Entidades de reparto de alimentos denuncian las «trabas» que el Ayuntamiento pone a su labor

Los portavoces de la asociación cultural y vecinal Cofiris de San Nicolás, la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales (Avesar), la asociación de vecinos Iguamira de Las Coloradas, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Canarias y la asociación de vecinos Isleta Unida ofrecieron una rueda prensa en el parque de Don Benito para reclamar «la reapertura de los locales municipales» donde se atendía a familias sin recursos derivadas de los servicios sociales del Consistorio, gracias a las aportaciones del Banco de Alimentos de Las Palmas.

Explicaron que el cierre de estos espacios ha acabado con entidades que desarrollaban esta tarea de atender la necesidad de «alimentos de primera necesidad» en barrios como «Las Torres o Guanarteme».

«Somos muchas más instituciones que las que estamos presentes aquí las que estamos pasando por la misma situación», señala Isabel Alfaro, de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados. Recuerda que en su caso, «el Ayuntamiento nos cerró el local sin previo aviso» en septiembre de 2020 y se vieron obligados a alquilar un espacio que pagan los voluntarios, en Cruz de Piedra, para continuar atendiendo a las 160 familias a las que ayudan y que «suponen más de 350 personas».

Israel Medina, de Cofiris, asegura que en septiembre de 2021 llevaron a cabo el último reparto de comida en el local municipal de Zárate que venían gestionando desde hacía 8 años para dar respuesta a familias de San Nicolás y del Cono Sur. «Nos dijeron que estaba en ruinas y se iban a hacer obras, pero no se ha hecho nada», apunta.

Además, cuestiona que la razón del cierre sea «el paso a nivel 3 de alerta por el covid porque durante el confinamiento no cerramos e incluso triplicamos las familias que atendíamos».

Explica que ahora ayudan a las «50 familias» que les queda en un local que paga Cofiris. Y denuncia que «el Ayuntamiento no nos deriva más familias para que no tengamos usuarios y cerrar», cuando «a las personas que atendíamos en el Cono Sur las están mandando al Fondillo».

Josefa Ventura comenta que la justificación que le dieron sobre el cierre del local de Las Coloradas fue «que donde mandaba capitán no mandaba marinero», y tuvo que «regalar los alimentos y ropa que teníamos a una ONG». Ahora esas personas necesitadas van a San Pedro o a La Luz.

José Antonio Silva, de Avesar, explica que tienen 840 familias beneficiarias y les reparten en el local que paga un colaborador. «Estamos dando la cara todos los días, cosa que ellos no hacen, y llevamos cinco años pidiendo un local al Ayuntamiento», indica.

Paco Florido es voluntario en Schamann e intervino en el pleno de noviembre para denunciar la situación de la ciudad a nivel social y las dificultades de estas entidades. «Niegan que exista el problema, no lo reconocen», dice.

Respecto al argumento esgrimido desde el Ayuntamiento de no autorizar el reparto enestos espacios municipales por no reunir condiciones, las entidades aclaran que «tenemos el visto bueno del Banco de Alimentos».

«Atendemos una necesidad que es real», recuerda José Antonio Martín, de La Isleta, que además alerta de que este cierre afecta a las personas mayores que iban a realizar actividades de ocio y que «ahora están encerradas».