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El Foro por La Isleta presentó el día 15 de este mes un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria contra una resolución del Ayuntamiento capitalino, fechada el 13 de septiembre de 2023, por la que concede a Rodritol SL «licencia urbanística estimatoria para 'Reformado de proyecto para centro náutico de servicios de atención a embarcaciones deportivas de gran porte y otras profesionales análogas' sito en el Muelle del Refugio, en el recinto Portuario de Las Palmas».
Desde la plataforma ciudadana, que aglutina a varios colectivos vecinales, sociales y culturales del barrio capitalino, se señala que «aunque no hemos recibido la comunicación directa de la resolución, a pesar de manifestar nuestro interés en el proyecto, nos dirigimos al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria para cuestionar la legalidad de este proceso».
Por eso ahora han solicitado por escrito al Juzgado que se reclame de la administración municipal «la remisión del expediente» y que se le entregue a su representación legal para «la formalización de la demanda y seguido el procedimiento en la forma legalmente establecida, dicte sentencia por la que se declare que el acuerdo ahora impugnado es contrario a derecho, acordando su revocación».
«Estamos tomando esta medida con el objetivo de garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos administrativos que afectan a nuestro entorno», apuntan desde la plataforma ciudadana.
Además, el Foro por La Isleta manifiesta que «en nuestra solicitud al Ayuntamiento, previa a la interposición del recurso, pedimos el expediente de evaluación ambiental relacionado con la licencia urbanística del proyecto». Una demanda que asegura nunca se satisfizo.
Algo que también se recoge en el recurso presentado en los tribunales, en el que se especifica que esa petición al Ayuntamiento de la capital grancanaria se hizo el 17 de marzo de 2023, «de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)», ya que el Foro «tiene entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente del barrio de La Isleta y el fomento de la protección del medio ambiente en general, y entiende que tales fines pueden resultar afectados por la evaluación ambiental del proyecto del cual se ha aprobado licencia mediante la resolución que ahora se recurre».
Asimismo, en el recurso presentado el pasado miércoles se solicita al Juzgado que «acuerde requerir al Ayuntamiento para que, junto al expediente administrativo, aporte el Expediente de Evaluación Ambiental del proyecto inicial» del taller de megayates, así como «toda la información ambiental referente al reformado de proyecto».
En cuanto al reformado del proyecto, el documento recoge una reducción de las naves destinadas a los trabajos de pintado de megayates bajo el argumento de que, con la mejora en los procesos, ya no es necesario alojar la nave en su totalidad en su interior, pues hay técnicas a base de cubrirla parcialmente.
Añade que esto implica replantear la distribución de los edificios previstos inicialmente, lo que permite construir talleres convencionales. Por lo que se disminuye la altura de la nave de reparación destinada a los procesos de pintado de embarcaciones de 24 metros a 10,50.
El reformado del proyecto recoge que la nueva distribución «reduce considerablemente la volumetría de la edificación», por lo que se mejora «la integración e impacto desde la visual» de la ciudad hacia el Puerto.
Sin embargo, desde el Foro por La Isleta se hace otra lectura de estos cambios. «Al reducir las dimensiones y tener menos altura, el yate no va a caber en el taller. «¿Cómo van a hacer los trabajos, al aire libre?», apunta Félix Alonso, presidente de la plataforma ciudad del barrio portuario.
Alerta del «impacto visual» que esto va a tener de cara a la ciudadanía» que «se va a topar con medio yate fuera del taller». A lo que se sumará «la contaminación» que asegura implica la actividad, añade el representante del Foro
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