Contratación advirtió de que la privatización a dedo de la Recogida en 23 áreas ya no está justificada

Para entender la negativa del servicio de Contratación hay que remontarse a los momentos iniciales de la expansión del covid-19. En aquel momento, el Gobierno de España decretó el estado de alarma «con el fin de afrontar la situación de emergencia provocada por el covid-19».

Al amparo de esta situación excepcional, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió privatizar el servicio de recogida de basura en veintitrés sectores de la ciudad que hasta la pandemia eran cubiertos por el personal adscrito a Limpieza.

En aquel momento, se justificó esta decisión como algo «excepcional» ante el elevado número de bajas motivado por el envejecimiento de la plantilla y las diversas patologías de riesgo que padecían los trabajadores.

Por eso, el Ayuntamiento acordó, por un procedimiento de emergencia, la contratación de FCC para desarrollar las labores de recogida de residuos sólidos en los callejones de San José, así como en los barrios del Batán, la fase III, las ramblas y el Mirador del Valle en la zona de Jinámar, La Paterna y Nueva Paterna, Los Tarahales, Casablanca III, Ciudad Jardín, La Isleta (incluyendo la urbanización Nueva Isleta) y Las Coloradas, Schamann, Escaleritas, El Cardón, Carretera de Chile, La Majadilla, La Galera, Las Perreras, Lomo Los Frailes, El Sebadal y el entorno de los centros hospitalarios.

Esto fue el 30 de marzo de 2020. La decisión se adoptó bajo el paraguas de una resolución anterior del alcalde, Augusto Hidalgo, fechada el 25 de marzo, por la que se adoptaba la organización excepcional de medios materiales, mecánicos y personales, «en tanto las circunstancias extraordinarias, urgentes y sobrevenidas asociadas a la crisis del covid-19 se mantengan».

Desde entonces, FCC ha venido prestando el servicio y aunque el Ayuntamiento anunció en septiembre que se iba a sacar un concurso para la adjudicación del contrato por el procedimiento ordinario, público y abierto, el trámite no ha concluido todavía.

Este jueves, fuentes municipales insistieron en que se está «ultimando el pliego de condicoines que regirá este servicio por un periodo de dos años, hasta que culmine el contrato principal de Residuos Sólidos Urbanos».

Y se insiste en que de momento hay que cederlo a la empresa privada porque «un servicio como éste, es imprescindible darlo en la ciudad».

Esto hizo que en octubre pasado, el servicio de Contratación devolviera el pago de 1,89 millones de euros por la recogida que prestó en estos barrios entre diciembre de 2020 y julio de 2021.

Precisamente la falta de contrato y el decaimiento del estado de alarma hacen que los técnicos de Economía y Hacienda del Ayuntamiento consideren que no se pueda mantener esta adjudicación.

«Dicha justificación», se detalla en relación a las circunstancias excepcionales que motivaron la privatización de los veintitrés sectores de Recogida, «no tiene amparo en ninguna de las causas contempladas en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, como son acontecimientos catastróficos, de situaciones que suponen grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, no solo porque parte de justificar la emergencia en una resolución cuya fundamentación, jurídicamente, ha perdido su vigencia, sino porque además se puede tramitar un contrato con este objeto».

Y añade que, según el Tribunal de Cuentas, «la tramitación de emergencia debe considerarse, por tanto, injustificada (...) cuando se ha empleado para cubrir necesidades que podrían ser consideradas urgentes, pero no surgidas de acontecimientos catastróficos o de situaciones que supongan grave peligro, sino de la falta de diligencia en la gestión ordinaria de los órganos administrativos».

El PP denuncia que la prórroga de la encomienda es «ilegal»

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El Partido Popular (PP) debatirá este viernes con el grupo de gobierno la «prórroga ilega»l del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, tras hacerse una contratación al comienzo del estado de alarma en razón de la situación de crisis sanitaria para sustituir al personal municipal mayor de 60 años que se encontraba en riesgo.

La portavoz municipal popular, Pepa Luzardo, recuerda que esas decisiones se adoptaron en un contexto de declaración de Estado de Alarma «y bajo un marco normativo concreto que no solo no se corresponde con el actual, sino que está completamente desfasado en la realidad normativa y legal que debe regir cualquier contratación pública», recuerda la edila del PP.

Esa contratación puntual, extraordinaria y por emergencia ha derivado en la prestación de un servicio «de forma continuada desde el día 27 de marzo de 2020 hasta el día de hoy, es decir que se ha extendido más de dos años sin que haya sido interrumpido», cuando se trataba de un servicio que se venía prestando de forma directa por la Administración, sin que haya existido declaración previa de gestión indirecta, sin procedimiento administrativo alguno, sin licitación pública y sin visos de regularización o normalización de la situación anterior.

El PP recalca la «extrema gravedad» de esta situación, que ha puesto de manifiesto en sendos escritos remitidos en septiembre de 2021 tanto a la Concejal de Economía y Hacienda como a la propia Interventora de la corporación municipal, al tratarse de un servicio que venía prestándose directa por trabajadores municipales, sin que la actual situación «esté amparada por acto administrativo alguno encaminado a licitar con todas las garantías de publicidad y libre concurrencia la prestación de este servicio».