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El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, aseguró este martes que se ha dado orden de pagar la multa de 30.000 euros que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural impuso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por verter aguas pretratadas, depuradas y salmuera procedentes de la estación depuradora de Barranco Seco.
El primer edil indicó que se ha desistido de la posibilidad de recurrir la resolución de diciembre de 2020 para intentar agilizar los trámites de consecución de un permiso que habilite los vertidos a través del emisario submarino del Teatro.
El 5 de abril de 2018, la ciudad inició un procedimiento ante el Gobierno de Canarias con el objeto de legalizar los vertidos que se venían produciendo a la altura del Teatro desde julio de 2017 sin autorización.
Meses después, seguimos en 2018, el Consistorio procedía a la reparación del emisario submarino gracias a una inversión de 609.000 euros.
«Tuvimos que solicitar a la Autoridad Portuaria que nos cediera la propiedad en su momento, y se tardó un año en hacerlo», explicó este martes el regidor socialista, «se tuvo que hacer un proyecto de reconstrucción porque se había destruido con anclas de barco y tormentas».
Hidalgo recordó que el afluente, el más importante de la ciudad, «tenía permiso, pero cuando lo reparamos y pedimos autorización para hacer lo que se hacía antes, pero ahora con controles ambientales, no se nos concedió permiso».
El Gobierno de Canarias desestimó la solicitud del Consistorio capitalino el 8 de marzo de 2019 por el incumplimiento de la normativa europea sobre la gestión de estos vertidos, que deberían tener un tratamiento secundario antes de ser inyectados en el mar. De acuerdo a estos parámetros, solo se podría verter en caso de lluvia.
«La idea es pedir permiso, que tenga autorización porque al final allí solo se vierte en mojado, cuando hay lluvias importantes, cuando hay reboso», añadió Hidalgo, «estoy a la espera de que se nos den unos informes técnicos sobre esta situación, que tengo entendido que se produce en otros municipios de Canarias y de Gran Canaria, aunque esto no es óbice para que nos den los permisos para algo que se lleva haciendo desde hace tiempo».
El alcalde insistió en que «no es agua residual que llega al mar».
Por su parte, el Partido Popular (PP) emitió este martes una nota de prensa por la que pide explicaciones al alcalde sobre «la ilegalidad que representa estar vertiendo aguas residuales pretratadas a través del emisario submarino del Teatro desde 2017 sin ningún tipo de autorización, después de que el actual grupo de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) dejara vencer el expediente de renovación de la misma que se había empezado a tramitar en el mandato 2011-2015».
El PP capitalino puntualiza que esto «solo es posible» en una alcaldía «completamente pasota», puesto que tras hacerse público que desde 2017 se vierte agua residual sin autorización ambiental, «el máximo responsable del Ayuntamiento no se ha dado por aludido y lo que es peor, prefiere convertirse en comentarista de Eurovisión más que en solucionar algo tan grave».
2,1 kilómetros. Es la distancia que recorre el emisario bajo el mar. Está compuesto por dieciséis bocas difusoras y la salida final de la tubería. Fue construido a principios de los años 90.
El PP municipal recuerda que la ciudad ya ha hecho frente a una primera sanción económica por el incumplimiento medioambiental con los vertidos por el emisario del teatro y está incumpliendo de forma grave la Ley de Costas desde julio de 2017 sin haber sido capaz de corregir esta situación tras cinco años.
«Ninguno de los pilares que debe sustentar una agenda urbana sostenible han sido abordado por el PSOE en sus largos ocho años de desgobierno», afirma el PP, «ni en materia de aguas, ni de energía, ni residuos, ni arbolado, ni ruidos, ni tráfico...».
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