Teresa Rodríguez en la casa en la que reside desde haca más de 20 años. / COBER SERVICIOS AUDIOVISUALES

El Diputado del Común actúa de oficio en el caso de la vecina de Casablanca III

Teresa Rodríguez fue atendida este martes y registró tres quejas. La institución solicitará información a las administraciones correspondientes

Rebeca Díaz
REBECA DÍAZ

La Diputación del Común ha decidido actuar de oficio en el caso de Teresa Rodríguez, la vecina de la urbanización Residencial Mestisay, en el barrio capitalino de Casablanca III, que expuso públicamente en las páginas de este periódico su temor a perder la que ha sido su casa durante más de 20 años a causa la deuda de 4.310 euros que mantiene con Visocan, debido a que su precaria situación económica le imposibilita afrontar el pago del alquiler y la comunidad.

Explicaba en la información que en estos momentos son 17 los recibos a los que no ha podido responder, pero que sus problemas comenzaron en 2014, tras una separación matrimonial en la que se quedó sola a cargo de su hijo, que tiene reconocida una discapacidad del 94%, y con «una deuda muy grande que me dejó mi marido».

Señalaba también que no tenía más ingresos que los 600 euros de la paga que recibe su hijo pues no percibía prestaciones por desempleo y se le había acabado la PCI.

La cuestión relativa a la falta de resolución de la solicitud del ingreso mínimo vital será remitida al Defensor del Pueblo

Además, denunciaba que le habían comunicado que la solicitud que había cursado para recibir el ingreso mínimo vital se iba a demorar «seis meses, porque tienen que valorar mi expediente».

Teresa apuntaba que en la actualidad cumple con el pago de cuotas atrasadas con Visocan, lo que no le ha permitido responder a estos últimos 17 pagos. Y que en su día esos retrasos se tradujeron en que «el Gobierno de Canarias me quitó la ayuda al alquiler por no tener en regla los pagos de la comunidad». Algo que afectó aún más a su economía.

El tercer asunto que esta vecina de la capital grancanaria abordaba en la información publicada el domingo, se centraba en el hecho de que su hijo, que en julio cumplirá 35 años, está a punto de ver concluido el periodo de régimen interno del que viene disfrutando en el CAMP San José de Las Longueras, en el municipio de Telde, desde el pasado octubre, y vuelve a su casa.

Apuntaba que eso significaba que tras las vacaciones de Semana Santa, el próximo 5 de abril, el joven regresará al centro dependiente del Cabildo de Gran Canaria pero «solo al centro de día, porque se me acabó el respiro familiar». Lo que implica que dormirá en la casa que teme que le arrebaten por los recibos que adeuda.

Ante estas circunstancias, profesionales del organismo que preside el Diputado del Común se pusieron en contacto con Teresa para interesarse por su situación y la citaron este martes en sus oficinas de Las Palmas de Gran Canaria.

Tres quejas

El encuentro celebrado durante la mañana se saldó con el registro de tres quejas con sus respectiva documentación, informaron desde el organismo dependiente del Parlamento de Canarias.

Así, expusieron que la primera de ellas responde a la denuncia planteada por esta vecina relativa a la falta de resolución del ingreso mínimo vital. Aclararon que al ser un asunto de competencia estatal, la misma se remitirá al Defensor del Pueblo. Y es que hay que recordar que la Diputación del Común solo puede investigar los actos de los organismos que dependan del Gobierno canario y sus agentes, las dos universidades públicas canarias, el funcionamiento de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y ayuntamientos, cabildos, mancomunidades y empresas municipales del archipiélago.

La segunda de las quejas se centra en la falta de respuesta de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad a la solicitud de revisión del Programa Individual de Atención (PIA) realizada por Teresa. En este caso, desde el Diputado el Común se pedirá información al Cabildo grancanario y a la referida dirección general.

Finalmente, se registró una tercera queja, en el área de Vivienda, sobre la situación del contrato de alquiler suscrito por esta vecina con Visocan. Un asunto sobre el que el alto comisionado solicitará informes a Visocan y al Instituto Canario de la Vivienda.