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El coordinador general de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Antonio Ramón Balmaseda, informó este miércoles de que el Consistorio devolverá de oficio un total de 33.242,27 euros en concepto de tasas que fueron suspendidas en el pleno de mayo para ayudar a salir de la crisis económica que ha provocado el covid-19. Se trata de importes que fueron cobrados antes de la suspensión y que ahora los contribuyentes recibirán sin tener que realizar ninguna gestión en las oficinas municipales.
El Ayuntamiento ha cobrado, en lo que va de año, un total de 1,18 millones de euros en concepto de tasas. Aquí es donde se incluyen los epígrafes suspendidos y pasados al cobro hasta mediados de año: el de licencia de apertura (2.668,49 euros); el de la recogida de basura comercial (7.041,68 euros); el que pagan los propietarios de taxis (19.371,18 euros); el que aportan los empresarios de terrazas por la ocupación del suelo público (4.001,92 euros); el de hamacas y embarcaciones (137,48 euros); y el de los puesteros del rastro (221,52 euros). El único tributo suspendido que no ha generado ingresos es el que tienen que pagar los concesionarios de los quioscos.
El cobro de los 33.242 euros se produjo antes de que se suspendieran las tasas porque mientras están vigentes las ordenanzas, la administración tiene la obligación de cobrarlas. Sin embargo, la norma ya está suspendida, con lo que no se va a cobrar ninguna más de aquí a fines de año. Otra cosa es cuándo se va a producir la devolución, ya que ayer no se puso fecha. Lo que sí está claro es que los contribuyentes no tendrán que realizar ningún trámite administrativo ni tendrán que acudir a las oficinas municipales para reclamar la devolución.
La suspensión de las siete tasas provocará una merma de ingresos por valor de 2,1 millones de euros en las arcas municipales. Con estos datos, la cantidad cobrada de este importe y que se tendrá que devolver representa solo un 1,6% del total.
Por conceptos, los taxistas son los que más han pagado, con un 28% de la recaudación prevista para todo el año (70.000 euros) y algo más de la mitad de todo lo ingresado por las tasas puestas en suspenso por el Ayuntamiento. Le siguen los que gestionan las hamacas, con un 5% del total anual, previsto en 2.750 euros; los dueños de las terrazas, que han abonado un 0,9% de los 430.000 euros presupuestados para 2021; los empresarios que han abierto negocio pagaron el mismo porcentaje (0,9%) de la cantidad consignada en el presupuesto para todo el ejercicio, que es de 300.000 euros; las empresas aportaron un 0,6% de 1,15 millones por la gestión de sus residuos; y los vendedores del rastro abonaron un 0,2% de los 130.000 euros previstos.
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La congelación de las tasas se formalizó el 19 de junio y no fue la única asistencia que se ofreció desde el Ayuntamiento para ayudar al tejido empresarial a salir de la crisis. En paralelo, se acordó la suspensión del canon que pagan las empresas por realización de su actividad en suelo municipal, donde se incluyen a hoteles como el Santa Catalina, las sociedades alojadas en el Centro de Emprendedores o los complejos deportivos que gestionan infraestructuras de titularidad pública. Con ello, la aportación del Ayuntamiento asciende a cinco millones de euros, si bien no se ofrecen ayudas económicas directas
Estos datos se conocieron en el transcurso de la comisión de Gestión Económico-Financiera, en el que también se presentó el nivel de ejecución presupuestaria del primer trimestre, con un 10,3% del total de ingresos (41 de 396,95 millones de euros previstos) y un 10% de gastos (39,87 de 396,75 millones).
Los trabajadores municipales iniciaron ayer el calendario de movilizaciones contra el abuso de la temporalidad en la administración con una concentración a las puertas de las oficinas municipales. Hasta fin de año, todos los miércoles se concentrarán para pedir la fijeza de 854 laborales indefinidos y funcionarios interinos que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La presidenta del comité de empresa del Consistorio, Jéssica López, aseguró que está esperando que la administración cite a los representantes de los trabajadores para negociar. «El borrador de acuerdo que tenemos encima de la mesa, con un concurso de oposición, no cumple con la normativa europea», dijo, «falta voluntad política».
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