Imagen de archivo del carril para bicicletas en la calle Olof Palme. / ARCADIO SUÁREZ

La ciudad tendrá seis zonas de bajas emisiones en las que se restringirá el tráfico de vehículos

El Ayuntamiento descarta que se vaya a cobrar peaje por acceder a estas áreas, que arrancarán en la zona de Alcaravaneras

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento estudia la implantación de siete zonas de bajas emisiones en las que se restringirá la circulación en la capital grancanaria. El primer paso se dará en el entorno de Alcaravaneras, donde la idea de habilitar una supermanzana ha terminado por transformarse en una zona de baja de emisiones. También están en estudio la franja de Guanarteme que corre paralela a la playa de Las Canteras, así como los barrios de La Isleta, Arenales, Schamann y Vegueta.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023.

Sin embargo, en el caso de la capital grancanaria la única opción que podría estar dentro de plazo sería la de la supermanzana de Alcaravaneras, dentro de los límites que marcan las calles Luis Antúnez, Blasco Ibáñez, Valencia y Manuel González Martín. Se trata simplemente de dar unos ligeros retoques al proyecto inicial, que proponía un área pacificada de tráfico en la que se prohibía el tránsito de automóviles, salvo residentes, vehículos de emergencia, transporte público y coches no contaminantes. En este caso se podría llegar a limitar la velocidad máxima a diez kilómetros por hora.

Para el resto de las propuestas, el Ayuntamiento espera que el Estado conceda una prórroga para su implantación. «La norma nos obliga a tenerlas dentro de este año pero ya hay muchos municipios que han pedido una ampliación de plazo porque la mayoría de las ciudades no cuenta ni con los proyectos», aseguró el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez.

El dato

  • Menos partículas. Las Palmas de Gran Canaria redujo en 2021 su contaminación en un 45% con respecto a 2020, representando el mayor retroceso en polución, seguida por Valencia (27%), según el último informe del Observatorio de Sostenibilidad relativo a partículas PM 10.

«Elegimos el proyecto de la supermanzana de Arenales como la primera experiencia de facto de zona de bajas emisiones porque ya lo es», añadió el edil.

En cuanto al resto de los barrios que han sido propuestos para el estudio, José Eduardo Ramírez entiende que «reúnen las características para ir sacando el tráfico» de su interior.

Explicó que la configuración de la capital grancanaria no es como la de otras ciudades peninsulares, como Madrid, que tienen un centro bien definido, de ahí que aquí sea más efectivo establecer áreas de restricciones de tráfico en diferentes lugares, con intervenciones más reducidas.

El concejal de Movilidad también aclaró que la implantación de las zonas de bajas emisiones no resultan demasiado complicadas. «Pueden ejecutarse con un urbanismo táctico y con una apuesta tecnológica, mediante la instalación de videocámaras, de lo que se encargaría Sagulpa».

obligará a que los vehículos luzcan las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico. Los coches que lleven los distintivos 'Eco', reservado para los híbridos, y 'Cero', para eléctricos e híbridos con una autonomía de más de 40 kilómetros, podrán acceder sin problemas a las nuevas zonas de bajas emisiones. En cambio, los más contaminantes lo tendrán prohibido.

Sin peaje

La nueva ley de movilidad sostenible, cuyo anteproyecto aprobó este martes el Gobierno de España, faculta a los municipios para que cobren una tasa, si lo estiman necesario, a los vehículos que accedan a las zonas de bajas emisiones y no sean residentes, como se hace en el centro de algunas ciudades europeas.

Esta opción fue descartada por el alcalde, Augusto Hidalgo. «Las Palmas de Gran Canaria no se ha planteado esa opción, que es una medida extrema», indicó, «no es necesaria por ahora». El regidor considera que esta tasa es «injusta» porque «solo pueden entrar -en las áreas restringidas- los que pueden pagarla».

José Eduardo Ramírez también la descarta porque «se está produciendo un cambio en la movilidad» hacia modos más sostenibles y porque los planes futuros (MetroGuagua, gran vía peatonal o Sítyneta) «hacen que tomar medidas tan drásticas no sea necesario en nuestra ciudad».