Borrar
Directo Los Cabildos debaten la proposición de ley de iniciativa popular de volcanes
Imagen de la zona donde se plantea la ordenación urbanística dictada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. C7
Otro informe rechaza el cambio del PGO que da pie al lío de las gasolineras en Siete Palmas
Las Palmas de Gran Canaria

Otro informe rechaza el cambio del PGO que da pie al lío de las gasolineras en Siete Palmas

La tramitación de la modificación del planeamiento recibe un informe desfavorable por no justificarse el cambio de clasificación del suelo

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 18 de agosto 2023, 02:00

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Opciones para compartir

La aprobación de una serie de cambios en el documento técnico de modificación del Plan General de Ordenación de la ciudad en el entorno de San Lázaro, que efectuó el Ayuntamiento el 27 de enero de este año, se ha topado con un nuevo informe técnico desfavorable del Gobierno de Canarias.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria introdujo cambios en la planificación después de que la Comisión de Informe Único del Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2022, emitiera un primer pronunciamiento desfavorable respecto a los criterios de ordenación en la propuesta de ampliación del cementerio de San Lázaro -y su carta de servicios-, así como de viales y aparcamientos.

En esta pieza urbana se incluye también la intención de compensar a Disa con un solar para que levante una gasolinera -por la adquisición de parte del terreno de la que está en la trasera del cementerio de Vegueta-, que ha chocado con el interés de otra empresa, Pedruzcos Oil, por abrir su propia estación de servicio en una parcela de su propiedad que está cerca de la elegida para Disa y que ahora será expropiada para construir un estacionamiento.

El nuevo informe técnico desfavorable, emitido a mediados de abril del presente año, se suma a otro informe, esta vez jurídico, elaborado por Gesplan en la misma fecha, que condiciona la aprobación de los cambios a la subsanación de varias consideraciones que se considera que no fueron atendidas en 2022.

Gesplan, en abril del año pasado, detectó seis deficiencias en la modificación del planeamiento. De ellas, tres se consideran subsanadas, pero se exige que se actúe respecto a las otras tres.

La primera de las que están pendientes de visto bueno es la de «hacer constar en el expediente la identidad de todas las personas propietarias o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación».

Se trata de los propietarios de las 68 parcelas que se han identificado en este ámbito. Así, aunque el Ayuntamiento incorporó una relación de propietarios, no se aclara si son actuales o antiguos. También se considera que no se ha realizado una estimación del cálculo de la expropiación dentro del estudio económico financiero.

Al respecto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recordó que desde 2012 gran parte del suelo ha sido adquirido por el Consistorio en su mayor parte, «de modo que, en la actualidad, es municipal en su mayor parte». Además, se hace constatar que en 2019 se contó con un presupuesto de 9,46 millones de euros para la adquisición de los terrenos; y en 2021, dos millones de euros «al quedar pocos expedientes en trámite».

Sin embargo, desde Gesplan se entiende que no se ha satisfecho las determinaciones exigidas por la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ya que falta por concretar «las previsiones de capital preciso exigido para el desarrollo del plano» y «la indicación de las fuentes de financiación de las actuaciones a desarrollar».

Suelo urbano consolidado

El tercer elemento que pone en cuestión el análisis del técnico jurídico adscrito al área de Planificación Territorial y Transición Ecológica de Gesplan es el relativo a la inclusión, por imperativo legal, de un «resumen ejecutivo que detalle las líneas básicas de la ordenación», así como conclusiones de los informes de las distintas administraciones y las alegaciones presentadas en el trámite de información pública.

No obstante, el Ayuntamiento informó de que incorporará estos documentos en el momento en que el expediente de modificación del Plan General de Ordenación en el entorno de San Lázaro se someta al trámite de aprobación definitiva.

El informe técnico aborda también la consideración de la parcela como suelo urbano consolidado. La norma establece que para que un territorio sea considerado así no solo debe tener acceso rodado, abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro de energía eléctrica, sino también contar con una calzada pavimentada, con aceras y alumbrado público.

En este aspecto concreto, la arquitecta del servicio técnico de Planeamiento Urbanístico Oriental advierte de que «el estado actual de la calle Ocaso no es el propio de una vía de un suelo urbano consolidado (...) con encintado de acera y alumbrado público». Y señala que el ámbito no puede considerarse como integrado en la trama urbana ya que «no se encuentra en un área consolidada por la urbanización».

La superficie reservada a la gasolinera de Disa es de 2.472 metros cuadrados

Una de las cuestiones que había sido puesta en cuestión por parte de los informes de abril era la relativa a la de la superficie de la parcela compensatoria que se quiere entregar a Disa. En su momento, a cambio de parte del solar de la gasolinera que tiene operativa en la trasera del cementerio de Vegueta -que aún no ha sido entregado-, el Ayuntamiento le ofrecía dos suelos: uno en Obispo Romo y otro en la Vega de San José. El primero fue cedido sin problema, pero el segundo no. El paso de la MetroGuagua frustró la entrega y el Consistorio buscó un nuevo lugar, que encontró en un suelo que estaba calificado como deportivo, en la rotonda que conduce al cementerio de San Lázaro.

El Gobierno de Canarias pidió que se aclarara por qué se iba a entregar a Disa, en Siete Palmas, un solar de 4.475 metros cuadrados, si la parcela que se iba a ceder en la Vega de San José era de 2.472 metros cuadrados.

Entonces el Ayuntamiento contestó que la calificación que se quiere aplicar al suelo a entregar a Disa obedece a su adecuación a la delimitación física de la parcela, no a la superficie conveniada para transmitir. Por eso, se aclara que «la superficie sujeta a la adenda del convenio urbanístico (con Disa) es de 2.472 metros cuadrados y ésta será únicamente la superficie que se transmita». Y, en otro momento, se añade que «ese excedente de superficie será de propiedad municipal».

El Gobierno de Canarias da por buenas estas explicaciones y considera que la deficiencia ha quedado subsanada.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios