Imagen de archivo de colas a las puertas de las oficinas municipales. / C7

La falta de personal condena a los peticionarios de ayudas sociales a esperar cuatro meses por una cita

Los trabajadores anuncian movilizaciones y UGT reclama la sustitución inmediata de las vacantes, que superan la veintena

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

Es solo una muestra de la situación que se está viviendo. Una señora llamó este miércoles al área de Familia e Infancia del distrito de Ciudad Alta porque necesitaba una ayuda de emergencia y los servicios sociales no le podían dar cita hasta octubre. «Llamaba para ver si se podía enviar un correo diciendo que esta señora no podía esperar hasta octubre», explica Penélope Rubio, secretaria general de la Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El sindicato denunció ayer que la falta de personal, derivada del hecho de que no se cubren las bajas médicas ni las jubilaciones, así como por la finalización del contrato de veintiuna personas, determina que los ciudadanos tengan que esperar cuatro meses para ser atendidos por los servicios sociales. «Esta situación se agravará cuando los trabajadores comiencen a disfrutar de las vacaciones», advertía UGT, « las llamadas pendientes a los ciudadanos son inasumibles con el escaso personal y la urgencia que se debe abordar, sin medios».

En estos momentos hay dieciocho bajas médicas sin reemplazar y otras cinco jubilaciones sin cubrir, algunas desde 2020.

Los trabajadores entienden que la situación es insostenible puesto que se enfrentan, con menos personal, a un aumento de demanda de ayuda social por parte de una población afectada por la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19. Hay que tener en cuenta que la concesión de ayudas se ha disparado en lo que va de año: entre enero y febrero se incrementaron un 92%; y entre febrero y marzo siguieron creciendo un 34% más. Y se teme que se produzca una avalancha de peticiones cuando se extingan los expedientes de regulación temporal de empleo.

Los trabajadores sociales de Ciudad Alta son los más afectados por esta situación porque allí se han producido más bajas. Ellos han anunciado ya el inicio de movilizaciones, como concentraciones «porque no ven salida».

Ante esta situación, UGT considera «imprescindible que se proceda a incorporar de forma urgente al personal necesario para poder dar respuesta a las demandas ciudadanas, así como prestar un servicio eficaz y eficiente». En este sentido, Rubio demanda que las contrataciones no se hagan solo al 75% del horario, como ocurrió con los veintiún trabajadores a los que se les ha acabado el contrato, sino que trabajen a tiempo completo.

El dato

  • 1.553 prestaciones. Se trata del número de ayudas económicas directas concedidas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el primer trimestre del presente año. Se trata de prestaciones que tratan de ayudar a una población vulnerable a paliar los efectos de la crisis.

Además, se pide una actuación más ágil por parte de la administración ya que la lista de reserva de trabajadores sociales y auxiliares administrativos «se encuentra inoperativa». De hecho, se da el caso de una trabajadora social que fue llamada en octubre para cubrir una jubilación y todavía no se ha incorporado por trabas de tipo burocrático.

Por eso, UGT solicita que «la dotación de personal sea estable, eliminando la precariedad de contratos, y además se pide más recursos materiales y una mayor inversión en servicios sociales.

Asimismo, el sindicato critica que la gestión de las peticiones de los ciudadanos a los servicios sociales se haga a través del servicio telefónico 010, que no es gratuito para todos ya que su coste es el de una llamada local, algo que «no tiene razón de ser».

Críticas de CC-UxGC

La denuncia de UGT coincide en el tiempo con la crítica realizada por Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria sobre la situación de los trabajadores. Su portavoz, Francis Candil, denunció que en el caso de Ciudad Alta, el tiempo de espera para conseguir una cita se eleva ya a seis meses.

El edil exigió al alcalde, Augusto Hidalgo, la creación de un plan de choque que, durante los próximos dos años, permita fortalecer el músculo de la atención a los vecinos. «Este Consistorio está desbordado por la emergencia social, a la que se le suma la problemática con la inmigración. No hemos visto a Hidalgo exigir al Estado recursos extraordinarios para atender la grave situación de los sintecho, que ya ronda las 500 personas en la calle».

Firma de tres convenios con ONG por valor de 373.000 euros
Carmen Luz Vargas. / C7

El Ayuntamiento aprobó ayer la firma de tres convenios para la concesión directa de subvenciones a tres entidades sociales del municipio por importe de 373.000 euros.

La concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, explica que «estos acuerdos conforman tres de las diez subvenciones directas que otorgamos a organizaciones dedicadas a la atención de colectivos en riesgo de exclusión, a las dedicaremos dos millones de euros», y destaca que «con motivo de la situación que estamos viviendo por la pandemia, este año adelantamos las subvenciones con el objetivo de que estas entidades tengan liquidez garantizando que puedan seguir atendiendo a la población que lo necesita».

El Ayuntamiento destinará 242.090 euros a la Obra Social de Acogida y Desarrollo para garantizar que las personas sin hogar tengan los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas más inmediatas, así como un alojamiento.

Por otra parte, el Consistorio renovará su compromiso con la Asociación de Familias para el Apoyo de Personas con Enfermedad Mental (AFAES) para que continúe con su función social mediante una subvención de 110.846,13 euros que garantizará la ejecución de programas para personas con discapacidad psíquica y sus familiares.

Por último, el convenio con el Banco de Alimentos estará dotado con 20.000 euros para colaborar en la adquisición y distribución de alimentos ente la población en riesgo de exclusión social del municipio.