En la vista, Cruz Roja España se allanó a lo planteado por USO en la demanda -representado por la letrada María Díaz Parrilla- aunque no en su totalidad, ya que insistió en dejar fuera de la adecuación de las condiciones laborales a los cerca de 120 socorristas de una plantilla de 480 trabajadores que cuenta esta ONG en la provincia de Las Palmas, una circunstancia que tendrá que resolver ahora la Sala.
También discrepó Cruz Roja España de la fecha desde la que tendrían que aplicar las nuevas condiciones a sus empleados con carácter retroactivo. Mientras USO pidió en su demanda que se ejecutara la subida salarial desde el 1 de abril del 2022, la ONG planteó a la Sala que sea el 1 de enero de 2023.
Este conflicto nace a raíz de la última reforma laboral que obligaba a las empresas que tenían un convenio del sector superior al suyo, que lo adaptaran. Según USO, Cruz Roja -a pesar de ser firmante de ese convenio a nivel nacional-, no lo aplicó en la provincia de Las Palmas, por lo que «hemos tenido que judicializar el problema», manifestó a este periódico su delegado sindical, Miguel Santana. «Nuestra lucha era, por un lado, que se aplicara ese convenio nacional y, por otro, que se reconociera que los socorristas también se incluyeran en ese acuerdo», expuso Santana.
El hecho de que Cruz Roja se haya allanado en aplicar el convenio a la mayoría de su plantel es, para el delegado sindical, «una victoria parcial, pero importante y somos muy optimistas», dijo, ya que «no hubo conciliación previa. De todos modos, esperamos que el TSJC recoja todas nuestras demandas».
La aplicación del nuevo convenio supondrá para los empleados de Cruz Roja en Las Palmas una significativa subida salarial. «Las categorías inferiores son las que más tienen que cobrar ahora y podemos hablar, a lo mejor, de un aumento del 15 al 20%», detalló Santana. Mientras, «de las categorías superiores, a lo mejor, sólo hablaríamos de un 5 o 10% más», precisó. Pero no todo es «una cuestión económica», apuntó, ya que «el nuevo convenio contempla otros aspectos como que los días de vacaciones, en vez de naturales, como es ahora, serían hábiles. También el complemento por incapacidad temporal se contemplaría. No solo en una cuestión meramente salarial», finalizó.
«Nosotros consideramos que estamos muy mal pagados, sobre todo comparado con las personas que realizan el mismo trabajo en el sector público. Y bueno, con esto lo que logramos es un avance salarial», se congratuló el representante de USO.
Ahora, la Sala compuesta por los magistrados Óscar González Prieto, María Jesús García Hernández y el ponente Javier Ercilla García tendrá que dictar sentencia.
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