El fiscal pide nuevas diligencias en el caso Valka para aclarar el origen de las permutas de suelo

El delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, Javier Ródenas, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se desarrolla la investigación del caso Valka, la práctica de nuevas diligencias tendentes a aclarar el origen de las actuaciones urbanísticas puestas bajo la lupa en el ámbito de Tamaraceite Sur. La operación Valka trata de averiguar si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una supuesta trama corrupta en Urbanismo y Parques y Jardines.

El Ministerio Fiscal se dirigió al magistrado Rafael Passaro Cabrera con un escrito firmado el 23 de diciembre pasado para revisar las operaciones urbanísticas que se sucedieron a partir de la finca 66.808, que es donde la denuncia de Rehoyas Avanza sitúa el origen de las permutas de terreno en Tamaraceite Sur que, supuestamente, dañaron el interés público.

La denuncia de Rehoyas Avanza apuntaba la posibilidad de que esta finca, que pertenecía a la entidad Ojos Solidarios y fue permutada a favor del empresario investigado Felipe Guerra, no existiera en realidad y que se hubiera producido una doble inmatriculación de los terrenos que sirvieron para desarrollar la zona de Tamaraceite Sur.

Respecto a la parcela 66.808, el fiscal solicita que se tome declaración, como testigo y perito, a la arquitecta y técnica municipal de la Sociedad Municipal de gestión de Urbanística (Geursa), que en el año 2012 emitió un informe en el que se decía que Ojos Solidarios no aparecía en la relación de propietarios afectados por el proyecto de expropiación de Tamaraceite Sur.

Esta finca juega un papel clave en la denuncia que ha originado el caso Valka. De ella se segregan varias parcelas que Geursa obtiene de Felipe Guerra a cambio de un aprovechamiento comercial en una parcela de nueva creación que está ubicada en la Cruz del Ovejero y en la que se sitúan, en la actualidad, el supermercado de Aldi de Tamaraceite y una estación de servicio de bajo coste.

Javier Ródenas también solicita al magistrado que se realice «una pericial técnico económica (por persona física experta o empresa experta independiente y desvinculada de Geursa y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) experta en delimitación física real de terrenos, tasaciones financieras, valoraciones de fincas, inmuebles, incluidos en proyectos de urbanización y expropiación».

La motivación de esta petición está en el hecho de que de las permutas y segregaciones que tuvieron como objeto a las fincas 66.808 y la 96.560 (esta última nació de la anterior) pudieran ser, presuntamente, «susceptibles de fraude».

El Ministerio Fiscal considera que es «necesario fijar, en su caso, el perjuicio sufrido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el delito de malversación de caudales públicos investigado, perjuicio que sería el determinado por la diferencia entre el valor señalado a las distintas fincas registrales objeto de las permutas en la escritura pública, y el valor resultante de la tasación pericial, lo que determinará, en su caso, el perjuicio evaluable económicamente (en la cuantía que resulte de esa diferencia)».

La petición del Ministerio Fiscal propone la división del procedimiento en cuatro piezas separadas. La principal es la relativa a los convenios urbanísticos de Tamaraceite Sur y supuestas irregularidades en la ejecución de contratos de obra y encomiendas de Geursa. Aquí es donde se incluyen los testimonios de los testigos, que son básicos para dilucidar si se incrementaban los precios de ejecución de las obras encomendadas por Geursa a «empresas amigas a las que de manera reservada se les prometía un mayor precio en el cobro del importe a lo realmente ejecutado con el límite máximo».

En esta parte del procedimiento, el Fiscal también solicita al magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria que se admita la personación de la asociación de vecinos Rehoyas Avanza, así como de dos particulares perjudicados que denunciaron los supuestos daños que sufrieron en el desarrollo urbanístico de Tamaraceite Sur. Esta admisión sería, única y exclusivamente, para la pieza principal, «no así para el resto de las piezas separadas».

La segunda pieza separada propuesta es la referida a la instalación de un segundo ordenador en el despacho de la exgerente de Geursa e investigada, Marina Más, para aceptar supuestamente conexiones remotas del anterior coordinador de Urbanismo y también investigado, José Setién, y permitirle su acceso a los servidores de datos municipales y al portal de Urbanismo. Hay que recordar que a Setién se le intervino en su domicilio un ordenador portátil al que se le habían instalado los accesos remotos con las credenciales de Marina Más, y un teléfono móvil que fue adquirido por Geursa.

En este caso, los hechos imputados a los dos investigados citados y al jefe del departamento jurídico de Geursa, Luis Pérez Cañón, así como la propia empresa municipal, son los de descubrimiento y revelación de secretos y uso de información privilegiada.

En cuanto a la tercera pieza propuesta por el Ministerio Fiscal, se centra en investigar las contrataciones de la empresa Esvertical, en la que participaban Felipe Guerra y el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también investigado, Miguel Ángel Padrón. En este caso, los hechos imputados a ambos pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

La última pieza separada es la referida a la investigación patrimonial de la estructura empresarial del investigado Setién así como de su núcleo familiar más próximo ante la adjudicación de proyectos, por parte de Geursa, a esas empresas en las que participaban. En este caso, el fiscal entiende que puede los hechos pueden ser constitutivos de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.

Ahora todas las partes tendrán que posicionarse respecto a la petición del fiscal, aunque todo apunta que habrá poca resistencia al despiece del caso.

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