El Ayuntamiento no autoriza el reparto de alimentos previsto este lunes en la Casa del Migrante
La presidenta en Canarias de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados denuncia las trabas que se ponen a su labor
R. DÍAZ
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 29 de diciembre 2020, 00:00
La presidenta en Canarias de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, Isabel Alfaro, denunció este lunes la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de impedir el reparto de alimentos que esta entidad tenía previsto realizar en la sede de la Casa del Migrante, en el Barranquillo de Don Zoilo, como aseguró ha venido haciendo cada mes de forma regular desde que en agosto se les permitió reabrir el espacio solo para ese fin, tras el cierre decretado por la pandemia en marzo.
Alfaro criticó «la falta de humanidad» mostrada por los responsables de la entidad local, ya que afirma que son «230 familias» de inmigrantes con dificultades las que han venido atendiendo en estos meses en ese espacio de titularidad municipal, «y justo ahora nos piden otros requisitos diferentes para realizar ese reparto y nos dicen que la Casa del Migrante no está en condiciones».
La portavoz de la federación en Canarias apuntó que «el mes pasado hicimos el reparto ahí» y que desde entonces las circunstancias de ese espacio no han variado.
Además, recordó que estas dependencias obtuvieron en su día la aprobación del Banco de Alimentos, entidad que «supervisa» si los espacios en los que se van a repartir los productos «reúnen condiciones» y que «hace dos años nos dio el visto bueno».
Alfaro explicó que la negativa del Ayuntamiento capitalino a que la asociación pudiera en esta ocasión afrontar este reparto como en citas anteriores, sin ofrecerles una alternativa, les obligó a buscar un espacio de forma urgente para que las familias no se quedaran sin su comida. «Tuvimos que alquilar un salón grande en Cruz de Piedra alta para repartir, y estamos dando alimentos desde la una de la tarde», expuso este lunes.
Indicó, además, que esta situación supone «un perjuicio muy grande para toda la población inmigrante» y recalcó que todos sus beneficiarios han sido valorados por un asistente social.