El 58% de las viviendas turísticas se concentra en torno a Las Canteras

Algo más de 1.400 casas se alquilan a turistas en Santa Catalina-Mesa y López, Guanarteme y la zona Puerto. Representan el 64% de la oferta de plazas de la ciudad. Presentan una fuerte presencia en calles como Luis Morote, cuya oferta supera el centenar de pisos en alquiler

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA

La playa de Las Canteras es uno de los bastiones turísticos de Gran Canaria. De acuerdo con los datos del Patronato de Turismo, frente a La Barra se genera aproximadamente el 5% de los ingresos turísticos de la isla, con algo menos de sesenta millones de euros al año; y presenta un nivel general de ocupación de casi el 74%, el segundo mayor de la isla después de Maspalomas.

En esta estructura económica juega un papel cada vez más importante la vivienda vacacional, que se ha extendido en el entorno de esta potencialidad turística. Alrededor de la playa se concentra en estos momentos más de la mitad de los pisos vacacionales que tiene la ciudad -unos 1.400 de algo más de 2.400- y más del 64% de la oferta de plazas, con alrededor de 6.000 de las casi 9.400 declaradas en el municipio.

Según la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), casi el 47% de las plazas alojativas de la ciudad corresponden a esta tipología de alojamiento. Y el gasto por turista y día en 2017 fue de casi 161 euros.

La pujanza de esta tipología extrahotelera se demuestra en que cada vez tiene más presencia en otros puntos de la ciudad: un centenar de viviendas en Vegueta; algo menos de 70 en Ciudad de Mar y en Triana; 26 en Arenales; 33 en Ciudad Jardín; alrededor de 200 en Alcaravaneras y en La Isleta; 23 en Escaleritas; 11 en Schamann; 8 en La Paterna; 21 en los Riscos; 7 en el Cono Sur; 17 en Tafira; 11 en Tamaraceite; y 9 en Siete Palmas-Las Torres y en Marzagán.

En algunas calles cerca de la playa, como Luis Morote, hay más de un centenar de apartamentos en alquiler para turistas, más que en la propia avenida de Las Canteras. También es importante la oferta que presentan calles como León y Castillo (en torno a cuarenta), la plaza de La Feria (una veintena) o Veintinueve de Abril (alrededor de cuarenta).

El número medio de plazas que ofrece cada piso turístico en la ciudad es de cuatro, aunque la oferta se mueve entre las veinticuatro personas y los alquileres individuales.

La normativa que está impulsando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puede hacer tambalear los cimientos de esta industria. Las exigencias que se imponen -básicamente la obligación de tener un acceso diferenciado al de las viviendas residenciales cuando compartan edificio y la prohibición de estar por encima de cualquier piso de uso residencial- han despertado las alarmas en las federaciones nacional y canaria de apartamentos turísticos, que consideran que estas limitaciones impedirían el mantenimiento de estos negocios en la práctica totalidad de los casos. Ellos han calculado que lo que está en juego es un negocio de unos treinta millones de euros al año, del que se benefician básicamente, según explican, pequeños propietarios.

En el Consistorio, en cambio, no se comparte esta visión tan alarmista. Se insiste en que lo único que se ha hecho es trasladar al Plan General de Ordenación la figura de la vivienda vacacional -como nueva modalidad de oferta extrahotelera- con las exigencias que ya tenía en la ordenanza de Edificación. Además, los técnicos consultados por este periódico dudan de la capacidad material del Ayuntamiento para llevar a cabo inspecciones al respecto.

De hecho, en las respuestas que ofreció a las alegaciones presentadas contra la regulación de la vivienda vacacional, se asegura que se permite la vivienda vacacional «en la mayoría de las zonas de la ciudad», esto es, en los suelos previstos para viviendas unifamiliares retranqueadas, viviendas colectivas, parcelas sin edificar, el entorno de Perojo y Canalejas, áreas de edificabilidad agotada...

El Consistorio insiste en que se trata de diferenciar el uso residencial del turístico. Y asegura, en las respuestas a las alegaciones, que al uso turístico se le aplican las condiciones que están contempladas desde el año 2000 a las actividades que no son residenciales y comparten espacio en los edificios de viviendas.

Sin embargo, Fevitur considera que la ordenación «resulta altamente discriminatoria respecto de otras actividades que se pueden realizar en un edificio residencial».

En su alegación contra la norma municipal ponen el ejemplo de un despacho de abogados. «Piénsese en la cantidad de personas que pueden visitar un despacho de abogados en un solo día», exponen, «por el contrario, el uso que el turista hace de la vivienda es igual que el que puede hacer un residente; y en ocasiones mucho menor ya que el turista prácticamente solo está en el alojamiento para descansar, encontrándose durante la mayor parte d su tiempo realizando actividades de ocio fuera del alojamiento». Para Fevitur, «no existe una justificación suficiente para establecer una limitación de esta clase únicamente para la vivienda vacacional».

Este periódico intentó ayer contactar con el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, para saber si el Ayuntamiento ha detectado problemas de convivencia en los barrios derivados del funcionamiento de la vivienda vacacional, pero el edil prefirió no realizar declaraciones al respecto.

La gerente de la asociación de empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez, dijo no tener constancia de quejas de vecinos, como sí ocurre en algunas partes de Madrid. «En esta zona la gente está muy acostumbrada al turismo», expuso, «aunque al haber más pisos turísticos, que se alquilaban hasta ochenta euros al día, pues había subido mucho el precio del alquiler residencial, ya que se había reducido su oferta».

Por su parte, el viceportavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, pidió ayer al grupo de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) que «alguien explique las razones por las que se ataca a la vivienda vacacional de la ciudad con una normativa que ni cumple, ni podrá cumplir la realidad de este sector asentado en la ciudad».

En una nota de prensa, indicó que «lo menos que puede hacer Hidalgo es explicar con transparencia y argumentos qué objetivos persigue esta regulación».

«Como consecuencia de esta regulación tan específica, los pequeños propietarios que poseen una segunda vivienda y que explotan en régimen de alquiler vacacional ya no podrán hacerlo al no cumplir con estos nuevos condicionantes», añadió.

Por otro lado, el grupo municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigió también al tripartito «una posición clara sobre el alquiler vacacional en la capital”. Al respecto, la portavoz municipal de Cs en el consistorio capitalino, Lidia Cáceres, señaló que «ya es hora de que el gobierno municipal deje de contradecirse y se ponga de acuerdo respecto a la normativa de esta modalidad turística».

En este sentido, Cáceres afirmó que «esta modalidad de alojamiento es la más demandada por las familias y, lamentablemente, parece que dentro del tripartito no luchan por los mismos intereses», ya que «no se puede entender que Pedro Quevedo (concejal de Turismo) vendiera en Fitur 2020 la capital como destino de turismo familiar, y ahora su socio de gobierno, Javier Doreste (responsable de Urbanismo), le siga poniendo trabas al alquiler vacacional con la modificación que se quiere realizar en el Plan General».

«Intentar aplicar la normativa de alojamiento turístico a la vivienda vacacional es desconocer por completo cuál es su filosofía y su concepto de funcionamiento», puesto que «reduce prácticamente a cero la posibilidad de que existan viviendas vacacionales», manifestó la portavoz de Ciudadanos también a través de una nota de prensa.