La Audiencia Provincial reabre el caso del crimen de los dos ancianos de Guanarteme

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir el caso del doble crimen de Antonio Quesada y Ana María Artiles, el matrimonio que desapareció en 2012 en el barrio de Guanarteme y cuyos cadáveres fueron hallados cinco años después en el barranco de Las Vacas.

En un auto conocido este viernes, el Tribunal estima el recurso interpuesto por los familiares de los dos ancianos contra el auto del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que en junio de 2023 ordenó el sobreseimiento provisional de la causa y su archivo.

Los magistrados de la Audiencia entienden que hay «indicios racionales de criminalidad» contra el único investigado en esta causa, Rogelio S.T., quien fuera subdirector de la sucursal bancaria que utilizaban los dos ancianos asesinados y a quienes llevaba las cuentas. «Discrepamos de las conclusiones alcanzadas, ya que los datos objetivos valorados denotan la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el investigado, y no de un único indicio ni de meras sospechas», recoge el auto.

Los magistrados reconocen las dificultades que ha soportado la investigación del caso, en especial por el tiempo que medió entre la desaparición de Antonio Quesada y Ana María Artiles, y el descubrimiento de sus cadáveres, más de cinco años después.

Esto se tradujo en que algunas líneas de investigación, como la detección de restos biológicos de los fallecidos en el vehículo del investigado, o la localización de «posibles efectos o instrumentos de los delitos» en su poder, se agotaran. A ello se añade la dificultad de que «no existen testigos directos de la desaparición y causación de la muerte».

Por eso, la Audiencia reconoce que «no existe un indicio cualificado que por sí solo permita sostener el ejercicio de la acción penal y, en su caso, una eventual condena».

Pero aún así, los magistrados entienden que estas dificultades no pueden frenar la investigación, como concluyó el Juzgado de Instrucción 7, porque «apreciamos la existencia de varios indicios contra el investigado que, partiendo de hechos bases acreditados y enlazados a ellos, a través de un proceso deductivo, racional y lógico, permitirían sostener el ejercicio de la acción penal en base a prueba indiciaria, indirecta, circunstancial, de presunciones o inferencias».

Pues fundamentalmente dos: en primer lugar, que el investigado fue la última persona conocida a la que se vio con los dos ancianos en la tarde a su desaparición, el 6 de marzo de 2012; y, en segundo término, que los cadáveres de Antonio Quesada y Ana María Artiles fueron hallados el 20 de agosto de 2017 en el barranco de Las Vacas, cuya cobertura telefónica está garantizada por la antena del Alto de la Montaña de Agüimes, que precisamente permitió al investigado realizar una llamada a su esposa en la noche en la que desaparecieron los dos ancianos de Guanarteme.

Además, los análisis forenses permitieron detectar en los dos esqueletos «múltiples fracturas craneales y mandibulares además de otras fracturas postcraneales, por lo que se considera que la causa fundamental de la muerte en ambos casos ha sido traumatismo craneoencefálico severo». Pero lo que es más importante en este sentido es que la fecha de la muerte se estima compatible con el momento de su desaparición, en marzo de 2012.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial ordena al Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria que reabra la causa. En esta instancia judicial, por tanto, se tendrá que decidir si se toma declaración a un amigo de Antonio Quesada que creía ser el albacea de sus bienes y tutor legal del hijo del matrimonio, que presenta una discapacidad de un 78%. La familia entiende que su testimonio puede ser clave, sin descartar su posible participación en los hechos por motivos económicos, sobre todo después de las contradicciones en que incurrió en la toma de declaraciones. Se sabe que este amigo tomó café con los dos ancianos asesinados en la misma tarde de su desaparición, momentos antes de que se dirigieran al banco para encontrarse con el investigado Rogelio S.T.

También se tendrá que resolver la petición de declaración de otra testigo, así como permitir a la familia acceder a determinados tomos del sumario y a algunos archivos, como el relativo a la herida en la cabeza que presentaba el investigado o la fotografía de unos zapatos de señora iguales a los que llevaba la mujer asesinada el día en que desapareció y que no fueron hallados junto al cadáver.

Asimismo, se deberá evaluar la solicitud de personación en la causa de dos nietas de los ancianos y las peticiones de realización de una pericial caligráfica del investigado; de un informe antropológico privado para determinar la data exacta de la muerte; y de una pericial psicológica forense de las víctimas para acreditar el daño cronificado sufrido.

El auto de la Audiencia Provincial hace también un repaso de los hechos en torno a las últimas horas en las que se vio con vida a Antonio Quesada y a Ana María Artiles en su barrio de Guanarteme. Así, aproximadamente media hora después de tomar café con el amigo al que la familia llama a declarar ante el juez, la pareja de ancianos -76 años él y 74, ella- se dirige a su banco de confianza, donde se ven con el investigado.

Ese encuentro en la sucursal bancaria se produce fuera del horario de funcionamiento de la entidad crediticia y bastante tiempo después de que cerrara.

De acuerdo al relato de los hechos, el investigado recibe a los ancianos «a solas, sin que hubiesen en la sucursal otros clientes» o empleados. Y luego salen de las oficinas: primero la pareja, que toma asiento en la calle, cerca del banco; y menos de dos minutos después, el investigado.

Cuando éste pasa a su altura, los dos ancianos se levantan y lo siguen, aunque ya no se sabe a dónde. El auto señala que el investigado «parece hacer uso de un teléfono móvil a una hora que no coincide con ninguna de las comunicaciones registradas a través de su número de abonado». Por eso, se entiende que el investigado «aparentaba que estaba hablando por el teléfono móvil, y, dadas las circunstancias concurrentes, no es descartable que lo hiciese para que (los dos ancianos) por educación y respeto, mantuviesen una distancia prudencial, para que, de esta forma, no se viese que iban juntos».

La familia de los dos ancianos entiende que ellos se subieron en el coche del investigado, aunque nunca se pudo encontrar evidencias biológicas de ello por el tiempo que se tardó (más de cinco años) en encontrar los cuerpos. «El examen de las llamadas telefónicas del investigado el día 6 de marzo, unida a la geolocalización de su teléfono móvil acredita la existencia de un trayecto que se inicia en la calle donde se encuentra la sucursal bancaria, en torno a las 18.33 horas, continuando por la GC-3 sobre las 18.49 horas para, más tarde, sobre las 19.34 horas situarse en una zona próxima a Arinaga, lugar donde realiza una llamada telefónica a su mujer sobre las 20.44 horas en una ubicación próxima a Agüimes y la antena situada en la Montaña de Agüimes, que es la que da cobertura a la zona donde aparecieron enterrados (Antonio y Ana María), por lo que no hay duda de que ese día don Jose Daniel se encontraba en ese lugar, a muchos kilómetros de distancia de su domicilio y de su lugar de trabajo», recopila el auto de la Audiencia.

El documento recuerda que el Ministerio Público consideró como indicio que el vehículo del investigado «hiciera el mismo recorrido hacia el lugar donde el matrimonio aparece enterrado».

En las relaciones entre los ancianos y el exbanquero (que fue despedido «en noviembre de 2012 como consecuencia de las prácticas financieras ilícitas con personas del mismo perfil del matrimonio, mayores y jubilados a los que recibía por las tardes fuera de los horarios propios de los bancos») se entiende que hay un móvil económico, un argumento que toma como base la retirada de 78.400 euros de la cuenta de la pareja.

«El carácter dubitado de la firma de don Antonio en la retirada de 78.400 euros y el hecho de que don Rogelio se encargara personalmente de la cuenta del matrimonio, es un indicio más que notable de que el investigado lo retirara», recoge el auto de la Audiencia Provincial, que también se hace eco del hecho de las dificultades económicas que atravesaba el investigado. «Tenía una difícil situación económica y un nivel de vida que no era acorde con esa situación: (...) tenía al descubierto con frecuencia su cuenta», detalla el texto.

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