La Fiscalía le pide 11 años de prisión por haber abusado en dos ocasiones de su hija
El Ministerio Público entiende que el acusado cometió los presuntos hechos en dos ocasiones, tanto en Barcelona como en Gran Canaria
La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide una condena de 11 años de prisión para un acusado de haber abusado sexualmente de su propia hija menor de edad, en unos supuestos hechos que sucedieron en dos ocasiones, una en Cataluña y otra en la isla de Gran Canaria.
El encausado, Gyan Carlo M.A., nacido en Venezuela en agosto de 87, se sentará en el banquillo el próximo jueves a partir de las 9.45 horas para ser juzgado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El primero de los hechos objeto de acusación se produjo sobre las 2.00 horas del día 5 de agosto de 2019, en una tienda de campaña instalada en un camping en la Costa Brava situado a aproximadamente una hora en coche de la ciudad de Barcelona. En este enclave y «actuando con el objeto de satisfacer sus instintos sexuales», el acusado aprovechó mientras dormía junto a su hija para, en un momento dado, «bajarle los pantalones del pijama y las bragas hasta las rodillas», determina la Fiscalía. Posteriormente, le hizo «varias fotografías de su zona púbica, parando luego durante un rato y repitiendo esta acción poco más tarde».
De la misma forma, en la madrugada del 25 de agosto de 2019, «después de que padre e hija se trasladaran a Gran Canaria donde reside habitualmente el encausado», volvió a acudir a la habitación de la menor mientras esta dormía. «Comenzó a bajarle el pantalón del pijama y las bragas, despertándose aquélla y levantándose de la cama».
El encausado, que acumula antecedentes por un delito de conducción sin permiso, por lesiones y quebrantamiento de condena, se enfrenta a 11 años de prisión y la prohibición de aproximarse a su hija a menos de 300 metros así como a su domicilio o lugar de estudios y comunicar con la misma de cualquier forma por tiempo de 13 años. También a la obligación de participar en programas de educación sexual y la privación de la patria potestad durante 12 años, además de que no podrá desempeñar profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. Por último, deberá indemnizar con 4.000 euros a la menor por los presuntos daños morales ocasionados, sostiene el Ministerio Público.
