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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de acordar la realización inmediata «de diferentes acciones que garanticen la seguridad de las vías entre las calles Casa Ayala y Mariquita Jiménez, tanto en relación con el firme como con el desprendimiento de las laderas». La actuación afectaría a las calles Manuel Batista, La Peña, Mariquita Jiménez, Balo y Casa Ayala, que sin embargo no quedarán conectadas entre sí.
El presidente de la asociación de vecinos San Nicolás de Bari, Marcos Javier Guerra Medina, recordó una reunión que se celebró en marzo con el concejal de Urbanismo, Javier Doreste. «En marzo dijo que se podía cambiar el plan y enlazar con la Subida del Espigón. Y si no, enlazarlas unas con otras. No puede ser que cuando llueve, los servicios de emergencia no puedan entrar en la zona y las personas mayores se tengan que buscar la vida para que los recoja la ambulancia en Mariquita Jiménez», expuso, «les pido que se unan y busquemos una solución porque Casa Ayala tiene un gran problema, nos harían las personas más felices del mundo si se mejoran las cinco calles».
La moción de CC detallaba que «los vecinos de Casa Ayala y Ladera Alta no pueden continuar poniendo sus vidas en riesgo con la llegada de las lluvias, con los corrimientos de tierra o, incluso, con la necesidad de acceso de vehículos de emergencias, que se las ven y desean para llegar a las viviendas que se encuentran en ellas».
La propuesta, respaldada por todos los grupos municipales con representación municipal, rechaza la primera de las dos peticiones de los concejales nacionales, que iban en el sentido de desarrollar el plan parcial de Casa Ayala.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, «explicó que los vecinos piden que se conecten entre sí siguiendo las veredas que se han ido trazando en la zona. Eso mejoraría sus condiciones de vida. Se nos solicita la urbanización de calles privadas que ni siquiera son calles en sentido urbanístico porque no están ordenadas. Se solicita que ejecute calles sobre terreno privado que carece de ordenación urbanística, lo que es ilegal e imposible».
Doreste detalló que el desarrollo del Plan General contempla la construcción de 420 viviendas, de las que al menos un centenar deberá estar sujeta a algún tipo de protección. «El desarrollo de ese plan traería la conexión», dijo, «nosotros no podemos expropiar porque eso exige que haya una ordenación pormenorizada; podemos cambiar la iniciativa a pública, pero eso abriría una vía judicial que conduciría a durísimas indemnizaciones; podríamos alentar a los propietarios a hacer esos nuevos accesos, pero esto vendría acompañado de 420 nuevas viviendas y no creo que el barrio esté a favor de eso».
Sin embargo, el representante d ellos vecinos aseguró que «estaríamos agradecidos que hicieran las 420 viviendas si se arreglase la zona»
El concejal de Urbanismo anunció que, pese a todo, se tratará de hacer las obras de manera subsidiaria, de modo que las cinco calles queden aseguradas y mejoren su seguridad.
El acuerdo no significa que el debate no estuviera exento de críticas. Así, el edil proponente, David Suárez, lamentó que tras ochos años no se hubiera hecho nada para mejorar las condiciones de vida de los vecinos. «Vamos a ver cuánto van a tardar ahora», advirtió.
Por su lado, el concejal del PP Ignacio Guerra recordó que el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, anunció en 2016 que ayudaría a los vecinos y que se iba a estudiar las soluciones para asfaltar las vías. «Luego ha venido abandono a Casa Ayala y Risco Quío», dijo, «en caso de lluvias hay problemas serios, póngase manos a las obras y busquen soluciones».
Por último, la concejala no adscrita Carmen Guerra recordó que en septiembre pidieron un tractor para mejorar los accesos. «Estas personas no pueden entrar y salir de casa cuando llueve, y sienten miedo dentro de sus viviendas», le dijo a Doreste, «lleva ocho años sentado en la silla y se excusa en el Plan General».
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