Doreste dice estar «dispuesto a llevar a Endesa a la fiscalía por desobediencia» en La Cícer

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Javier Doreste, aseguró esta semana que estaba «dispuesto a ir a la fiscalía por desobediencia» para denunciar que Endesa no cumple las resoluciones municipales que exigen a la eléctrica elaborar un plan paulatino de cierre de las instalaciones que tiene en la zona de La Cícer, junto a la playa de Las Canteras.

«Ya son muchos años, hemos sido pacientes, hemos ofrecido solares y alternativas (para la ubicación de la nueva subestación que sustituiría a la de Guanarteme) y hemos negociado con el Estado para que se incluya la nueva instalación en el mapa eléctrico», expuso el edil, quien además es primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.

Doreste aseguró que la decisión no está adoptada porque antes debe asesorarse con los servicios jurídicos municipales, pero insistió en la firmeza de las resoluciones que obligan a la compañía a desalojar la parcela de La Cícer.

Tal y como adelantó CANARIAS7 en su edición del pasado 30 de marzo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria requirió de nuevo, como viene haciendo desde el año 2010, la presentación de un plan ordenado de cierre de la subestación, así como de la paralización de la actividad de producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica que se realiza desde la industria que se encuentra en la calle Pizarro de la capital grancanaria.

Y lo hizo con un escrito contundente en el que se critica la actitud obstruccionista de la empresa para demorar las decisiones del Ayuntamiento. Así, se decía que «la entidad Endesa, lejos de atender los requerimientos efectuados, está mostrando absoluta obstrucción para que este Ayuntamiento pueda hacer cumplir sus propias resoluciones, ello por medio de lo que se considera abuso de derecho en la formulación de recursos contenciosos».

La determinación municipal se basa en una larga batalla judicial que emprendió la plataforma ciudad Recuperar La Cícer y que ha conseguido el pronunciamiento judicial a favor de sus pretensiones, no en vano los juzgados han dictado que la subestación eléctrica de La Cícer no solo es ilegal, sino que es ilegalizable.

El concejal de Urbanismo lamentó que nunca se haya podido llegar a una solución pacífica para el traslado de la subestación eléctrica. «Ellos se han enrocado», criticó Javier Doreste, «pese a que nosotros, desde el Ayuntamiento, siempre hemos estado dispuestos a sentarnos y negociar». El edil puso el caso de Emalsa como un ejemplo a seguir. «En Emalsa encontramos un interlocutor dispuesto a hablar, pero en Endesa no encontramos a ningún interlocutor», añadió.

Javier Doreste detalló que se le había ofrecido a la compañía eléctrica varias ubicaciones alternativas para acoger la nueva industria, pero nunca se ha obtenido respuesta. Así, recordó que, al menos, dos propuestas habían sido elevadas: una estaba en la zona de Las Torres y la otra se encontraba entre el hospital general de Gran Canaria Doctor Negrín y el campo de golf de La Minilla.

Esta última «era la que tenía más posibilidades y además reunía el requisito de que no hay mucha población alrededor».

También recordó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se mostró dispuesto a pagar a Endesa la diferencia de valor que existía entre el suelo de la parcela que ocupa en la actualidad y el de la finca de destino. Aquí, el concejal de Urbanismo explicó que aunque la actividad no es legal, la compañía sí posee la propiedad del suelo y su adquisición debe ser pagada o compensada en el marco de la operación de traslado de la subestación eléctrica de La Cícer.

En 2010 se calculó que la operación de traslado tendría un coste entre los 6,4 y los 8,8 millones de euros, si bien en el Plan General se subió esta cifra hasta una estimación de 25 millones.