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Imagen de archivo de un contenedor rebosado en la capital grancanaria. C7
Darias impulsa el macrocontrato de 159 millones que refuerza la gestión privada de Recogida

Darias impulsa el macrocontrato de 159 millones que refuerza la gestión privada de Recogida

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa una excepción legal para que la adjudicación del servicio se haga por ocho años

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de marzo 2024, 01:00

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobará en el pleno de este viernes la autorización para ampliar de cinco a ocho años la duración del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de Contenerización del municipio. Se trata de un macrocontrato que saldrá a licitación por 158,56 millones de euros y que refuerza la gestión privada del servicio a costa de la prestación directa.

La idea, en la que se viene trabajando desde 2022, supone ampliar los límites habituales de la contratación del sector público, de cinco años para los contratos plurianuales. La medida está contemplada por la legislación, pero requiere que el Pleno permita, en casos excepcionales, la ampliación del número de anualidades.

El Pleno lo hará este viernes por la vía de urgencia con la intención de poder impulsar la licitación del servicio de recogida, cuya vigencia acaba este año.

Fines de semanas y festivos

El nuevo contrato refuerza la gestión privada de la Recogida de Residuos Sólidos, a la que encarga el vaciado de los contenedores grises de toda la ciudad durante los días no laborables. «(...) Los fines de semana y festivos será la empresa adjudicataria la que realice la recogía íntegra de toda la fracción resto de nuestro municipio dado que los sectores/áreas municipales, de gestión directa, no están cubiertos ya que la plantilla municipal trabaja de lunes a viernes», relata el propio estudio económico.

En cierto modo, el pliego trata de regular una situación que, de facto, ya se da en la actualidad, al margen del amparo contractual. Hay que recordar que durante la pandemia se pidió a la empresa FCC -actual prestataria del servicio- que asumiera el servicio de recogida en 23 sectores que hasta ese momento estaban bajo la gestión directa del Ayuntamiento (los callejones de San José, El Batán, la fase III, las ramblas y el Mirador del Valle de Jinámar, La Paterna, Nueva Paterna, Los Tarahales, Casablanca III, Ciudad Jardín, La Isleta, Nueva Isleta, Las Coloradas, Schamann, Escaleritas, El Cardón, Carretera de Chile, La Majadilla, La Galera, Las Perreras, Lomo Los Frailes, El Sebadal y los hospitales); y, el verano pasado, se le encomendó que también recogiera los contenedores de Riscos Negros, Piletas, Ciudad del Campo, Isla Perdida, Las Mesas, Almatriche, Lomo Blanco, Pedro Hidalgo, Zárate, El Lasso, Casablanca I y la zona de Juan Hidalgo durante los fines de semana.

Sin embargo, ahora se entrega toda la ciudad a la gestión privada durante los fines de semana en lo que a la recogida del contenedor gris se refiere. Esto se debe a que en el mandato anterior, durante la alcaldía de Augusto Hidalgo, se acordó con los trabajadores del servicio público que la recogida se hiciera de lunes a viernes.

Por eso, hay tantos rebosos de contenedores los lunes, sobre todo en aquellos puntos que no son atendidos por la parte pública y a los que tampoco llega la gestión privada, bien porque no se les ha encargado, bien porque pese a la prolongación de sus jornadas de trabajo, no les alcanza para cubrir las zonas adicionadas.

En estos momentos, de los 107 áreas en que está dividida la recogida de residuos sólidos de la ciudad (englobadas en 16 sectores de mañana; 4 de tarde; y 7 de noche, sin contar las rutas de repaso), el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha entregado a la gestión privada 35 zonas sin ningún tipo de respaldo contractual: las 23 primeras al amparo de una declaración de emergencia por el covid que se ha mantenido hasta ahora; y las de los fines de semana, por salud pública, ante la falta de recursos municipales.

En cuanto a la empresa privada, por contrato se encargaba de veinticuatro sectores diferentes y otros tantos barrios, pero las encomiendas hechas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al margen de los procedimientos ordinarios están provocando un sobresfuerzo a los trabajadores de FCC, que calculan que solo los fines de semana retiran 45 toneladas de basura de los contenedores de la ciudad que están en sectores de gestión pública.

Trabajadores de FCC recogen basura en un sector público. C7

Ocho años para ahorrar algo más de 3 millones anuales

El Ayuntamiento recurre a los ocho años de contrato por motivos económicos, ya que entiende que ahorra a las arcas públicas algo más de tres millones al año. Así se recoge en el estudio económico hecho para estimar el presupuesto de licitación cuando se dice que «teniendo en cuenta un periodo de amortización de cinco años en lugar de ocho años, el importe total anual asciende a 23.277.305,67 euros, frente a los 19.819.856,40 euros si realizamos la amortización a los 8 años, suponiendo un incremento anual de 3.457.449,27 euros, siendo el incremento a los 5 años de 1.952.415,35 euros».

Por eso, concluye que «teniendo en cuenta la diferencia económica existente entre la amortización a ocho y cinco años, y sumado a que la vida útil de la maquinaria y demás inversiones, es de 8 años y que toda la inversión se recupera en su sexto año, consideramos que es mucho más beneficioso que la presente licitación sea por ocho años».

La amortización de la inversión es el elemento clave por el que la Ley de Contratos del Sector Público autoriza, con carácter excepcional, la superación del límite de cinco anualidades.

La distribución presupuestaria del nuevo servicio es la siguiente: 1,68 millones de euros para el presente 2024; 19,82 millones de euros al año para el periodo comprendido entre 2025 y 2031; y 18,14 millones para el periodo de vigencia de 2032.

Estos importes suponen una diferencia sustancial con el contrato anterior, que era de casi ocho millones de euros al año y que, según el gobierno, ya no respondía a las necesidades reales del municipio por el aumento de superficie y de actividades experimentado en la última década.

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