Dos condenados por quemar rastrojos sin autorización provocando un conato
Tribunales ·
Realizaron la quema sin medidas de seguridad. Se calcinaron 2.171 metros cuadrados en Valleseco y el coste de la extinción ascendió a 1.756 euros
Dos hermanos han sido condenados en firme por la comisión de un delito de incendio forestal por imprudencia después de que admitieran en el juicio que realizaron siete quemas de rastrojos en Valleseco sin las adecuadas y exigidas medidas de prevención, lo que derivó en un conato que requirió la actuación urgente de los equipos de extinción de Medio Ambiente del Cabildo grancanario. En total, ardieron 2.171 metros cuadrados de forma descontrolada.
La sentencia, de fecha 21 de marzo, la dictó la magistrada Natalia Paula Suárez Acosta, titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, y los condena a una pena de tres meses de prisión, el pago de sendas multas de 540 euros y el abono de los costes de la extinción al Cabildo Insular de Gran Canaria que fue de 1.756 euros. Todo ello tras la celebración de un juicio en el que los dos acusados reconocieron los hechos, alcanzando de esta forma un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa, por lo que el fallo es firme.
La condena
Tres meses de prisión
que no cumplirán si no delinquen en dos años y pagan íntegramente los costes de la extinción que ascendieron a 1.756 euros es la condena impuesta a los dos hermanos. Además, pagarán sendas multas de 540 euros.
Los hechos ocurrieron sobre las 11.35 horas del 20 de abril de 2021, en el paraje conocido como El Prado ubicado en Valleseco. Allí, los hermanos -de 59 y 71 años- se encontraban realizando labores de quema de rastrojos y limpieza de terrenos, supuestamente al amparo de una autorización que les había sido otorgada por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, «si bien la misma estaba condicionada al cumplimiento inexcusable de una serie de requisitos», sostiene la sentencia. Entre ellos, figuraba que las labores de quema deberían realizarse en «dos puntos distintos de aquellos donde los acusados las realizaron», distando al menos 500 metros lineales entre los puntos autorizados y donde finalmente quemaron el terreno.
Aparte de esta circunstancia, en el permiso se especificaba que estaban obligados a adoptar unas medidas de prevención tales como contar con agua y manguera de presión suficiente, que hubiese unas temperaturas inferiores a 27º C, tener una zona de seguridad de al menos dos metros libre de vegetación o material combustible, todo ello en terreno llano o con una zanja suficiente a modo de cortafuego.
Según las diligencias e informe técnico de realizado posteriormente al siniestro por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo (BIIF), los acusados no cumplieron con estas obligaciones.
Siete quemas
En este escenario y pese a que a las 09.58 horas del 20 de abril de 2021, uno de los dos acusados había llamado al Centro de Coordinación Operativa Insular del Cabildo de Gran Canaria (Cecopin) comunicando la realización ese mismo día de una quema de rastrojos, ninguno de ellos «tomó las más elementales precauciones a la hora de poder controlar el fuego que se iba a desarrollar», sostiene la sentencia.
Tampoco procedieron a una limpieza previa del terreno, ni se abrió ningún tipo de zanja ni tampoco contaban con almacenamiento de agua a presión como posibles mecanismos de seguridad.
De este modo, aproximadamente sobre las 11.35 horas, una de las siete quemas realizadas «se descontroló» y se generó un fuego en forma de incendio topográfico ascendente que terminó por afectar a una extensión de 2.171 metros cuadrados, todo ello en un terreno administrativamente definido como Suelo Rústico de Protección Ecológica y en Zona de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZARI).
De inmediato, el Cecopin activó medios terrestres de extinción que consiguieron dar por controlado el incendio a las 13.36 horas del 20 de abril de 2021, declarándose oficialmente extinguido a las 13.56 horas del día posterior en un incidente que pudo haberse convertido en una tragedia por la zona y condiciones en las que se produjo y la proximidad de viviendas.
Los propietarios de los terrenos afectados por el incendio renunciaron a cualquier tipo de indemnización.
Tras el reconocimiento de los hechos, la magistrada condenó a estos dos hermanos a tres meses de prisión que no tendrán que cumplir si cumplen con dos premisas; no delinquir en el plazo de dos años y que abonen la responsabilidad civil, es decir, los 1.756 euros a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria por los costes de extinción del incendio.
Se interpusieron 22 denuncias en 2023 y ya van ocho durante este año
Esta sentencia condenatoria se dictó después de que los agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo (BIIF) determinara la responsabilidad en los hechos de los dos hermanos denunciados. Todo ello en una práctica, la quema de rastrojos sin autorización y medidas de seguridad, que persiguen de forma tenaz las autoridades debido al enorme peligro que suponen por el extremo riesgo de incendios forestales existente.
En el pasado año 2023, se contabilizaron 22 denuncias por quemas ilegales en la isla de Gran Canaria. Unos expedientes de carácter administrativo que conllevan sanción con multa porque las quemas se realizan sin permiso o sin cumplir las medidas de seguridad exigidas.
De estas 22 denuncias, 19 fueron interpuestas por agentes de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, una la realizó la Guardia Civil y dos cuerpos de la Policía Local.
Por su parte, en lo que va de año 2024, ya se han incoado ocho denuncias también por quemas ilegales. De ellas, una la tramitaron guardias civiles, cuatro lo hicieron agentes de Medio Ambiente, dos la Policía Canaria y una la Policía Local.
Se trata de números muy elevados para tratarse de quemas de rastrojos que se ejecutan sin control alguno y ponen en serio peligro el territorio insular en una época de sequías y con el recuerdo aún vivo de los grandes incendios forestales que han arrasado kilómetros de zonas verdes de la isla en la última década.
