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La tramitación de la modificación de las normas del Plan General de Ordenación, que trata de reconocer y regular la figura de la vivienda vacacional, no solo impone dificultades de cumplimiento práctico, como la obligación de disponer un acceso diferenciado y tener que estar por debajo de los pisos residenciales cuando se comparten uso, sino que además excluye su implantación de algunas zonas de la ciudad.
Los suelos categorizados como barrios tradicionales no podrán tener viviendas vacacionales, lo que en algunos casos, como en La Isleta, difumina la posibilidad de que se mantenga este nicho de negocio. En el barrio del istmo, los pisos turísticos quedarán prohibidos en todas las calles salvo en Juan Rejón, La Naval, el entorno de La Puntilla y la urbanización Nueva Isleta.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, explicó que la situación de irregularidad en que se encuentran estos negocios no se deriva de la modificación de las normas urbanísticas. «Ya estaban así desde el Plan General de 2012», expuso el edil. Lo que hace el Consistorio es llevar al nuevo planeamiento las disposiciones de la ordenanza municipal de edificación. Ésta establece que los pisos turísticos que compartan espacio con el uso residencial en el mismo edificio, tendrán que estar siempre por debajo de las plantas de viviendas y, además, deberán tener un acceso independiente, «sin utilizar para ello escaleras, ascensores o portales de acceso a las viviendas».
De acuerdo a los datos que maneja el Cabildo de Gran Canaria, en el barrio de La Isleta hay en estos momentos un total de 209 viviendas vacacionales, casi un 9% de las que están dadas de alta en el municipio. De ellas, 57 están en La Naval, Juan Rejón y la Nueva Isleta, mientras que otras veinticinco, aproximadamente, se concentran en el entorno de La Puntilla. Éstas son las que se podrían salvar si cumplen con los requisitos generales, pero el resto no podría continuar. Uno de cada cuatro negocios tendría que cerrar.
En todo caso, el responsable municipal de Urbanismo dijo estar dispuesto a hablar de la situación en que queda la vivienda vacacional. «Nunca nos hemos negado a hablar pero no han venido a hacerlo», sentenció Javier Doreste. La alegación de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) contra las normas urbanísticas fue desestimada, sin embargo, por el Consistorio capitalino.
En una situación similar a la de La Isleta se encuentra una parte de Schamann, básicamente el espacio comprendido entre el Canódromo y Pedro Infinito; y otros barrios en los que no se permitirá este uso turístico por ser incompatible con la norma zonal que rige en ellos. Es el caso de núcleos como Costa Ayala, Ladera Alta, La Galera, San Roque, San Antonio o San José, entre otros.
En la contestación a las alegaciones recibidas, el Ayuntamiento aclaraba que «esta nueva modalidad turística se permite en (...) la mayoría de zonas que conforman la ciudad», aunque siempre con las condiciones de independencia antes mencionadas para poder compatibilizarla con el uso vivienda. Así, queda permitida en los barrios más poblados de la ciudad (Schamann, Siete Palmas, Arenales), los núcleos de baja densidad como Ciudad Jardín, algunas parcelas sin edificar o el entorno de Perojo.
En cuanto al eje Vegueta-Triana, que concentra en torno al 7% de las viviendas vacacionales de la ciudad, el concejal de Urbanismo aseguró que el plan especial de protección que rige en el casco histórico posibilita el mantenimiento de la actividad. Sin embargo, la norma fija un límite para los dos barrios de cuatrocientas camas. En el ámbito hotelero aún queda posibilidad de crecimiento ya que están declaradas unas 380 plazas y en estos momentos no hay proyectos para abrir nuevos hoteles emblemáticos. Sin embargo, la oferta de viviendas vacacionales rebasa de manera amplia esta limitación ya que oferta 736 plazas en unos 167 establecimientos.
«No se puede echar toda la culpa del aumento del precio del alquiler a la vivienda vacacional pero ha rematado la tendencia al alza», expuso el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, «por eso nuestra política es apostar por crear cuatrocientas viviendas de alquiler social y más de doscientas de protección oficial de renta limitada para la clase media que no puede hacer frente a una hipoteca».
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