La Fiscalía sienta en el banquillo a Ramírez por fraude

La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que le sustituyó como administrador único de la empresa en 2011, en un movimiento que la fiscal cree una simulación, porque el primero «siguió tomando todas las decisiones» como propietario del 91% de la compañía.

Durante casi tres semanas, la Sección Primera examinará uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Canarias, no solo porque afecta al propietario de un club de Primera División (Ramírez preside la UD Las Palmas, de la que es accionista mayoritario) y a una firma que durante años ganó concesiones en administraciones de media España, sino por sus derivadas judiciales. De la relevancia del caso da prueba el hecho de que la noticia con el calendario del juicio fue recogida este martes por televisiones, agencias de noticias y periódicos digitales de ámbito estatal.

De esta causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de su primera instructora, Victoria Rosell, que salió exonerada de las acusaciones que se plantearon contra ella, mientras que Alba perdió su condición de juez y cumple desde el 18 de octubre de 2022 una condena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental.

En el juicio, la Fiscalía, Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO tratarán de demostrar que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de «ficciones» en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis de 2008.

Las cuatro acusaciones sostienen que esas maniobras de Seguridad Integral Canaria buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de «perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores».

La fiscal Ríos pide a Ramírez cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social, mientras que a De Armas le reprocha tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

La Fiscalía examina las operaciones que Seguridad Integral Canaria llevó a cabo desde 2011 para reducir su masa salarial, que le permitieron adjudicarse numerosos concursos públicos de vigilancia en España, a los que acudía con costes muy inferiores a los de su competencia, que sí pagaba el convenio sectorial.

La primera de esas maniobras, detalla, fue «camuflar» las horas extras que hacían sus vigilantes y abonárselas como si fueran dietas, «por una razón obvia», subraya la fiscal: con las dietas no tenía que retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF y se ahorraba cotizar por esos pagos a la Seguridad Social. Por esa vía, eludió el pago de 6,60 millones a Hacienda y de otros 11,45 a la Seguridad Social.

El resto de cantidades presuntamente defraudadas por ambos procesados al erario público provienen de los acuerdos de empresa que Seguridad Integral aplicaba a su plantilla tras «descolgarse» del convenio nacional del sector de la seguridad privada.

Los dos acuerdos de empresa resultaron anulados por el Tribunal Supremo, en sentencias que establecían que Seguridad Integral Canaria debería haber pagado a sus trabajadores conforme al convenio del sector desde 1 de marzo de 2012.

Al no aplicar el convenio del sector, subraya la Fiscalía, Seguridad Integral Canaria mantuvo en una «situación de precariedad a sus trabajadores» que le permitió no abonar determinados conceptos que en realidad les correspondían y por los que tampoco tributó.