Las Palmas de Gran Canaria

El conflicto por la casa del doctor Apolinario pone rumbo a los juzgados

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asume que el conflicto por la paralización del derribo de la llamada casa del doctor Apolinario, en el número 17 de la playa de Las Canteras, llevará una vez más al consistorio a los juzgados para resolver la reclamación de los propietarios del inmueble, que exigen al gobierno de la ciudad una indemnización de 2.392.599,2 euros.

Así queda acreditado en una resolución firmada el pasado lunes por la alcaldesa Carolina Darias, que tras el desistimiento rubricado el pasado mes de mayo ante las pretensiones de los poseedores del edificio, ahora autoriza la personación del Ayuntamiento capitalino en el procedimiento judicial.

Este es un caso que lleva coleando dos años, desde que en 2022 se interviniera en el derribo del edificio del paseo de la playa, cuyo destino era la ejecución de un edificio de seis plantas con local comercial. Concretamente, el 1 de mayo de ese año se pidió la paralización cautelar del derribo del inmueble en el que supuestamente había residido el doctor Bartolomé Apolinario Macías y que se consideraba una muestra de arquitectura culta y tradicional.

Sin embargo, los propietarios actuales acreditaron que la casa ni estuvo relacionada con el famoso médico, vinculado a la contigua Clínica San José, ni fue concebida por el célebre arquitecto Laureano Arroyo. Es más, la fachada original, la que tendría relación con la historia que promovió su expediente para la inclusión en el catálogo de bienes de interés cultural, cayó tras una operación inmobiliaria realizada en 1972 y la actual está poblada de elementos modernos que poco tienen que ver con los argumentos que paralizaron su derribo.

Lo curioso es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ve de lleno en esta situación claramente contra su voluntad. El anterior grupo de gobierno, el que comandaba el actual vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria Augusto Hidalgo, siempre se expresó con cautela y reticencias para paralizar esas obras.

En su resolución anterior, en la que desestimaba la opción de abonar la indemnización millonaria que reclamaban los propietarios, aclaraba que únicamente adoptó la decisión de suspender las licencias de demolición y construcción por la obligación que tenía de cumplir el decreto del servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria por el que se incoó el expediente de declaración de BIC.

El estricto cumplimiento de las normas de patrimonio obliga al gobierno de la ciudad a volver a los juzgados, donde se encuentra personada en muchas causas, especialmente las relativas a los procesos de personal.

Ahora será la justicia la que responda sobre la obligación del consistorio a afrontar el pago de la interrupción de la autorización de Urbanismo para derribar el inmueble que, cerrado a cal y canto, sigue clareando con su fachada blanca y su balconada de estilo canario el paseo de Las Canteras. Siete son los miembros de una misma familia que tienen ahora al Ayuntamiento en la pelea por una indemnización que vuele a poner en entredicho el uso de los recursos públicos.

No obstante, existe la creencia de que la reclamación, en los términos millonarios en los que se presenta, no tiene «ninguna base» aunque el propio gobierno local comprenda que esta situación será judicializada de una manera irreversible ante la falta de puntos de encuentro de puntos posibles entre las partes que litigan ahora por un conflicto que al ayuntamiento le explotó en la cara sin esperarlo.

La denominación de 'Frente ecléctico de Las Canteras' fue la utilizada por los técnicos de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria para frenar la caída de un inmueble que si bien no cuenta con los valores históricos y de acerbo que se usaron para evitar su derribo sí que destaca por su arquitectura antigua en la gran jungla de hormigón en la que se ha convertido la primera línea de la playa principal de la ciudad.

Ahora la llamada casa del doctor Apolinario testifica en silencio sobre el debate del escaso proteccionismo patrimonial.

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