Caso Seguridad Integral: La Fiscalía pide 21 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

Aconsecuencia de la presentación del escrito de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, el magistrado instructor Arcadio Díaz Tejera dictó el auto de apertura de juicio oral solo susceptible de recurso en cuanto a la situación personal de los acusados.

Ramírez, que está representado por un gabinete jurídico comandado por el letrado José Antonio Choclán, está pendiente de que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas resuelva el recurso interpuesto contra el auto de transformación en procedimiento abreviado. Además, esta petición de condena es bastante inferior a la interesada tanto por la Abogacía del Estado como por la acusación particular.

Según el Ministerio Fiscal, Ramírez cometió cinco delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los años 2009 a 2013 y, respecto a las cuotas presuntamente defraudadas a la Seguridad Social durante 2009 a 2017, le imputa dos delitos contra la Seguridad Social y otro más respecto al año 2017.

En el caso de Héctor de Armas, la fiscal Ríos estima que cometió dos delitos contra la Seguridad Social, el primero correspondiente al año 2011 a 2014 y el otro a los años 2015 a 2017, y tres delitos contra la Hacienda Pública desde 2011 a 2013.

También interesa que no puedan recibir subvenciones y beneficios fiscales durante 35 años en el caso de Ramírez y 22 en el de De Armas. A éste último le aplica la circunstancia atenuante genérica de dilaciones indebidas.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, Ramírez debería de indemnizar según este escrito de acusación a la AEAT en 6.603.308 millones por las cuotas «debidas, ocultadas y no ingresadas» correspondientes a las retenciones del IRPF de sus trabajadores en los años 2009 a 2013 y Seguridad Integral Canaria (SIC) -actualmente en fase de liquidación, deberá responder subsidiariamente a este importe. De esta cantidad, 3.448.112 millones debe afrontarlos de manera subsidiaria De Armas, al que considera responsable de las cuotas correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre los años 2011 a 2013.

Por último y de igual manera, el presidente de la UD Las Palmas debe afrontar una indemnización a la TGSS de 30.068.977 millones por las cuotas correspondientes a la cotización de los empleados de SIC –que responderá subsidiariamente– desde 2009 a 2017, a juicio de la fiscal Evangelina Ríos. De esta cifra también es responsable Héctor De Armas en lo que respecta a 23.470.628 millones correspondientes de 2011 a 2017.

Hay que destacar que anteriormente a este escrito de la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social solicitaron una condena de 73 años de cárcel a Ramírez, por un presunto fraude a las arcas públicas de más de 20 millones de euros a través de Seguridad Integral Canaria.

En los escritos de acusación de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social que formuló la Abogacía del Estado, también reclamó una condena de 73 años de cárcel para el administrador único de SIC, Héctor de Armas, por el presunto fraude.

Además de la pena de prisión para Ramírez, Hacienda y la Seguridad Social pidieron que se le impusiera una multa del triple de la cuota defraudada, es decir, 60 millones, y que se le impidiera recibir subvenciones y beneficios fiscales.

Ramírez cometió presuntamente a través de SIC cinco delitos contra Hacienda y nueve contra la Seguridad Social, según la Abogacía del Estado.

El empresario supuestamente camuflaba sobresueldos y horas extras de su plantilla, como dietas y desplazamientos -conceptos exentos de tributar-, sistema con el que se le acusa de haber defraudado entre 2009 y 2013 un total de 6,5 millones de euros a Hacienda y 13,7 a la Seguridad Social.

Hay que destacar que en esta causa, que nace en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y que ha pasado por las manos de los magistrados Victoria Rosell, Salvador Alba, Carla Vallejo y, por último, Arcadio Díaz Tejera, está pendiente de que la Audiencia Provincial de Las Palmas resuelva un recurso de apelación contra el auto de procedimiento abreviado dictado el 16 de junio de 2020.

En el mismo, la representación legal de Ramírez alega, entre otros motivos, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, la prescripción de los delitos y que no participó en ninguno de los supuestos fraudes al haber dejado la gestión de Seguridad Integral Canaria a Héctor de Armas.