Al banquillo por hacerse con 151.382 euros de una farmacia

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha acusado a Juana Teresa L. P., de un delito continuado de apropiación indebida por haber hecho uso de su trabajo de farmacéutica para quedarse con el dinero de las bonificaciones de los medicamentos. Por esta presunta práctica delictiva, la acusación pública interesa que sea condenada a cuatro años y nueve meses de prisión y el pago de 151.382 euros a los propietarios de la botica en concepto de indemnización, una cuantía que se corresponde a la cantidad supuestamente defraudada.

Este procedimiento será juzgado el próximo jueves día 15, desde las 9.45 horas, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

Según el Ministerio Fiscal, la encausada estuvo trabajando como empleada en la Farmacia Giner Díaz y García Rodríguez, de la capital grancanaria desde 2010 hasta el día de su despido el siete de marzo de 2017.

Para realizar las transacciones comerciales de venta de productos farmacéuticos, se utilizaba una aplicación que requería que cada empleado individualmente introdujera su nombre de usuario y clave de acceso que eran secretas. En cuanto a las ventas de medicamentos bajo receta medica, tanto electrónicas como manuales, el importe a pagar por el cliente era el no subvencionado, que se restaba del precio del coste del producto, que normalmente constituye un tanto por ciento del total del mismo. El abono del resto del coste del medicamento no abonado por los clientes corre a cargo de las aseguradoras, mutualidades o la Seguridad Social.

En las ocasiones en que los clientes acudían a la farmacia sin llevar la receta médica, se les cobraba el importe integro del mismo sin la subvención legalmente establecida, «a expensas de que tras aportar la receta con posterioridad, se procedía a realizarles el abono de las cantidades correspondientes» a la citada subvención antes mencionada, según la Fiscalía. Posteriormente, este montante era abonado a la oficina por el Colegio de Farmacéuticos «previo envío mensual del listado de recetas y su envío material», expone esta parte.

La encausada, desde enero de 2013 hasta el 7 de marzo de 2017 y «mediante dicha dinámica operativa, con el ánimo de obtener un ilícito lucro», utilizó presuntamente su identificación de operadora y su clave de acceso al sistema para «grabar en éste operaciones inexistentes por las que simulaba devolver a un cliente ficticio la parte del precio que supuestamente había depositado y cuyo abono correspondía a la Seguridad Social o a la compañía aseguradora o mutualidad correspondiente», y así «extraía ese importe en efectivo de la caja y lo incorporaba a su patrimonio». De esta forma, evitaba que «existiese un saldo negativo en la caja, dado que no existía en realidad ninguna receta que pudiese dar lugar a devolución alguna».

La encausada «manipulaba informáticamente dicho listado» que se enviaría al Colegio de Farmacéuticos «con la finalidad de hacer desaparecer del mismo dichas operaciones irreales», no generándose «tras proceder a ese borrado diario ninguna distorsión entre con los auténticos listados».

De esta forma, obtuvo supuestamente 151.382 euros por el que los propietarios de la farmacia reclaman.