San José están llamadas a participar en la manifestación que se celebrará el 16 de septiembre para reclamar «la anulación del plan y que se vuelva a redactar con el consenso de los vecinos», tal y como se comunicó en la asamblea celebrada en la tarde de este miércoles en la plaza Antonio Melián, junto a la Casa Amarilla, organizada por la Asociación de Vecinos del Barrio de San José.
La marcha, cuya solicitud se formalizó en la mañana de este miércoles en la Delegación del Gobierno y que está previsto salga desde el Paseo de San José en dirección a la plaza de Santa Ana, responde a la «confusión» que desde la entidad vecinal se entiende «está creando Urbanismo» en lo referente al punto más sensible del documento: las viviendas que hay que expropiar para impulsar su desarrollo.
«Esta convocatoria decisiva es también para demostrar que lo que decimos es cierto», dijo sobre la asamblea desarrollada este miércoles Chano Alemán, representante de la asociación vecinal convocante. Y es que señaló que «Geursa sigue manteniendo que no saben en qué planes estamos mirando» y «les han comunicado a los vecinos que han contabilizado 44 viviendas» a expropiar, «cuando nosotros vamos por 114».
Así las cosas, explicó que optaron por organizar una asamblea -a la que invitaron a los residentes de San Juan que se han constituido en plataforma ciudadana al margen de la organización vecinal del barrio- «para darles tranquilidad» pues a su juicio desde el área de Urbanismo se ha «sembrado una duda».
Por eso decidieron convocar este encuentro vecinal y acudir «con todos los documentos de registro de información pública para que la gente los viera».
Otra de las razones que motivó esta convocatoria era «aclarar el plazo que hay para presentar alegaciones». Pues «el Ayuntamiento publicó en el BOC el 14 de julio el Plan Especial y pone que hay un mes para presentarlas», pero «al ser agosto inhábil, finaliza el 14 de septiembre». Sin embargo, indicó que desde la entidad municipal «dicen que eso no es cierto, que se termina el 1 de octubre porque la Ley de Urbanismo dice que son 45 días».
La entidad vecinal duda de ese plazo «porque no es lo que está en el BOC» y así se lo han trasladado al edil de Urbanismo, Javier Doreste. De ahí que aprovecharan la asamblea vecinal de este miércoles para esclarecer este punto a los asistentes, además de brindarles la oportunidad de «ayudarles a presentar alegaciones 'in situ'».
Una colaboración que, avanzó, van a seguir prestando a los afectados por las expropiaciones porque «vamos a montar un dispositivo en la calle para todas las personas que no sepan y echarles una mano con la presentación».
La entidad vecinal también hizo partícipes a los vecinos presentes en la asamblea del cambio de postura que aseguran percibieron por parte de Urbanismo en la reunión que tuvieron el pasado martes.
«Nos reconocían que había habido un error en el Plan por las prisas, pero que nos podíamos sentar a negociar y hacer una modificación. Pero cuando estuvimos allí nos dijeron que presentáramos las alegaciones y luego ya se vería. Y eso no fue lo pactado», expuso Alemán.
El portavoz vecinal reconoció que en el plan, resultado del proyecto Barrios Pendientes, «hay muchas cosas que están bien pero hay otras que no». De ahí que insista en que «se vuelva a redactar» y recoja «lo que los vecinos queremos».
A su vez, Doreste dijo ayer que siguen las reuniones «entre los técnicos y los vecinos», que las «expropiaciones están sujetas a ley» y que se prevén «unas noventa y pico parcelas, de las que viviendas son unas sesenta y pico».
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