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La compañía Guaguas Municipales ha presentado un escrito al magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria para solicitarle que archive la causa denunciada por la Fiscalía Provincial para dilucidar si hubo o no prevaricación administrativa en la adjudicación de 30 contratos que no se ajustaron a los procedimientos de contratación que marca la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como puso en conocimiento de la Fiscalía el Tribunal de Cuentas tras la fiscalización sobre las cuentas de 2021 de las compañías públicas en los municipios de más de 300.000 habitantes.
Guaguas solicitó el sobreseimiento de la causa, en la línea de lo que consiguieron ya Tussam de Sevilla y la EMT de Valencia, las otras dos empresas de transporte que se enfrentaron a la apertura de diligencias penales tras la aprobación de la memoria del Tribunal de Cuentas y su posterior remisión a la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
Las siete empresas incluidas en el informe del Tribunal de Cuentas referido a 2021 adjudicaron contratos sin seguir los procedimientos que impuso la Ley de Contratos del Sector Público a partir de 2020. En total se adjudicaron 12,58 millones de esta manera, de los que 1,8 millones eran de Guaguas Municipales.
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Javier Darriba
La empresa municipal de transportes de Las Palmas de Gran Canaria no solo defendió que los encargos se ajustaron al marco legal vigente en aquel momento, ya que muchos eran prórrogas, contratos menores o adjudicaciones en exclusividad, sino que ofreció un detallado repaso de cada una de las adjudicaciones.
En muchos casos, se defendió la adjudicación concreta a determinadas empresas por la especialización de los proveedores, que impedía o desaconsejaba recurrir a otras empresas. Este es el caso de Scania Hispania, al que en 2021 se le adjudicó la reparación y suministro de repuestos para sus guaguas (25% de la flota); Insular Carrocera, que reparaba la chapa y pintura, así como los aires acondicionados del grupo Castrosua, que montaba el 62% de la flota de Guaguas Municipales; Flick Canarias, que mantenía los vehículos de Mercedes, en especial las 13 microguaguas incorporadas en una licitación de 2014; Quer System Informática (suministro de licencias de uso del gestor de correos corporativos); Goal System (software de asignación de conductores y vehículos), Shuzohapp Spain (las máquinas que liquidan el efectivo recaudado en las guaguas) u Óscar Iván González (proveedor de servicios de mensajería y paquetería), entre otras firmas.
La compañía de transportes de Las Palmas de Gran Canaria alegó que su obligación es tener siempre disponible la flota, que en aquellos momentos estaba compuesta por 273 vehículos, de ahí que las contrataciones «obedecieron a la cobertura de necesidades de la empresa para poder prestar el servicio con puntualidad y seguridad y con la frecuencia exigida por los usuarios».
Guaguas reconoció las dificultades para adaptar su estructura a las exigencias de la nueva ley por falta de personal -en aquel momento se jubiló la única abogada de Contratación- y las limitaciones a la contratación que se impuso a las administraciones.
También se hizo referencia a las carencias de recursos humanos en las alegaciones presentadas por Guaguas Municipales al Tribunal de Cuentas. «En relación con la falta de medios personales y materiales, debemos indicar que la sociedad se encuentra en la actualidad tramitando la contratación de dos técnicos superiores en Contratación Pública con el objetivo de reforzar el departamento de Contratación y abordar los procedimientos pendientes de licitación, estando prevista su incorporación a comienzos del año 2024», justificaba el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, que permanece como investigado en las diligencias preprocesales abiertas por el juez.
Esas contrataciones se produjeron y permitieron pasar de una un órgano unipersonal a una estructura compuesta por cuatro personas.
Asimismo, y con el objeto de regular la contratación de los suministros, se configuró un sistema dinámico de adquisición, una figura que contempla la Ley de Contratos del Sector Público, que permite una «racionalización de la compra pública».
La oposición al pacto en el Ayuntamiento de Las Palmas de GranCanaria reacciona a la información sobre Guaguas avanzada por este periódico este lunes. Tanto el Partido Popular como Coalición Canaria enviaron notas de prensa en la que censuran la actitud del gobierno local, del que dicen que imponer la «ley del silencio.
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha afirmado este lunes que la alcaldesa capitalina, Carolina Darias (PSOE), ostenta la «dudosa honra» de tener a tres sociedades municipales -Sociedad de Promoción, Geursa y Guaguas Municipales- siendo investigadas de forma simultánea por la Justicia.
A juicio de los populares, «la aplicación de la ley del silencio es contraria a los principios de transparencia y buen gobierno que pregona nuestra alcaldesa», por lo que «lo razonable» hubiera sido que el concejal diera cuenta a la ciudadanía de lo sucedido, así como de las consecuencias que de esta imputación se deriven en el ámbito político.
«Sin embargo han aplicado el principio de estar callados para ver si pasaban desapercibido, lo que evidentemente no ha sucedido», explica la edil capitalina, «por lo que hoy anunciamos que llevaremos cuantas iniciativas sean necesarias para que el concejal y Darias den cuenta al pleno, por tanto a nuestros vecinos, de la situación que atraviesa su concejal de Movilidad y qué piensa hacer al respecto la primera edil», prosigue.
Esto viene a reforzar «la importante crisis de gobierno» que atraviesa el equipo municipal dirigido por el PSOE en la capital grancanaria, «por lo que debieron hacer uso del pleno de octubre para dar cuenta de esta situación y de adoptar cuantas decisiones fueran necesarias al respecto», enfatiza.
Por su lado, el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, lamenta que el edil de Movilidad, Empleo y Distrito Centro, además presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, ocultara al Pleno que está siendo actualmente investigado por el juez por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. «Es evidente la voluntad de ocultación a la ciudadanía de esta grave noticia, que nos ha dejado muy preocupados. Estamos hablando de que 1,8 millones de euros se han adjudicado sin procedimiento de contratación alguno por parte de Guaguas Municipales».
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