El juez investiga 30 contratos de Guaguas por valor de 1,8 millones

El Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una investigación por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa respecto a la contratación realizada por Guaguas Municipales durante el año 2021 sin seguir los procedimientos de adjudicación. Los contratos que han sido puestos en tela de juicio suman un valor de 1,84 millones de euros.

Las diligencias preprocesales se inician a partir de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Las Palmas mediante un escrito presentado el 26 de abril de este año. Las pesquisas tomaron como base la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas de los contratos adjudicados por las sociedades mercantiles municipales que gestionan el transporte colectivo urbano de viajeros en guaguas en los municipios con más de 300.000 habitantes, que son siete en toda España.

En su informe, aprobado el 20 de diciembre de 2023, el Tribunal de Cuentas detecta que en 2021 se produjeron adjudicaciones directas sin seguir los procedimientos administrativos preceptivos en Guaguas Municipales (1,84 millones de euros), en Aucorsa de Córdoba (1,85 millones), en la EMT de Málaga (682.233 euros), en la EMT de Madrid (5,03 millones), en la EMT de Valencia (2,77 millones), en la EMT de Palma de Mallorca (339.351 euros) y en Tussam de Sevilla (68.492 euros). Con diferentes cuantías, en todas y cada una de las empresas fiscalizadas se detectó la contratación directa de suministros o servicios sin procedimiento de adjudicación. Entre todas sumaban un importe de 12,58 millones de euros en esta situación.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas dio traslado de esta información a las diferentes fiscalías provinciales, aunque a mediados de junio de 2024 solo se había abierto diligencias penales en el caso de Guaguas, Tussam y la EMT valenciana. En la primera de estas dos últimas compañías, el Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones porque «no toda resolución contraria a la ley o acto administrativo irregular puede dar lugar al delito de prevaricación, ha de tratarse de un acto o resolución injustos y la ilegalidad de los mismos, según establece la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, ha de ser patente, evidente, flagrante y clamorosa».

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el presidente del consejo de administración de Guaguas Municipales y concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, fue declarado investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por el que tuvo que declarar ante el juez el 26 de junio.

El edil explicó a este periódico que sus responsabilidades en materia de contratación solo son exigibles para obras de más de 5,35 millones de euros y de servicios por encima de los 428.000 euros, cosa que no ocurre en ninguno de los treinta contratos sobre los que puso el foco el Tribunal de Cuentas. Aún así defendió la legalidad de los procedimientos empleados por la compañía e informó de que se aportó a la causa un informe propio realizado por Guaguas Municipales que justifica el modo en que se tramitaron esos treinta contratos.

La clave de la defensa de Guaguas es el cambio de régimen jurídico que se produjo entre 2018 y 2020 en la contratación pública con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público y el posterior Real Decreto-ley de Contratación Pública en determinados sectores.

«Los poderes adjudicadores no administración pública (como se considera a Guaguas Municipales) pasaron de contar con un régimen flexible y ágil para contratar mediante sus propias instrucciones internas de contratación, a un régimen rígido y densamente regulado, como es el propio de la administración pública», expone el informe que firma el director de los servicios jurídicos y contratación de Guaguas Municipales, Adrián Delgado.

En ese documento se detalla que «cada uno de los contratos que el Tribunal de Cuentas califica como sin procedimiento de adjudicación obedecen a contrataciones realizadas con carácter previo a la entrada en vigor» de la Ley de Contratos del Sector Público y el posterior Real Decreto-ley. Y, por tanto, todas las contrataciones estaban «amparadas en el marco legal aplicable en dicho momento» a Guaguas.

Los treinta contratos puestos bajo investigación se encuentran, según Guaguas Municipales, en cuatro supuestos distintos: los que fueron formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo marco legal; los gastos menores, que no requieren de la tramitación de un procedimiento de adjudicación; los contratos celebrados con proveedores exclusivos, es decir, que el servicio no lo puede prestar nadie más por ostentar derechos de exclusividad o por razones técnicas; y los contratos que habían vencido pero que necesitaban prorrogarse en el tiempo, «lógicamente con el mismo adjudicatario, por tratarse de prestaciones necesarias para la realización de las actividades de servicio público de Guaguas».

El informe de Guaguas Municipales, el análisis del Tribunal de Cuentas, el libro de facturas de la empresa y la relación de contratos adjudicados en 2021 sirvieron, a su vez, de base para la elaboración de un dictamen pericial económico que fue emitido por un perito judicial a solicitud de la Fiscalía Provincial de Las Palmas «a fin de corroborar lo manifestado por Guaguas Municipales (...) o, por el contrario, puede haber indicios de prevaricación».

Este dictamen, emitido el pasado 2 de octubre, llega a cuatro conclusiones que refuerzan las tesis empleadas por Guaguas Municipales en su defensa: en primer lugar, «no se detecta un uso ineficiente de los recursos de la empresa» en 2021; luego determina que no ha habido falta de transparencia; en tercer lugar, concluye que «la ausencia de contratación de proveedores nuevos (bajo el nuevo marco legislativo) en 2021 (...) no puede entenderse como indicio del delito de prevaricación administrativa», si bien aclara que «las irregularidades detectadas, determinadas por las circunstancias explicadas, a juicio de este perito solo podrían tener consecuencias en el ámbito administrativo, no en el penal»; y, por último, recomienda a Guaguas fortalecer sus controles internos.

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