El Ayuntamiento ha pagado 815.181 euros por el mantenimiento de sus cuentas en los bancos

El primer expediente aprobado fue el del pago de las comisiones a los bancos. A día de hoy, el Ayuntamiento ha pagado 815.181,16 euros por este concepto y ahora se hace un ajuste contable de 1,2 millones. A partir de este momento, salvo alguna comisión pendiente, no se cobrará más, según expuso el coordinador general de Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda.

El punto del orden del día salió adelante con los votos a favor de 26 de los 29 corporativos.

La urgencia en la celebración del pleno fue justificada por el coordinador general de Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda, en «la necesidad de cumplir con las obligaciones y la perentoriedad de los plazos», ya que al suponer una alteración de los remanentes requiere una tramitación larga. Todos los partidos votaron a favor de su inclusión urgente excepto la concejala no adscrita Carmen Guerra, que se abstuvo.

El segundo asunto fue el plus de 60.000 euros para Casa África. Aquí, se justificó el aumento por la necesidad de cumplir con el compromiso de aumentar su participación.

La portavoz del PP, Pepa Luzardo, explicó que de los algo más de dos millones de euros que tiene de presupuesto el organismo, solo en gastos de personal son 1,3 millones de euros y en programación 431.000 euros. Tanto ella como el portavoz de CC, Francis Candil, preguntaron si el resto de las instituciones también aumentaron su aportación al consorcio.

El alcalde, Augusto Hidalgo, les respondió que en 2008 hubo un recorte importante con la crisis económica y que la idea era volver a la situación inicial. Sin embargo, el año pasado se tramitó el incremento acordado tanto por Canarias como por la ciudad, pero no así el Estado. «Hemos reclamado al ministerio de Asuntos Exteriores que iguale el porcentaje porque Casa África está viviendo de los remanentes que generó antes de la crisis. La apuesta por que Casa África siga existiendo en Las Palmas de Gran Canaria es importante desde el punto de vista cultural y de relaciones. Vamos a seguir reivindicando al Ministerio de Asuntos Exteriores porque su porcentaje se ha reducido debido al aumento del nuestro», expuso.

Luzardo propuso aprovechar la negociación de los presupuestos generales del Estado para presentar una enmienda en el sentido de aumentar la aportación estatal a Casa África, así como incluir al Cabildo de Gran Canaria en el consorcio.

La concejala no adscrita Carmen Guerra hizo una «crítica moral» por subvencionar con casi 300.000 euros a Casa África cuando el Banco de Alimentos, con 25.000 usuarios, recibe del Ayuntamiento 20.000 euros. «Ni a un euro por usuario», lamentó. Dentro de los expedientes económicos y teniendo en cuenta los informes de pobreza extrema, tendríamos que hablar de una subvención directa al Banco de Alimentos», añadió. La aportación fue aprobada finalmente con la abstención del PP y el voto en contra de Carmen Guerra.

El tercer punto fue el referido al pago a Go Fit en cumplimiento de una sentencia judicial por la descontaminación del suelo que hubo que acometer en el solar que antes ocupaba la central térmica de La Cícer. El gasto lo asumió la empresa y ahora hay que pagarle 783.066 euros. En este caso, todos los votantes respaldaron la operación.

El siguiente asunto fue el pago de casi 83.000 euros por una sentencia, pero no se hará con cargo a remanentes, sino de la partida de inversiones de Vías y Obras. El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, denunció que el contrato está vencido desde 2018 y que «se paga tarde y mal». El edil dijo que este lunes se pagaban tres millones de euros en intereses de demora. «¿Qué van a hacer en estos siete meses para pagar en tiempo y forma y que los contratos vencidos salgan?», preguntó, «no hay forma humana de justificar esto, agilicen los pagos porque genera un daño al tejido económico de la ciudad y hace que perdamos recursos públicos en intereses de demora».

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, le respondió que el pago de los intereses de demora se deben a la empresa que prestaba el servicio en el mandato del PP. «Empezamos a mirar la facturación y no estábamos de acuerdo, lo que los llevó a demandar y les han dado la razón», expuso, «la empresa dejó de trabajar con nosotros porque cuando llegamos decidieron que ya no les era rentable». Y añadió que está pendiente de publicarse el nuevo contrato. El punto del orden del día fue aprobado por todos los concejales.

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Sí se pagará con cargo a remanentes el algo más de medio millón de euros para la compra de mobiliario del Auditorio. Esta cantidad supone culminar la aportación municipal, que se estimó en unos 750.0000 euros.

Este punto no generó debate y fue aprobado con el respaldo de todos los concejales, salvo la abstención de Carmen Guerra.

El último asunto puesto sobre la mesa fue el del pago de 2,85 millones de euros a Emalsa en virtud de otra sentencia. También son intereses de demora.

Sabroso recordó que solo en tramitación hay una deuda acumulada con Emalsa de 31,5 millones de euros. «La deuda es mucho mayor», advirtió el concejal, quien recordó los anuncios del pacto verde local o el plan de infraestructuras. «No se ha hecho nada», denunció.

«En julio de 2019 llegó la sentencia firme y, en diciembre, el Ayuntamiento pagó todo menos los intereses de demora, que eran 1,3 millones», explicó, «ahora pagamos más del doble, 2,85 millones». Sabroso asegura que esto se debe a que el servicio de Aguas está desmantelado y no puede ni tramitar las facturas.

Francis Candil insistió en la gran cantidad de dinero que se paga por intereses de demora. «Podíamos haber pagado mucho menos que lo que hacemos hoy», dijo, «es difícil explicar al ciudadano que pagamos más de 15 millones en intereses de demora, es injustificable esta sangría de millones de euros con las cosas que hay que hacer en la ciudad».

Por su parte, Inmaculada Medina relató que en 2012, con el PP de Juan José Cardona, el Ayuntamiento decidió dejar de abonar las facturas y creó una comisión de expertos para iniciar una intervención en marzo de 2014. «Ahora salen en defensa de Emalsa cuando decían entonces que nos robaba», expuso.

La edila explicó que se intentó adelantar el pago para evitar el aumento de los intereses de demora pero que una denuncia de Beatriz Correas frenó la operación «Estamos pagando lo que se debía haber pagado y que no se pudo porque está todo judicializado», sentenció.

Correas, por su lado, se defendió diciendo que la denuncia se había planteado porque no estaba justificada una parte del pago.

Al final el expediente contó con el apoyo de la mayoría de los corporativos.