En la imagen, parte de los fardos con más de 50 kilos de hachís que encontraron en la vivienda de Luisa María S.M. en Vecindario. / C7

Investigan a los padres de una detenida por querer pagar su fianza con dinero de una subvención

Fue capturada con 50 kilos de hachís y sus padres ingresaron 60.000 euros de fianza. Ahora la jueza los investiga porque el dinero podría proceder de una ayuda del Gobierno que les dieron para invertir en energías renovables

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado incoar un procedimiento penal contra los padres de una mujer que fue detenida en Vecindario con 50 kilos de hachís en su vivienda. El motivo argumentado por la autoridad judicial es que, a instancias del Ministerio Fiscal, detectaron presuntamente que la fianza de 60.000 euros que abonaron para que su hija fuera puesta en libertad, procedía de una subvención de 180.000 euros que les había concedido el Gobierno de Canarias para una inversión fotovoltaica. La fiscal entendió que su utilización para este fin podría ser constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos o uno de fraude de subvenciones, por lo que interesó que se dedujera testimonio ...

Este procedimiento nació tras una investigación llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, que había detectado a una presunta banda que se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes por varios puntos de la isla, aunque preferentemente actuaban en Santa Lucía. Fruto del trabajo desarrollado, hicieron una entrada y registro en el domicilio de la investigada, de nombre Luisa María S.M., quien vivía con Óscar P.T, alias Chochi, quien también era uno de los integrantes de esta presunta trama delictiva. Según los agentes, Luisa María no solo realizaba gestiones menores, sino que prestó dinero al supuesto cabecilla, por lo que pasó a ser «inversora capitalista de una operación de narcotráfico», como así lo describió el magistrado instructor en su auto de prisión provisional de 13 de marzo de este año 2022. Por su parte, Chochi se dedicaba presuntamente a distribuir la droga y permanecía «vigilante ante la conducta de la actividad policial», además de que reconoció a su madre «su actividad delictiva», detalla la resolución judicial.

En esa entrada y registro, los agentes incautaron en la casa más de 50 kilos de hachís, más de 60.000 euros en efectivo, balanzas de precisión, etcétera, por lo que fueron detenidos junto a ocho supuestos integrantes de la banda y pasaron a disposición judicial.

En total, seis de los detenidos fueron enviados a prisión provisional por un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, aunque solamente a Luisa María S.M. se le impuso una fianza de 60.000 euros para eludir la cárcel.

El 14 de marzo, A. S. S. y C. R. M. R., los padres de Luisa María S.M., consignaron en el juzgado los 60.000 euros de fianza, aunque la fiscal examinó la documentación y descubrió que la madre tenía en su cuenta corriente unos montantes de 61.842, 28.157 y 44.718 euros, que constaban como ingresos de subvenciones otorgadas por la Comunidad Autónoma para «un fin concreto que es la previa inversión fotovoltaica» –detalla en su informe– que realizó el matrimonio en unas propiedades que tenían en el sureste de la isla.

Por este motivo, interesó al magistrado que no admitiera ese dinero como pago de la fianza y que, de forma paralela, se dedujera testimonio contra los padres de la detenida por la comisión de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Un día después, C. R. M. R. envió al juzgado más documentación a instancias de la fiscal a fin de justificar el origen y naturaleza del dinero empleado para pagar la fianza, pero el juez instructor se alineó con la tesis del Ministerio Público y no aceptó ese dinero para la fianza y dispuso la apertura de diligencias contra el matrimonio, en un auto susceptible de recurso de reforma.

El letrado Rafael Jiménez de Oliva. / Cober

Recurso de reforma

De esta forma, el letrado Rafael Jiménez de Oliva presentó un elaborado escrito en el que argumentó que el dinero ingresado por los padres de la investigada para el pago de su fianza debía de ser aceptado y, a pesar de la oposición de la fiscal, el instructor lo estimó parcialmente tras la aportación del contrato de préstamo de 180.000 euros para la inversión fotovoltaica, además del resto de documental administrativa relativa a la subvención que les concedió el Gobierno de Canarias.

Lo que sí determinó la autoridad fue que se siguiese adelante con las acciones penales contra A. S. S. y C. R. M. R., propietarios de varias empresas e inmuebles, y padres de la investigada, que quedó en libertad con cargos y con la obligación de comparecer los días 1 y 15 en el juzgado y la prohibición de salir de la isla de Gran Canaria mientras dure la causa.

La investigación judicial abierta contra esta supuesta banda de narcotraficantes sigue su curso

Después de que los agentes adscritos al Grupo IV de la Udyco practicaran una numerosa batería de detenciones, la investigación que corre a cargo del Juzgado de Instrucción número de 3 de San Bartolomé de Tirajana sigue su curso e incluso no se descartan que capturen a más presuntos miembros de esta banda de narcotraficantes.

Por el momento están en prisión cinco de los diez detenidos de esta macrooperación llevada a cabo en diversos puntos de Gran Canaria por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico y facilitación de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, además de otro delito de pertenencia a banda armada.

Los restantes cinco quedaron en libertad, aunque la referida Luisa María S. M. eludió su entrada en la cárcel tras aceptar el magistrado el polémico abono de 60.000 euros de fianza que transfirieron sus padres, por lo que son ahora investigados en una pieza separada por delitos de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

La investigación de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, ha permitido por el momento la incautación de más de 50 kilos de hachís y también de una gran cantidad de dinero.

Los agentes detectaron la existencia de esta organización radicada en Santa Lucía de Tirajana que se dedicaba a la introducción y distribución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes en el territorio nacional, y que para ello utilizaban la colaboración de distintas personas.

En el curso de las investigaciones, tuvieron conocimiento de que los encartados hacían uso de sus vehículos y viviendas, situadas en Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, para desarrollar esta actividad delictiva. Las escuchas telefónicas practicadas prueban, según el criterio de los policías, que los detenidos eran plenamente conscientes de su participación en la comisión del delito que se les atribuye.