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Rogelio, Antonio y Ana María fueron captados por unas cámaras de vigilancia.
La familia recurre ante la Audiencia Provincial el archivo de la causa

Doble crimen de Guanarteme

La familia recurre ante la Audiencia Provincial el archivo de la causa

La abogada de la acusación particular se queja de lo que considera una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 2 de diciembre 2023, 23:46

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La familia de Antonio Quesada y Ana María Artiles, el matrimonio que desapareció en 2012 en el barrio de Guanarteme y cuyos cadáveres fueron posteriormente hallados en el barranco de Las Vacas, continúa su lucha para que la justicia encuentre pruebas suficientes que permitan llevar a juicio a la persona responsable de la muerte de esta pareja.

Ahora, el escenario ha cambiado radicalmente puesto que el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto de sobreseimiento provisional de la causa -su archivo- a instancias del Ministerio Fiscal al no haber encontrado pruebas de cargo suficientes como para llevar a juicio a Rogelio S.T., el banquero que llevaba las cuentas de los fallecidos y que es el principal sospechoso del crimen. Tras conocer el auto, la letrada de la familia del matrimonio, Patricia Catalina López, recurrió en reforma este archivo ante el propio órgano instructor, que rechazó los argumentos esgrimidos por esta parte. La última bala ya ha salido de la recámara de la acusación particular, puesto que apelaron a la Audiencia Provincial de Las Palmas, que será ahora quien decida si sigue adelante con la investigación o sobresee la causa de forma provisional.

Para contextualizar la estrategia llevada a cabo por la letrada, hay que remontarse al pasado mes de junio, cuando el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca dictó el auto de sobreseimiento. En el mismo, detalló «las diversas líneas de investigación seguidas» por los agentes de Homicidios se habían «agotado» y que carecían de «las fuentes de prueba suficientes» para «sostener una acusación contra Rogelio S.T.

En este sentido, remarca el instructor que hay «dos hechos esenciales» sobre los que gira la causa. Uno es la desaparición del matrimonio la tarde del 6 de marzo de 2012, «tras haber estado sobre las 18.11 horas despachando» con el investigado en el interior de la sucursal del Banco Santander donde éste trabajaba. Salieron de la oficina a las 18.32 horas tras permanecer unos 21 minutos en su interior y esperaron sentados en un banco a la altura de la pastelería Borecca a que Rogelio cerrara la sucursal. Cuando abandonó el local, los tres fueron caminando por la calle Simancas hasta que se perdió el rastro de los tres cerca de La Garriga que hay cercana a la Plaza del Pilar.

El auto dice que la única «explicación lógica» acerca de que no hubiesen testigos que vieran a las tres personas y notaran algo extraño, es que «el matrimonio subió a un vehículo, con toda la normalidad del mundo, sin llamar la atención» y quien «manejaba el vehículo era una persona de confianza, de su círculo íntimo o cuando menos cercano».

Documentación de las víctimas que hallaron junto a sus cuerpos.
Documentación de las víctimas que hallaron junto a sus cuerpos. C7

La otra cuestión de interés para el instructor hace referencia al «altamente probable móvil, que no es otro que el económico». En este sentido, le consta una operación de fecha 1 de abril de 2009, donde parece que Antonio Quesada retiró 78.400 euros, siendo el operador bancario el investigado Rogelio.

Esa tarde del 6 de marzo, Rogelio recibió una llamada de su mujer sobre las 19.34 horas cuando el móvil de éste estaba bajo la cobertura de la antena de la montaña de San Francisco (Arinaga). Una hora y nueve minutos después, el investigado llamó a su esposa bajo la cobertura de la antena de la Montaña de Agüimes, que igualmente ofrece cobertura al Barranco de la Vacas «donde fueron encontrados los restos de Antonio y Ana María», lo que «ciertamente sitúa a Rogelio por el paraje la tarde-noche del 6 de marzo».

Un dato que «no ha sido negado» por esta persona que «siempre mantuvo una versión al respecto, si bien rocambolesca, con contradicciones, y faltando a la verdad en algunos extremos, coherente con el hecho de una avería en el vehículo -que existió- y su retirada por una grúa sobre las 21.18 horas» en la zona de Jinámar. Una tesis que «no deja de ser pintoresca», pero que a juicio del magistrado, son meras sospechas e indicios sin la suficiente solidez.

«Llegados a este punto», detalla el auto, «nos encontramos ante una situación donde no existen fuentes de la prueba directas y, por tanto, hemos de acudir a las presunciones, como expediente lógico deductivo a fin de introducir los indicios como elementos probatorios».

Protesta

Contra este auto que la abogada Patricia Catalina López calificó de «lesivo», formuló un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el que expuso que a su juicio, se había cometido una vulneración clara del derecho a la tutela judicial efectiva.

Argumentó que la entrada y registro en el domicilio del investigado y el análisis de su vehículo se llevó a cabo «seis años después» del crimen, por lo que era lógico que los agentes no encontraran pruebas. También alega que la instrucción no fue incisiva a la hora de esclarecer si el banquero falsificó la firma del matrimonio con una pericial caligráfica cuando sacaron los 78.400 euros de su cuenta, teniendo en cuenta además de que el investigado ya había tenido problemas similares con otros jubilados a los que atendía fuera del horario de oficina. Todo ello para argumentar el presunto móvil económico del crimen.

«Teniendo en cuenta las prácticas financieras» del investigado, alega la abogada, Antonio se dio «cuenta del engaño» que sufrió a manos de su banquero y por eso fue al banco Santander «a reclamar el falso producto financiero y por este motivo y para no ser descubierto [...] pudo acabar con la vida de los entonces sus clientes», destaca.

La letrada insiste en su recurso -que ahora tendrá que estudiar la Audiencia Provincial, con la magistrada Eugenia Cabello como ponente-, que la instrucción no atendió a su petición de citar al investigado para que prestara declaración junto a una serie más de testigos.

También que no le dieron traslado de una serie de fotografías que encontraron en los dispositivos de Rogelio. En una de ellas, sostiene que se ve «una herida en la cabeza del investigado» que pudo sufrir «en un intento defensivo ante el ataque» que dio lugar al fallecimiento del matrimonio. En otra, se aprecian -incide esta parte- «unos zapatos exactamente iguales que usaba Ana María y que no aparecieron entre sus enseres una vez desaparecieron».

Por último y entre otros argumentos más, el recurso insiste en que «Rogelio S.T. estaba allí», en referencia al lugar donde se encontraron los cadáveres en el barranco de Las Vacas como así se determinó tras el análisis de la geolocalización del móvil del investigado. «No era un lugar de paso», determina. «En el año en que desaparecieron» era un lugar «desconocido excepto para los lugareños. Un lugar inhóspito y apartado donde, sin ningún genero de dudas, hay que ir expresamente, por una carretera llena de subidas y curvas y por donde difícilmente un 'coche recalentado'», según alegó el banquero, «podría circular hacia ningún taller».

Ahora, la Audiencia Provincial tendrá que pronunciarse sobre este archivo -provisional que se puede reabrir en caso de que se hallen nuevas pruebas- de un caso que conmocionó a la sociedad de las islas.

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