Caso de la Gestión del Agua: el Ayuntamiento retira la acusación
Entiende, en síntesis, que no quedó acreditado que la actuación de los investigados generara un perjuicio económico concreto y cierto contra Emalsa y que no adoptaron decisiones penalmente reprochables
La representación legal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha modificado este miércoles íntegramente sus conclusiones en el caso Gestión del Agua y retira la acusación respecto a la docena de personas contra las que ejercía acusación.
Mientras la Fiscalía Provincial de Las Palmas pedía una sentencia condenatoria contra 15 antiguos directivos, consejeros y otros cargos vinculados a la empresa mixta de aguas Emalsa, el Ayuntamiento lo hacía contra una docena de personas tras haber alcanzado previamente un acuerdo extrajudicial con los representantes de Satocan, en concreto contra Juan Miguel Sanjuán, José Julio Artiles y Pedro Higueras. En el primero de los casos, la fiscal Evangelina Ríos modificó su petición inicial acogiéndose al criterio inicial de las acciones populares, y pidió una responsabilidad civil respecto a los presuntos perjuicios económicos ocasionados a Emalsa por el alquiler de Las Ramblas y que cuantificó en 270.000 euros por 2008, 900.000 por el año 2009 y otros 900.000 por 2010.
La acusación ejercida por el letrado del comité de empresa del Ayuntamiento contra todos los acusados ha rebajado su petición de condena de 6 a 4 años y cuantifica la responsabilidad civil en los mismos términos que la Fiscalía, si bien deben incluir los 5,4 millones que reclama que se le reintegren a Emalsa.La acción popular, que representa a la plataforma ciudadana 'El sol sale para todos', mantiene sus conclusiones iniciales y también solicita la responsabilidad civil de la Fiscalía, ha indicado su letrado.
Reacción sorpresiva
Fue al final de la sesión cuando la jefa de los servicios jurídicos del Consistorio, Tatiana Quintana, soprendió a todos en esta novena jornada del juicio. En el trámite de conclusiones, modificó su acusación y retiró todos los cargos al considerar que no se ha acreditado perjuicio económico ni conducta penalmente reprochable contra Emalsa.
La posición del Ayuntamiento capitalino para retirar los cargos -según ha podido saber este periódico- se basa en que los contratos en cuestión objeto de reproche penal fueron conocidos y validados por el consejo de administración de Emalsa, donde participa el propio organismo público y, además, contaron para esta parte con el respaldo de informes jurídicos externos emitidos por despachos como Gómez-Acebo & Pombo y Auren Abogados, que no advirtieron presuntas ilegalidades.
Este procedimiento penal se delimita a los años 2008 a 2011, según consta en el auto de transformación a procedimiento abreviado de fecha 30 de noviembre de 2018, por lo que el Ayuntamiento entiende que no pueden incorporarse hechos anteriores o posteriores a dicho marco temporal, invocando el principio acusatorio y su proyección en el juicio oral.
En cuanto al fondo, la acusación determina que, tras la práctica de la prueba, ninguno de los informes periciales presentados ha podido cuantificar un perjuicio económico concreto y cierto e incluso el informe del perito judicial Godoy, no arroja una cifra determinada. Otras periciales —elaboradas por firmas como Ernst & Young, Auren, PwC, Kroll y Análisis Ingenieros— concluyen que los trabajos contratados fueron efectivamente realizados y que los precios se ajustaban al mercado.
Respecto al encaje penal de los hechos, la retirada de la acusación se sustenta en que el escrito plantea que las conductas analizadas no son delitos y, de serlo, podrían dar lugar a controversias contractuales o administrativas, pero no alcanzarían los requisitos del derecho penal. Todo ello en un escenario en el que el Ayuntamiento entiende que la imputación a los acusados carece de individualización, lo que vulneraría el principio de culpabilidad. De hecho, esta parte cree que la simple firma de documentos por parte de apoderados no implica dolo penal si los contratos fueron posteriormente ejecutados y supervisados por técnicos.
Por último, el escrito invoca la existencia de dilaciones indebidas ya que desde el inicio de la investigación han transcurrido casi 12 años, y más de cuatro años y medio desde la apertura de juicio oral. Esta atenuante muy cualificada también fue invocada por tres de las defensas en este trámite de conclusiones, de forma subsidiaria a sus solicitudes de libre absolución.
La vista judicial se inició este miércoles con las declaraciones de un segundo y último grupo de siete acusados, quienes, como el día anterior, contestaron solo a las preguntas de sus respetivos abogados y tres de ellos también se sometieron al interrogatorio del Ministerio Fiscal.
Martorell dice que no habría caso de haber esperado a Auren
En la ronda de declaraciones de los acusados, el exdirectivo de Valoriza, Pablo Abril Martorell, afirmó que quizá no hubiese habido caso Emalsa si el informe de auditoría de Auren encargado por el Ayuntamiento se hubiera acabado antes de la denuncia presentada a la Fiscalía.
Indicó que al poco de presentarse la denuncia se conoció que los precios de los contratos con Sercanarias y que se cuestionan en la causa eran «intachables».
Señaló que propuso al entonces alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP), que se hiciera la auditoría porque estaba preocupado. Dijo querer una consultora de prestigio, pero no le hicieron caso, y el Ayuntamiento se la encargó a Auren «a dedo y saltándose» los procedimientos y la pagó Emalsa.
Martorell dijo que no intervino en ninguno de los 19 contratos de Emalsa con Sercanarias (participada por Valoriza y Saur) y que según la Fiscalía generó un perjuicio de 16 millones.
No obstante, estuvo en el consejo de administración en el que trató el contrato del mantenimiento del alcantarillado y que hubo informes que validaban que se podía contratar directamente con los socios privados de Emalsa, que eran los mismos que los de Sercanarias, Valoriza y Saur.
En cuanto a las prestaciones accesorias entre Emalsa y los socios privados, calificó ese documento como un «bodrio» que nunca se puso en práctica.
A preguntas de la fiscal Evangelina Ríos, contó desconocer el motivo por el que Rafael González Bravo de Laguna percibió dinero de Sercanarias en 2009, si bien ha precisado que su contrato era «muy singular y de alta dirección», y que en los años anteriores las cantidades que cobraba eran de menores.
Rafael González Bravo de Laguna aseguró que los contratos de Sercanarias con Emalsa se cumplieron y respondían a la legalidad y que a día de hoy la empresa sigue prestando servicios a la compañía.
Por su parte, el presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuán señaló que no tuvo ningún cargo en Emalsa, solo fue miembro del consejo en representación de su empresa y delegó su voto en el consejo en el que se abordó el contrato del mantenimiento del alcantarillado con Sercanarias. No obstante, afirmó que todos los acuerdos fueron correctos y se actuó conforme a la ley.
Sanjuán recalcó que «no tuvo conciencia de haber participado en algo ilícito».
