Las Palmas de Gran Canaria

Darias sigue esperando una respuesta del Gobierno por las zonas tensionadas

Las Palmas de Gran Canaria observa como el Gobierno de Canarias teje su estrategia con las zonas tensionadas, en una dirección contraria a la que pide su Ayuntamiento, mientras el Ejecutivo regional niega una respuesta a la petición de la declaración en virtud de un documento diseñado por el área de Urbanismo en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En esto insistió este jueves Carolina Darias, alcaldesa de la ciudad, cuando se le preguntaba por el decreto de Vivienda del Gobierno y la situación de la ciudad en el encaje limitante que propone la administración dirigida por Fernando Clavijo. «Hay que analizar jurídicamente el decreto ley. Lo he leído pero quiero que sean los servicios jurídicos y la concejalía de Urbanismo los que digan algo al respecto. Lo que puedo decir es que el Ayuntamiento de Las Palmas de GranCanaria es el único ayuntamiento de Canarias que ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias, hace ya varios meses, un informe donde acreditamos que cumplimos tres de los cuatro requisitos que establece la ley de derecho a la vivienda para ser declarados zona tensionada y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta», señaló la alcaldesa.

Darias fue menos agresiva con el pacto CC-PP de lo que ha sido en otros momentos con respecto a este tema. Sin profundizar demasiado en los desencuentros que existen al respecto, y consultada sobre si entiende que el Gobierno regional camina en una dirección contraria al municipal en este asunto, la alcaldesa utilizó un tono neutro y poco combativo. «No quiero prejuzgar. Lo que quiero es esperar desde la máxima lealtad, desde el máximo entendimiento pero también desde la máxima exigencia. Pero lo que es mi obligación a defender a esta ciudad y a los que viven en ella», indicó en la presentación de la primera piedra de la construcción de 63 viviendas públicas en el barrio capitalino de El Secadero.

Sin cambiar de marco, Darias añadió que lo que se exige por parte de la ciudadanía es una respuesta coordinada por las administraciones implicadas sin necesidad de acudir a un conflicto político por siglas e ideologías. «Lo que creo es que nos debemos a la ciudadanía. Por lo que las administraciones tienen que entender es que las obligaciones que tenemos todas las instituciones es entendernos. Más allá de la legítima posición que pueda tener cada una sería oportuno y conveniente recibir una respuesta», expuso.

La vivienda es el gran caballo de batalla de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria en la actualidad, algo confirmado ya por diversos indicadores y muestreos sociales. Eso fue también referido por Darias durante su intervención. «Tenemos una ciudad en los que los parámetros de acceso al alquiler de la vivienda son cada vez más elevados. En estos días ha salido un nuevo informe que acredita que es la ciudad en la que más se ha incrementado el precio del alquiler y sabemos cuáles son las demandas de la ciudadanía», añadió.

La jefa del gobierno municipal hizo estas declaraciones acompañada de Antonio Morales y Augusto Hidalgo, presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias, respectivamente. En un acto en el que trató de subrayar que había un enfoque de colaboración institucional que debe reproducirse en la relación con otras administraciones. «Vamos a seguir sumando ese objetivo que tenemos de construir mil viviendas públicas en la ciudad a lo largo del presente mandato. La colaboración del Ayuntamiento con el Cabildo es importante, es fluida, es ágil, es intensa, estamos comprometidas ambas administraciones a seguir colaborando, yendo de la mano, para mejorar la vida de la gente y especialmente lo que tiene que ver con la vivienda», comentó la responsable del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Secadero se prepara para recibir 63 nuevas familias en un plazo de 16 meses, según confirmó Augusto Hidalgo, vicepresidente del Cabildo, durante el acto de primera piedra celebrado este jueves. «Hablamos de 63 viviendas y de otros tantos trasteros y garajes dirigidos a personas de renta media-baja, de uno, dos y tres dormitorios, con un coste que oscila entre los 250 y los 440 euros, es decir, una media de 350 de alquiler», indicó el responsable de Obras Públicas y Vivienda del gobierno insular.

Según detalla el Cabildo en un comunicado, las obras de las viviendas de El Secadero han sido adjudicadas a la empresa Construplan, Construcciones y Planificación SL, con una inversión de 9.391.748 euros. La obra está financiada parcialmente con los fondos Next Generation EU de la Unión Europea con la cantidad aproximada de 2.483.051 euros, una ayuda que se establece en relación con la ejecución del Programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Antonio Morales, presidente de la institución insular, recordó que aunque no son competentes en la materia si que trabajan un plan conjunto para abordar el problema de la vivienda pública en la isla. «Estamos trabajando en la cesión de un suelo por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el proyecto para construir alrededor de 300 nuevas viviendas. Y estamos estudiando también los remanentes de este año para incluir una partida importante para colaborar también con el Gobierno de Canarias en la cofinanciación de alrededor de 150 casas».

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