El letrado que ejerce la acusación particular, Armando Martín Bueno. / COBER SERVICIOS AUDIOVISUALES

El fiscal pide 38 años para el militar que drogaba, abusaba de su hija y una amiga menor y las grababa

El individuo, que ya fue condenado a siete años de prisión por hacer lo mismo con su ex, reconoció los hechos en la fase de instrucción

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El fiscal delegado de Criminalidad Informática, José Antonio Díez, ha pedido 38 años de cárcel para el militar profesional que fue detenido tras haber abusado sexualmente de forma continuada de su hija menor de edad y de una amiga de ésta, a las que llegó a drogar con somníferos y grabó los actos. Además de producir pornografía infantil, se descargaba este material ya que se le incautaron archivos de contenido sexual de menores «de características físicas compatibles con edades inferiores a cinco años».

El Ministerio Público interesa además que el acusado -que reconoció los hechos durante la instrucción- indemnice con 200.000 euros a su hija menor de edad y con 2.000 a la otra víctima. Mientras, la acusación particular ejercida por el letrado Armando Martín Bueno interesa una pena de 42 años de prisión y el pago de 300.000 y 2.000 euros, respectivamente, a las dos menores.

Hay que recordar que este individuo, de 34 años y vecino de la capital grancanaria, ya fue condenado a siete años de prisión después de que reconociera que, al mismo tiempo de que cometía los actos sobre su hija y la amiga de la niña, también abusó de su expareja y lo grabó en vídeo.

La acusación

En el caso que está pendiente de juzgar y según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado actuó en todo momento «movido por una atracción libidinosa hacia menores de edad».

Los hechos -según esta parte- comenzaron durante los meses julio hasta diciembre del año 2018, cuando este militar profesional en su domicilio particular en Las Palmas de Gran Canaria, estuvo conectándose o accediendo a internet y recibiendo y enviando imágenes, en archivos de vídeos, de niñas menores de edad, en actitud y comportamientos sexuales explícitos de todo tipo, solas, con hombres adultos, con felaciones y penetraciones.

El militar realizaba tales acciones, en ocasiones a través de la red de intercambio de archivos ('peer to peer'/ P2P), o mediante el programa eMule. Todo ello a sabiendas de que cada vez que iniciaba la descarga de un archivo de dicha plataforma se convertía en servidor para otros de la parte del archivo que se iba descargando, poniendo a disposición de cualquier usuario de dicha plataforma el archivo en cuestión, de modo que un número indeterminado de personas pudieron acceder, ver, o almacenar las mencionadas imágenes.

De esta forma, los investigadores dieron con el acusado durante una macro operación contra la pornografía infantil denominada 'Magnesio', que derivó en la detención y posterior entrada y registro en los inmuebles donde este individuo residía, tanto en la capital grancanaria como en Telde, donde vivían sus padres.

Allí encontraron numerosos dispositivos digitales de almacenamiento y, al examinarlos, detectaron que no solo había archivos que se había descargado, sino otros tantos que él había grabado utilizando como víctimas a su propia hija menor de edad y a una amiga de ésta.

De esta forma, en dicho periodo y en otro domicilio también de la capital grancanaria creó estos archivos digitales de pornografía infantil, utilizando la cámara de fotografías y vídeo de un teléfono móvil que le fue incautado. Concretamente tomó tres fotografías de su hija arrodillada, de espaldas a la cámara del teléfono móvil, mostrando sus partes íntimas.

Las acusaciones

  • 38 y 42 años de prisión. Tanto el fiscal como la acusación particular creen que el acusado cometió un delito de distribución de pornografía infantil, un delito continuado de abuso sexual a menor con penetración y prevalimiento, otros dos contra la intimidad en concurso medial con uno de utilización de menor para elaborar pornografía infantil y un delito de abuso sexual.

El 13 de agosto de 2018, grabó otros dos vídeos más. En el primero de ellos se observaba a la niña tumbada y cómo el acusado le separaba la ropa interior para enfocar a las partes íntimas de la menor. Once minutos más tarde, grababa el segundo vídeo, en el que la menor era penetrada por el acusado, que enfocaba únicamente el acto en sí.

Más tarde, el día 20 del mismo mes, grabó dos vídeos más. En el primero se podía observar a la menor de edad tumbada lateralmente y cómo el acusado, operando la cámara, le bajaba la braguita que vestía y mostraba a la cámara la vagina de la misma y con el dedo meñique la penetraba. El acusado, mientras realizaba estos hechos, le preguntaba a su hija: «¿No te duele?»

En el segundo de los vídeos grabó a la niña, arrodillada, de espaldas a la cámara del móvil. El militar, operando la cámara, le retiró lateralmente las braguitas que traía puestas, mostrando los genitales de la menor, e intentó introducirle sus dedos.

A otra menor

Pero sus hechos no quedaron ahí, ya que aparte de haber cometido tales delitos sobre su propia hija menor de edad, también los llevó a cabo -según el fiscal-, sobre una amiga de la niña. En uno de los vídeos incautados, se observó cómo el acusado retiraba la ropa interior, mostraba las partes íntimas de la menor y realizaba tocamientos en su vagina.

De la misma forma, el individuo elaboró archivos de pornografía infantil, utilizando dos cámaras de videovigilancia, que, para vulnerar la intimidad ajena captando desnudas a menores, colocó oculta en el cuarto de baño de su domicilio. Concretamente, grabó seis vídeos de las dos menores desnudas y duchándose.

El caso será juzgado por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La acusación particular eleva su petición a los 42 años de cárcel

Mientras la Fiscalía Provincial de Las Palmas interesa una condena de 38 años para el militar profesional, la acusación particular eleva su petición de pena a los 42 años de prisión.

El abogado Armando Martín Bueno estima que el acusado debe de cumplir cinco años por un delito de distribución de pornografía infantil; 15 años por abuso sexual continuado a una menor, con penetración y prevalimiento; 18 años por dos delitos contra la intimidad en concurso medial con otros tantos de utilización de un menor para elaborar pornografía infantil y cuatro por un delito de abuso sexual a un menor.

Además, pide esta parte que el soldado profesional grancanario pague en concepto de responsabilidad civil por los daños morales ocasionados a su propia hija menor de edad la cantidad de 300.000 euros, y otros 2.000 a la otra niña que fue objeto de estos presuntos hechos.

Hay que recordar que el acusado está privado provisionalmente de libertad por esta causa desde el 20 de noviembre de 2019. Al día siguiente, la autoridad judicial decretó suspender cautelarmente el ejercicio por parte del investigado de la patria potestad y derechos y facultades inherentes a la misma respecto de sus dos hijos, la cual ejerce en exclusiva su madre, que también sufrió abusos sexuales por parte del investigado. Por estos últimos hechos fue condenado en una sentencia de conformidad del 28 de abril de 2021 por el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria a siete años de cárcel.