Los dos únicos camiones escaleras de Bomberos, con deficiencias
Una instrucción interna, conocida este lunes, dio órdenes de restringir el uso de cuatro vehículos de extinción en Las Palmas de Gran Canaria
Una orden interna emitida por el responsable del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), la número 1/2024, conocida este lunes, informa a los sargentos del cuerpo de Bomberos de la necesidad de restringir el uso de cuatro vehículos especiales «a situaciones de máxima necesidad o emergencias». Entre las unidades afectadas por «inconvenientes de carácter técnico y de documentación» se encuentran las dos autoescaleras que actuán en Las Palmas de Gran Canaria, según denunció la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), cuyo representante, Daniel Ojeda, aseguró que «están inoperativos por falta de mantenimiento».
Las autoescaleras (unidades 752 y 861) son los coches que los bomberos utilizan cuando tienen que elevarse para acceder a viviendas o apagar fuegos en altura, gracias a las escaleras flexibles de que disponen. En el caso de los vehículos de Las Palmas de Gran Canaria pueden subir hasta los 30 metros.
«Han tenido al personal en riesgo de sufrir un accidente», expuso Ojeda, «este lunes nos han dicho que están inoperativos para el uso».
En los otros dos vehículos (unidades 852 y 131), el último tiene «treinta años de servicio» y es una pluma para cargar objetos pesados.
Falta de información
Desde la cuenta que los agentes tienen en las redes sociales para criticar las deficiencias del servicio, BomberosLPAenlucha, se criticó también que se trasladara a los sargentos la responsabilidad en caso de que se utilicen estos vehículos «inoperativos, parece que por falta de revisiones».
La orden detalla que el uso de estos vehículos «estará bajo la supervisión, valoración y responsabilidad de los mandos operativos (sargentos)».
Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.se asegura que las dos escalas se van a enviar en breve a la revisión por los diez años. «Ya se ha iniciado el expediente certificación en la empresa que cuenta con la exclusividad técnica», detallaron las fuentes.
El representante de USPB también denunció que la resolución es del 12 de enero, pese a que no se había conocido hasta ahora. «Lo peor es que no se había informado», indicó, «se ha escondido información». Y eso porque «han querido tapar las vergüenzas, pero aquí prima la seguridad».
Ojeda insiste en que los vehículos no han pasado revisión alguna desde enero, mes en que sitúa la redacción de la orden interna 1/2024. Y apunta la importancia que tienen las autoescaleras para el servicio de extinción: «en el incendio de Valencia se pudo rescatar a personas gracias a ellas».
Ahora asegura que, ante el mal estado que sufren los dispositivos de Las Palmas de Gran Canaria, «los agentes se van a negar a utilizarlos porque representan un peligro».
USPB critica que «no se ha invertido ni un euro en una nueva unidad para Bomberos en nueve años» y lamenta que se haya ordenado la compra de «un dron submarino que no hace falta para nada». Y enmarca esta crítica en las deficiencias que mantiene el servicio, tanto en equipamiento personal como en materiales.
«Desde USPB solicitamos que se organice una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía y los grupos de la oposición puedan conocer las condiciones en que desempeñamos nuestro trabajo», añadió Oejda.
Bombera sin baño
El representante de la USPB, Daniel Ojeda, también denunció que la única agente que tiene el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria solo dispone de un baño específico para ella en el parque central de Miller Bajo.
«La bombera lleva dos años en el cuerpo y no han tenido tiempo de acondicionar un baño ni en Vegueta ni en La Isleta», criticó.
La denuncia por acoso contra la anterior jefa debe continuar
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento a que continúe tramitando la denuncia de acoso laboral que interpuso el agente Raúl Esclarín contra la anterior jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y, en la actualidad, directora general de Seguridad y Emergencias del Consistorio capitalino. La sentencia, contra la que cabe la interposición de un recurso de apelación, anula la decisión de la anterior directora general de Administración Pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la que se rechazaba la admisión a trámite de la denuncia del bombero, uno de los portavoces del comité de lucha que se organizó el año pasado para hacer públicas las denuncias sobre las carencias del servicio. Esclarín había denunciado que en 2022 la jefatura le denegó siete permisos solicitados, en algunos casos sin motivación y, en otros, remitidas fuera de plazo, dificultando la conciliación de la vida familiar y laboral. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entendió que la conducta de la jefa Rodríguez no podía ser considerada como acoso laboral, aunque sí debía abordarse en el marco de la prevención de riesgos psicosociales. Sin embargo, el juez discrepa de esta interpretación. «Ni la propuesta de resolución ni la resolución contienen razonamiento relativo a por qué (...) la concesión y posterior denegación de permisos (7 hasta el momento de la denuncia y hasta 30 según el documento traído a sala) coetánea o consecuente a la actividad de protesta y/o defensa de derechos laborales (en cuyo fondo no debemos entrar aquí) no se considera, sin más, acoso laboral» dicta el magistrado. Esclarín aseguró que ya Inspección de Trabajo, en su momento, obligó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a activar el protocolo antiacoso por su denuncia, pero «se lo querían quitar de encima y seguí adelante en el juzgado». También reseñó el caso de otro compañero al que se le ha abierto expediente disciplinario por portar el polo rojo de Bomberos en una manifestación por Triana. «Le suspendieron seis días de empleo y sueldo por usar la uniformidad de trabajo sin permiso de la jefatura», indicó Esclarín, «pero otros compañeros que se manifestaron también portaban parte del uniforme y no se les abrió expediente». En su opinión, se ha producido un «agravio comparativo» porque el agente expedientado llevaba un cartel en el que se pedía la dimisión de la jefa de Bomberos.
