
Gran Canaria y Lanzarote no cuentan con ningún psicólogo para sus juzgados de Menores
Tribunales ·
La escasez de personal del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas es alarmante. Las juezas han elevado una queja ante la Sala de Gobierno del TSJCSecciones
Servicios
Destacamos
Tribunales ·
La escasez de personal del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas es alarmante. Las juezas han elevado una queja ante la Sala de Gobierno del TSJCLos dos juzgados de menores de Las Palmas atraviesan una situación crítica debido a la falta de psicólogos en los equipos técnicos, un problema que ha sido puesto en conocimiento formalmente por sus magistradas titulares, Mercedes Martínez Sánchez y Reyes Martel Rodríguez. En un escrito dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), las responsables de estos órganos han expuesto estas carencias que afectan de forma importantísima la adopción de todas las resoluciones que suscriben «en el enjuiciamiento y ejecución de los expedientes de menores que se siguen en ambos juzgados», y sobre todo en «aquellos expedientes que se han de resolver de manera urgente», como pueden ser la adopción de medidas cautelares y la «resolución urgente de sustitución de medidas definitivas por otras más restrictivas».
Pero esta situación crítica que viven a diario los juzgados de Menores solo es una más de las que soportan otros órganos judiciales de la provincia por la extrema falta de medios humanos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas. Este órgano cuenta con una plantilla muy mermada y que apenas puede hacer frente a la cantidad ingente de trabajo que soportan desde hace años, desesperada por la «ausencia de respuesta» por parte del Ejecutivo canario a la hora de sustituir bajas o reforzar áreas sobrecargadas, sostienen fuentes del Instituto a este periódico.
En lo que respecta a los juzgados de Menores, desde mayo de 2024 operan sin psicólogos en sus equipos técnicos, conformados originalmente por tres profesionales en esta materia, tres trabajadores sociales y dos educadores. Actualmente, solo quedan dos trabajadores sociales y dos educadores, lo que impide realizar funciones esenciales que requieren especialización psicológica. En Lanzarote, la única psicóloga causó baja en diciembre de 2021, y desde entonces sus funciones han sido parcialmente asumidas por una profesional asignada a Fuerteventura, quien desde septiembre de 2024 solo atiende casos de menores reincidentes ya que, saturada, no puede asumir más carga de trabajo.
Las magistradas titulares de Menores 1 y 2 de Las Palmas enfatizan a la Sala de Gobierno del TSJC que esta situación afecta directamente la resolución de expedientes judiciales, particularmente en lo relacionado con medidas cautelares y definitivas. Según lo establecido en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, los informes psicológicos son fundamentales para garantizar que las decisiones judiciales estén basadas en una evaluación adecuada de las circunstancias personales y familiares de los menores.
El Real Decreto 1774/2004, que regula esta normativa, también subraya la necesidad de contar con equipos multidisciplinares que incluyan psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y médicos. Estos profesionales desempeñan un papel esencial en la evaluación de las características personales del menor, su entorno y la idoneidad de las medidas que puedan adoptarse.
Incluso, sostienen las magistradas, a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones del Consejo de Europa destacan la importancia de integrar equipos multidisciplinares en los sistemas de justicia juvenil. La ausencia de psicólogos que existe en la provincia de Las Palmas limita la capacidad de los juzgados para cumplir con los principios de justicia restaurativa y rehabilitación, afectando no solo a los menores y sus familias, sino también a la eficacia del sistema judicial.
Las magistradas advierten que, sin la intervención inmediata de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para cubrir estas vacantes, la situación podría deteriorarse aún más. En su escrito, urgen a la Sala de Gobierno a elevar esta problemática al Ejecutivo autonómico, enfatizando que la falta de psicólogos no solo retrasa los procedimientos judiciales, sino que también vulnera los derechos fundamentales de los menores.
Las magistradas subrayan que estos profesionales no solo realizan evaluaciones psicológicas, sino que también asesoran a los jueces, proponen medidas educativas y realizan un seguimiento que es clave para la reintegración social de los menores. Por ejemplo, son los que tienen que informar de la situación de un menor que está en un centro cerrado y podría cambiar a uno abierto si el informe es positivo.
El impacto de esta carencia se refleja en la sobrecarga de trabajo para los demás profesionales de los equipos técnicos, quienes no pueden asumir plenamente las funciones de los psicólogos. Esto no solo incrementa el tiempo necesario para resolver los casos, sino que también pone en riesgo la calidad de las decisiones judiciales y la atención que reciben los menores.
La situación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas es crítica. Su plantilla sigue siendo la misma desde hace 14 años y denuncian que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia no sustituye las bajas que se producen, no hay refuerzos y la tramitación de los contratos de especialistas por acumulación de tareas es extremadamente lenta –más de medio año– para atender esta urgencia.
Desde hace 14 años hay 27 médicos forenses en la provincia –20 en Gran Canaria, cuatro en Lanzarote y tres en Fuerteventura–, una cantidad que, según fuentes del Instituto, no puede hacer frente a la demanda de trabajo que tienen, sobre todo si, además, no se sustituyen las bajas.
Haciendo una radiografía de la situación del IML de Las Palmas, en estos momentos se encuentran con que el Ejecutivo no ha atendido a la petición formulada por este organismo de dos médicos forenses de refuerzo, un dato que adquiere relevancia si se tiene en cuenta que, además, en los últimos años se hayan creado numerosos órganos judiciales en la provincia y la plantilla del IML sigue siendo la misma. Además, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia no ha aprobado ningún refuerzo en todo el año 2024.
En cuanto al personal laboral del IML, también existe un problema importante puesto que no se están sustituyendo las bajas, denuncian, y ahora tampoco sustituirán las jubilaciones.
En materia de violencia de género, la ley establece que tiene que haber un equipo de médico forense, psicólogo y trabajador social por cada juzgado de violencia sobre la mujer, pero en Las Palmas solo existe uno provincial para los seis órganos judiciales especializados existentes. Por su parte, en Familia hay solo dos equipos técnicos desde hace 25 años.
Este problema de falta de medios en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas puede acarrear consecuencias críticas para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Por ejemplo, en los juzgados de familia, las sentencias sobre divorcios, custodia de hijos o revisiones de medidas como el régimen de visitas se demoran si no cuentan con los informes psicosociales necesarios.
En los juzgados de menores, se retrasa la adopción de medidas fundamentales para los menores, como decidir si deben ingresar en un centro cerrado, un centro abierto o recibir una medida educativa. Estas decisiones son esenciales para garantizar el bienestar de los jóvenes y no pueden ejecutarse sin los informes correspondientes.
En los juzgados de lo penal, especialmente en los casos de violencia de género, los juicios no se celebran hasta que se dispone del informe psicológico integral de la víctima. Esto provoca que, en ocasiones, los acusados salgan de prisión provisional sin sentencia debido a los límites legales de su detención preventiva.
La situación se replica en todos los procedimientos penales, donde los juicios no avanzan hasta que se emiten los informes psíquicos requeridos. Esto genera retrasos significativos: juicios que podrían resolverse en un mes pueden tardar un año o incluso más. La demora en los procedimientos es, sin duda, alarmante y afecta de manera sustancial a todo el sistema judicial.
La acumulación de retrasos en los informes psicológicos y psiquiátricos es un problema grave que repercute directamente en la eficacia y credibilidad de la Administración de Justicia. Es fundamental abordar esta situación para garantizar que los procedimientos judiciales se desarrollen en tiempo y forma, evitando así perjuicios para todas las partes implicadas.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.